El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca viene marcado por dos grandes líneas de actuación: la guerra arancelaria y la ofensiva contra la inmigración.
La primera busca reforzar el papel hegemónico de Estados Unidos respecto al resto del mundo, aunque sea a costa de abrir un frente de consecuencias económicas impredecibles. La segunda, complacer a un electorado al que se ha ganado con su retórica populista sobre una ‘invasión extranjera’ que, entre otras cosas, afecta a los empleos de los estadounidenses.
Ninguna de las dos estrategias es nueva: Trump ya las aplicó en su primera legislatura, entre 2016 y 2020, y su sucesor, Joe Biden, también la esgrimió. Eso sí, ahora el republicano promete convertirlas en una ofensiva sin precedentes. Pero el escenario actual es muy diferente al de hace cinco años y el ‘veto’ a la mano de obra migrante amenaza con provocar un ‘agujero’ inédito en el empleo y hundir la competitividad laboral de la primera economía del mundo. De hecho, en la agricultura ya empieza a ocurrir.
El principal cambio que pretende traer Trump con respecto a la administración anterior es el impulso a las deportaciones. En su discurso de investidura, insistió en que «devolver a millones y millones de extranjeros criminales a sus lugares de origen» era un elemento central de su política de inmigración, e incluso invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 -utilizada anteriormente sólo en tiempos de guerra- para ampliar sus poderes. Ya han comenzado las redadas del Servicio de Inmigración contra personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional.
En declaraciones a FOX News, el zar de fronteras Tom Homan ha sugerido que los 700.000 inmigrantes indocumentados con órdenes finales de expulsión serían los siguientes en la lista. Algunos analistas, como los de Capital Economics, ven plausible que se alcance una cota de 500.000 deportaciones al año. Unas cifras que harían que el crecimiento de la población activa de EEUU se desplomara hasta casi cero en los próximos años, desde casi el 2% en 2022 y 2023.
Una trampa para la agricultura
En un país donde la agricultura depende en gran medida de la mano de obra migrante, las recientes promesas de deportaciones masivas y el endurecimiento de las políticas comerciales amenazan con desestabilizar uno de los pilares fundamentales de la economía estadounidense: el suministro de alimentos. Como advierte un análisis publicado en Harvard Business Review, las medidas anunciadas por la administración de Donald Trump podrían elevar drásticamente los costos laborales y transformar productos básicos como las fresas o los arándanos en artículos de lujo, inaccesibles para buena parte de la población.
El problema radica en que, según datos del Departamento de Trabajo de EEUU, el 61% de los trabajadores agrícolas en el país son inmigrantes, de los cuales el 42% no cuenta con autorización legal para trabajar. Este sector no solo depende de la mano de obra extranjera, sino que además enfrenta un déficit de trabajadores que los ciudadanos estadounidenses no han podido ni querido suplir. «Muchos de estos inmigrantes llevan décadas trabajando en el campo, hablan inglés y tienen habilidades técnicas esenciales», señala un productor californiano entrevistado por Harvard Business Review.
El programa de visados H-2A, diseñado para atraer trabajadores temporales al sector agrícola, ha crecido un 300% en la última década, pero sigue siendo insuficiente. Los costes asociados con estos visados son un 57% superiores al salario mínimo estatal en muchos estados, además de que los agricultores deben ofrecer alojamiento y alimentación. Según el informe, la burocracia del sistema es otro obstáculo: «Los agricultores han llegado a perder hasta 300.000 dólares esperando trabajadores que nunca llegan, dejando cosechas enteras sin recoger».
Una escasez de mano de obra general
Más allá del impacto en el campo, la economía estadounidense enfrenta una escasez de mano de obra generalizada. En el medio oeste del país, la edad media de los trabajadores agrícolas ha aumentado de 51 a 56 años en apenas una década, reduciendo aún más la oferta de trabajadores. A pesar del discurso de que los inmigrantes «quitan empleos» a los estadounidenses, la realidad es que solo uno de cada veinte ciudadanos acepta este tipo de trabajos, y la mayoría renuncia a los pocos días.
La alternativa más obvia para cubrir la creciente demanda de productos agrícolas es importar más alimentos, pero esto también tiene sus propios desafíos. Desde el año 2000, la participación de productos importados en el mercado estadounidense ha crecido drásticamente, y hoy más de 55% de las frutas frescas consumidas en EEUU provienen del extranjero. En 2022, México y Canadá abastecieron el 71% de las frutas y hortalizas importadas. Las medidas proteccionistas anunciadas por Trump, como los aranceles del 25% sobre importaciones mexicanas y canadienses, encarecerán aún más estos productos, alimentando la presión inflacionaria.
Importar trabajadores o productos
El riesgo de un doble golpe económico es cada vez más evidente. Por un lado, la deportación masiva reduciría drásticamente la oferta de mano de obra agrícola, provocando una crisis en la producción local y disparando los costes laborales. Por otro, los aranceles a las importaciones de frutas y verduras elevarían su precio en los supermercados. «O importamos trabajadores, o importamos productos», advierte un experto del sector agrícola citado por Harvard Business Review. Si no se puede importar ni lo uno ni lo otro, esto puede acabar siendo una ‘trampa mortal’ para EEUU.
El camino hacia una solución pasa, inevitablemente, por una reforma migratoria integral que garantice estabilidad al sector agrícola y a la economía en su conjunto. «Tal vez podría encontrarse una vía para que los inmigrantes sin papeles que han pagado impuestos durante años puedan permanecer legalmente en el país», sugiere el informe. Además, proponen simplificar y mejorar el programa H-2A para hacerlo más accesible tanto para empleadores como para trabajadores.
Algunas voces dentro de la industria también sugieren inspirarse en el modelo de trabajadores invitados de Canadá, que ha demostrado ser un éxito durante casi 40 años. Este sistema permite a los empleados migrantes regresar periódicamente sin miedo a la deportación, brindando estabilidad a empleadores y empleados por igual.
La automatización podría ser otra alternativa a largo plazo. Empresas del sector agrícola ya están invirtiendo en tecnología robótica para la recolección de cultivos, lo que reduciría la dependencia de la mano de obra migrante. Sin embargo, estas innovaciones aún están lejos de ser una solución viable en el corto plazo, y muchos cultivos seguirán requiriendo el trabajo manual de miles de personas, informó el Economista.
Si estas políticas se implementan sin modificaciones, el resultado podría ser una tormenta perfecta: escasez de productos, aumento de precios y una economía aún más golpeada por la inflación. Lo que hoy es un problema de inmigración, mañana podría traducirse en una crisis alimentaria sin precedentes en EEUU, afectando especialmente a los consumidores de menores ingresos. La administración actual aún tiene la oportunidad de evitar este escenario, pero las decisiones que tome en los próximos meses determinarán el futuro de un sector clave para la seguridad económica y alimentaria del país.
En su disertación, Donovan pide distinguir entre expulsar a inmigrantes establecidos o bloquear su paso en la frontera: «Cualquier pérdida de emigrantes establecidos crea problemas económicos más amplios. Imaginemos que la mayoría de los albañiles de un país fueran emigrantes que luego se marcharan. La falta de mano de obra impediría la construcción de viviendas. Eso haría subir los precios de la vivienda y crearía desempleo entre los electricistas, decoradores, agentes hipotecarios y agentes inmobiliarios nativos». «Lo que importa desde el punto de vista económico es si la escala de deportaciones difiere de la política actual», zanja el economista del banco suizo.
