La reclasificación de la soja como insumo de “alto riesgo” por parte de la Unión Europea amenaza con excluir a los biocombustibles sudamericanos de sus metas energéticas, generando un impacto inmediato en el comercio.
El sector productivo advierte sobre distorsiones metodológicas y reclama diálogo técnico ante una medida que podría afectar inversiones, empleo rural y previsibilidad del mercado.
La decisión de la Comisión Europea de mantener a la soja bajo un régimen restrictivo dentro de su política energética encendió alertas en el Mercosur. La medida, que apunta a limitar el uso de biocombustibles derivados de este cultivo hacia 2030, es cuestionada por el sector agroindustrial por su impacto económico y su falta de adecuación a las realidades productivas de la región.
La Unión de Gremios de la Producción (UGP) advirtió que el nuevo borrador de reglamento europeo introduce restricciones que afectarán directamente la competitividad del biodiésel producido en Paraguay y Argentina. Según el comunicado, la permanencia de la soja en la categoría de “alto riesgo” en materia de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC) implica que estos biocombustibles dejarán progresivamente de ser considerados dentro de los objetivos renovables del bloque europeo.
De acuerdo con la Unión de Gremios de la Producción (UGP), el impacto económico será inmediato, ya que el mercado europeo se rige por cuotas obligatorias de energías renovables. Al quedar excluidos de este esquema, los biocombustibles sudamericanos pierden competitividad estructural, lo que altera flujos comerciales consolidados y genera incertidumbre en las decisiones de inversión.
El gremio también cuestiona la metodología utilizada por la Unión Europea para determinar el riesgo ILUC. Señala que el modelo se basa en datos globales que no distinguen entre países con expansión agrícola y aquellos que han logrado aumentar su producción mediante mejoras de rendimiento e intensificación. Esta generalización, sostienen, no refleja las realidades productivas de Paraguay y Argentina, donde existen marcos regulatorios, monitoreo ambiental y sistemas sostenibles en evolución.
Otro punto crítico es la limitada aplicabilidad de los mecanismos de certificación de “bajo riesgo”. Según la Unión de Gremios de la Producción (UGP), demostrar adicionalidad productiva bajo los criterios europeos resulta complejo en sistemas agrícolas consolidados, lo que reduce la efectividad de esta alternativa para mantener el acceso al mercado.
Además del impacto económico, el comunicado advierte sobre consecuencias sociales, especialmente para pequeños productores integrados a la cadena de biocombustibles, cuyos ingresos podrían verse afectados.
Frente a este escenario, el sector agroindustrial sudamericano plantea la necesidad de abrir un diálogo técnico birregional. La Unión de Gremios de la Producción (UGP) insiste en que la transición energética global debe construirse sobre reglas claras, estables y basadas en evidencia científica, que reconozcan las particularidades productivas de cada país y eviten medidas consideradas discriminatorias.
