La juez de Ejecución Penal María Lidia Wyder dispuso la captura a nivel nacional del exdiputado colorado Miguel Cuevas, luego de que la condena de cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito quedara firme tras el rechazo de un recurso extraordinario de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia. El exlegislador no pudo justificar G. 1.934 millones de diferencia entre sus ingresos y egresos durante el periodo comprendido entre 2009 y 2019.
La Justicia ordenó la captura nacional del exdiputado Miguel Cuevas (ANR), con el objetivo de que cumpla la pena de cinco años de prisión que le fue impuesta por enriquecimiento ilícito. La disposición fue emitida por el Juzgado Penal de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N.º 2, a cargo de la jueza María Lidia Wyder.
La magistrada levantó la libertad ambulatoria del exparlamentario y ordenó a las autoridades policiales proceder a su detención en cualquier punto del territorio nacional. La medida se produce luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso extraordinario de casación presentado por la defensa, dejando firme la sentencia condenatoria en octubre pasado.
Una vez detenido, Cuevas deberá ser remitido a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, que tendrá a su cargo su traslado a una penitenciaría que disponga de espacio e infraestructura adecuados para su reclusión. El exdiputado permanecerá a disposición del juzgado y en libre comunicación.
La resolución también establece que las autoridades penitenciarias deberán informar la fecha exacta de su detención. Ese dato será utilizado para realizar el cómputo de la condena y establecer los plazos en los que podrá solicitar beneficios penitenciarios, como salidas transitorias y libertad condicional, así como la fecha de cumplimiento total de la pena.
Una diferencia patrimonial de G. 1.934 millones
Miguel Cuevas fue condenado en fecha 15 de septiembre del año 2023 por la comisión del hecho punible de enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el origen de G. 1.934.000.000, correspondientes a la diferencia entre sus ingresos y egresos durante el periodo investigado.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, el exparlamentario acumuló ese patrimonio entre los años 2009 y 2019, pero no logró demostrar que los recursos tuvieran un origen ilícito y compatible con sus ingresos declarados. Además de la pena privativa de libertad, la sentencia dispuso el comiso de sus bienes vinculados al enriquecimiento ilícito.
La condena había quedado pendiente de firmeza debido a las acciones judiciales promovidas por la defensa. Sin embargo, el reciente rechazo de la casación por parte de la Corte Suprema cerró esa instancia y habilitó la ejecución de la sanción.
