La posibilidad de alcanzar el grado de inversión de parte de otra calificadora internacional de riesgo dependerá de una correcta administración política y económica que consolide el ámbito fiscal, y con instituciones judiciales más fuertes, según Standard & Poor’s.
En la foto Néstor Loizaga, Manuel Riera Escudero, Diego Zavala y Pablo Díaz.
La presentación de Carolina Caballero, directora asociada de S&P fue en el marco de la iniciativa Compromiso por la prosperidad Summit, evento que permitió a los expositores reflexionar y debatir sobre la importancia de la seguridad jurídica para el desarrollo económico del país.
Con una tendencia estable y un balance de riesgos equilibrado, el próximo nivel al que podría llegar Paraguay en torno a la nota soberana, de parte de la calificadora Standard & Poor’s (S&P), es el grado de inversión; pero para ello se debe trabajar en cuestiones como la institucionalidad, emulando los ejemplos del Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en otras entidades estatales, además de no descuidar los logros ya obtenidos en materia de estabilidad macroeconómica, e ir avanzando en instituciones judiciales más fuertes.
Así lo resumió en su presentación Carolina Caballero, directora asociada de S&P, quien perfiló dos posibles escenarios: uno positivo, en el que podría subir la calificación soberana durante los próximos 24 meses, y otro negativo, que obligará a bajar la nota durante los próximos 12 a 18 meses.
Para el primero, debe existir una administración política y económica eficaz, consolidando de manera sostenible el ámbito fiscal, en medio de un continuo fortalecimiento de las instituciones políticas y económicas. Pero -en contrapartida- podría darse un crecimiento más lento de lo previsto, por mayor frecuencia de shocks externos y climáticos, lo que reducirá el potencial de crecimiento y debilitará el compromiso del gobierno en la consolidación fiscal. “Esto podría debilitar la economía e incrementar la carga de la deuda”, sostuvo.
Caballero recordó que el nivel de calificación de Paraguay está hoy por encima del de Brasil, y al mismo nivel de Colombia. A partir de la suba en la nota, que fue en febrero de este año, se mantiene estable, a pesar de los efectos de la pandemia y la sequía. Mientras que algunas consideraciones señaladas al país son seguir profundizando el mercado de capitales, el crecimiento del crédito, e intentar el cumplimiento de la regla fiscal, que no es una vulnerabilidad clave, pero que experimentó un deterioro en los últimos años.
Prosperidad
Maricel Ibañez, past president de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (Amcham) y presidenta de la Comisión de Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), dijo en su ponencia que desde el principio ambas instituciones nombradas se sumaron a la idea de Compromiso con la Prosperidad, “porque entendemos que la legalidad y la lucha contra la corrupción son temas que nos involucran a todos. Como sector privado y miembros de la sociedad civil tenemos la obligación de involucrarnos”, destacó.
Para Liz Cramer, Presidenta Ejecutiva de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), el sistema financiero es una arteria por donde pasa parte de la economía, con controles preventivos y más trazabilidad que otros sectores. Enfatizó igualmente en que a mayor inclusión financiera y mayor tecnología en los procesos, habrá mayor transparencia. “La cultura de la legalidad tiene su ventaja en el acceso de la gente al crédito, mediante la formalidad, ya que la informalidad es una gran barrera”, destacó.
Por su parte, Sonia Gennero, de Sancor Seguros y miembro del Advisory Group de Alliance for Integrity en Paraguay, manifestó que la estrategia de sustentabilidad de la compañía que representa se encuentra basada en el crecimiento social y ambiental. “Una de las estrategias es rendir cuentas de lo que hacemos en la lucha contra la corrupción”, mencionó en el evento.
Desde la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC), su titular, Enzo Mannarini, destacó que cuanta mayor seguridad jurídica exista, mayores inversiones y mejor calidad de vida habrá en el entorno.
“Venimos trabajando con el proyecto Compromiso con la Prosperidad hace unos meses, y nos dimos cuenta de que las acciones del Gobierno deben ser controladas por la sociedad civil y el sector privado, que deben hacer mucho más para fortalecer la democracia; es momento de tener más participación y rol protagónico, generando mesas de trabajo, sinergias y objetivos en común, no sencillamente esperar a que los demás decidan”, propuso.
Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), remarcó a su turno que el sector privado está interesado en las posibilidades que abre el grado de inversión, para lo cual se necesita fortalecer más la lucha contra la corrupción y la impunidad. Agregó que el compromiso con la consolidación de un entorno institucional y social robusto -que contenga embates y genere mejores frenos y contrapesos- es para consolidar el grado de inversión; y ese es un compromiso con la prosperidad del Paraguay.
Desarrollo dinámico y sostenible
Autoridades de organismos multilaterales aportaron su visión en torno al debate: Jorge Srur, Gerente Regional Sur y representante en Paraguay del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), aseguró que Paraguay tiene casi todo para consolidarse, con el desarrollo más dinámico y sostenible de la región; mientras que las instituciones son clave para el gran salto, de acuerdo con su visión.
Citó además al autor James Robinson, quien había destacado que para preservar el progreso en materia de desarrollo y pobreza, construir instituciones más inclusivas es el mejor antídoto frente a sus principales amenazas.
En tanto que Alejandro Pareja, Especialista Senior en Gestión Pública y Transformación Digital de la División Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aseveró que, en el largo plazo, la formación de capital humano y la fortaleza institucional son determinantes fundamentales del crecimiento.
Seguridad jurídica
Entre los desafíos y oportunidades en materia jurídica desde una perspectiva no estatal, el reconocido abogado Manuel Riera Escudero, aportó que la mayor debilidad en el proceso actual está centrada en la seguridad jurídica, con una calificación directamente baja.
¿Cosechar y sembrar en el campo, protegido por la Policía, es seguridad jurídica?”, preguntó a los presentes, y agregó que hay amenazas muy serias en torno a esta materia, al tiempo de existir leyes que son mortales para la libertad.
Respecto del grado de inversión, su colega Diego Zavala refirió que se trata apenas del primer escalón para el país, ubicado aún en el umbral y con una sociedad civil que no debe caer en el discurso triunfalista ni relajar los controles, ya que hay mucho camino aún por recorrer.
Néstor Loizaga brindó una visión dualista, reconociendo por un lado las reglas locales en el sistema de leyes que siguen fomentando la inversión, en materia laboral, etc., que se mantienen en el tiempo y no cambian según las tendencias jurídicas. “Se sigue generando inversión mediante Maquila o la Ley 90/60”, destacó.
Pero, por otro lado, en cuanto a los desafíos puntualizó que aún existe mucha burocracia para comenzar un negocio, que lleva al inversor a esperar 45 a 60 días para empezar a operativizar sus procesos; mientras que la digitalización en los servicios del Estado es aún tarea pendiente y deficitaria en la gestión de documentaciones.
Finalmente, en el panel sobre seguridad jurídica para el desarrollo han disertado Roberto Moreno, ministro Asesor Jurídico de Presidencia; Liliana Alcaraz, ministra de la Seprelad y Presidenta Pro Tempore del Gafilat y Clara Susana Aquino, directora general de Integridad Pública y Transparencia de la Contraloría General de la República.
Moreno refirió -respecto de la teoría de la seguridad jurídica- que la misma tiene tres grandes defectos: la no conducibilidad del derecho (hay demasiadas normas), la no confiabilidad del derecho (se tiene la regla, pero sin saber si mañana seguirá siendo aplicada) y la no calculabilidad del derecho (no saber lo que va a pasar mañana).
“Así, podemos plantear de manera clara que el problema no es tanto legal -en lo atinente a seguridad jurídica- sino cultural; tiene que ver con la forma en que se aplican las leyes. Por eso necesitamos instituciones fuertes para que las normas sean conducibles, confiables y calculables”, sintetizó al tiempo de definir que es difícil encontrar una norma que diga taxativamente que debe haber seguridad jurídica.
Para Liliana Alcaraz, es fundamental por su parte la colaboración interinstitucional en el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, con roles de los sectores público y privado.
Recordó que Paraguay fue evaluado recientemente y logró un nivel moderado, por lo que se precisan acciones y se continuará bajo observación desde el Gafilat. “El presidente Peña actualizó un plan de acción donde cada institución tiene acciones para cumplir”, indicó.
Y, por último, Clara Susana Aquino dijo que los paradigmas de la entidad se transformaron en su rol de fiscalizador superior, y en su trabajo misional como estrategia para prevenir la corrupción.
