Mientras el Gobierno asegura financiamiento y continuidad de proyectos, las constructoras advierten sobre atrasos, falta de liquidez y riesgo operativo en las obras.
La negociación de una deuda que supera los US$ 200 millones y la necesidad de ampliar el presupuesto marcan el pulso de un sector clave para la economía.
La ejecución de obras públicas en Paraguay atraviesa un momento de tensión entre las limitaciones fiscales del Estado y la sostenibilidad financiera de las empresas constructoras, en un escenario donde el Gobierno y el sector privado coinciden en la necesidad de soluciones urgentes, pero difieren en el diagnóstico de la situación.
La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, defendió la gestión financiera del MOPC y aseguró que las obras licitadas cuentan con respaldo económico, en medio de cuestionamientos del sector privado sobre atrasos en pagos y ralentización de proyectos.
Según explicó, el Ministerio opera bajo restricciones fiscales que obligan a equilibrar la ejecución de obras con la disponibilidad de recursos del Estado. En ese sentido, sostuvo que no se están contratando proyectos sin financiamiento, aunque reconoció la existencia de una “deuda flotante” propia de la dinámica presupuestaria.
La titular del MOPC detalló que la deuda acumulada al cierre de marzo ronda los US$ 200 millones, tras pagos superiores a US$ 100 millones en el primer trimestre del año. Además, indicó que parte del problema responde a compromisos heredados, incluyendo cerca de US$ 100 millones en intereses generados en administraciones anteriores.
Para abordar esta situación, el Gobierno impulsa mecanismos como la cesión de certificados, similar al factoring, y la emisión de bonos para reducir las tasas de interés, actualmente en negociación con el objetivo de ubicarlas en torno al 9%.
Sin embargo, desde la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), su presidente Paul E. Sarubbi planteó un panorama más complejo. Afirmó que persisten atrasos generalizados en los pagos no solo del MOPC, sino también de otras entidades públicas, lo que impacta en toda la cadena de valor del sector.
El dirigente gremial advirtió que, si bien no existen paralizaciones formales masivas, muchas obras están siendo ralentizadas debido a la falta de flujo de caja. Esta situación obliga a las empresas a financiar operaciones mediante créditos bancarios, generando un efecto dominó que afecta a subcontratistas, proveedores y trabajadores.
“El problema no es solo la deuda, sino la falta de previsibilidad. Las empresas necesitan plazos claros para poder cumplir con sus obligaciones”, señaló Sarubbi en entrevista con ABC, quien también destacó que varias firmas enfrentan dificultades financieras e incluso procesos de convocatoria de acreedores.
En paralelo, el sector privado cuestionó la rigidez de la política fiscal, señalando que el límite de déficit del 1,5% restringe la capacidad de inversión en infraestructura, pese a la existencia de contratos ya firmados. Según estimaciones de Cavialpa, el MOPC requiere entre US$ 700 millones y US$ 750 millones para cumplir con sus compromisos, frente a un presupuesto aprobado de US$ 570 millones.
A pesar de las diferencias, ambas partes coinciden en la necesidad de avanzar en mecanismos de financiamiento y en una mayor coordinación con el Ministerio de Economía, especialmente tras el cambio de titular en esa cartera.
El desafío inmediato pasa por destrabar pagos, mejorar la planificación presupuestaria y restablecer la confianza entre el Estado y el sector privado, en un contexto donde la infraestructura continúa siendo un motor clave para el crecimiento económico del país.
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