El Ministerio Público también solicitó la inhibición general de bienes y la identificación de cuentas bancarias, depósitos e inversiones de ambos imputados, en el marco de la investigación vinculada a ueno bank.
El Ministerio Público presentó un requerimiento judicial en el que solicita la prisión preventiva del expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades relacionadas con ueno bank.
De acuerdo con el documento fiscal, la solicitud se fundamenta en las disposiciones del artículo 242 del Código Procesal Penal y deberá ser analizada por el juzgado competente, que tendrá a su cargo resolver las medidas cautelares correspondientes.
La presentación tiene como antecedentes dos denuncias formuladas el 5 de noviembre de 2026 por legisladores nacionales, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Rubén Velázquez e Ignacio Iramáin.
Fiscalía también solicita medidas patrimoniales
Además de la prisión preventiva, el Ministerio Público requirió la inhibición general de enajenar y gravar bienes de ambos imputados, con el objetivo de restringir la disposición de sus activos mientras avanza el proceso judicial.
Asimismo, solicitó la identificación de cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos financieros registrados a nombre de Peña y Carvallo, a fin de determinar la procedencia y el alcance de una eventual inmovilización preventiva.
El requerimiento también contempla diligencias para identificar y localizar bienes y derechos patrimoniales de los investigados, así como las comunicaciones necesarias a las instituciones encargadas de ejecutar las medidas que sean dispuestas judicialmente.
Investigación vinculada a ueno bank
En la relación de hechos presentada por la Fiscalía se expone un esquema de vinculaciones entre Santiago Peña, Carlos Carvallo, ueno bank, el Instituto de Previsión Social (IPS) y empresas relacionadas con el Grupo Vázquez.
El documento incorpora referencias a operaciones financieras, movimientos de recursos y relaciones societarias que forman parte de los hechos sometidos a investigación.
Entre los elementos señalados figuran operaciones vinculadas a inversiones del IPS, adquisición de carteras de crédito y transferencias entre empresas relacionadas con la entidad bancaria.
Estas operaciones forman parte de los antecedentes analizados por el Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales.
Decisión queda en manos del juzgado
En su petitorio, la representación fiscal solicitó la notificación del acta de imputación y la convocatoria a la audiencia correspondiente, con observancia de las garantías establecidas en el Código Procesal Penal.
También pidió que, en caso de decretarse la prisión preventiva, el lugar de cumplimiento de la medida sea determinado por el juzgado.
La resolución sobre la prisión preventiva y las restricciones patrimoniales solicitadas dependerá de la evaluación judicial de los fundamentos presentados por la Fiscalía.
