El primer Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) a nivel distrital, elaborado por el INE con base en el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, revela un país con profundas diferencias territoriales. Mientras algunos municipios registran niveles mínimos de privaciones, otros concentran carencias que afectan a ocho de cada diez hogares, un escenario que plantea desafíos para el desarrollo, la inversión y el diseño de políticas públicas.
El informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con base en el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, dibuja un mapa marcado por contrastes extremos entre los 263 municipios del país.
La medición revela que mientras Fernando de la Mora registra una incidencia de pobreza multidimensional de apenas 0,9%, Puerto Pinasco alcanza 82,2%, una diferencia de 81,3 puntos porcentuales que refleja la magnitud de las brechas territoriales existentes.
A diferencia de la pobreza monetaria, que se centra en el nivel de ingresos, el IPM incorpora variables relacionadas con empleo, vivienda, acceso a servicios básicos, ambiente y educación, permitiendo observar de manera más amplia las condiciones de vida de los hogares.
Un mapa que redefine las prioridades
El mapa muestra una marcada concentración de los niveles más elevados de pobreza multidimensional en el Chaco y en algunos distritos específicos de la Región Oriental, mientras que gran parte del área metropolitana y ciudades con mayor desarrollo económico exhiben los indicadores más bajos.
Más que un ranking, el estudio evidencia que las oportunidades de desarrollo continúan distribuyéndose de manera desigual según el territorio.
Los extremos del país
Entre los distritos con menor incidencia de pobreza multidimensional figuran Fernando de la Mora (0,9%), Lambaré (1,3%), Villa Elisa (1,6%), San Lorenzo (2,0%), Asunción (2,5%), Ñemby (2,7%), Pilar (3,1%), Mariano Roque Alonso (3,2%) y San Antonio (3,4%).
En el otro extremo aparecen Puerto Pinasco (82,2%), Teniente Esteban Martínez (78,3%), Tte. 1° Manuel Irala Fernández (75,3%), General José María Bruguez (69,8%), Mariscal José Félix Estigarribia (64%), Itacuá (61,2%), Alto Verá (60,2%), Boquerón (59,6%), Bahía Negra (59%) y Cerro Corá (55,2%).
Estos resultados muestran que la pobreza multidimensional no responde únicamente a diferencias de ingresos, sino también a factores estructurales vinculados al acceso a infraestructura, servicios públicos, educación y empleo.
La pobreza ya no se mide solo por ingresos
El IPM distrital incorpora cuatro dimensiones que agrupan 13 indicadores para medir las privaciones que experimentan los hogares.
En trabajo y seguridad social se evalúan aspectos como la existencia de un perceptor de ingresos, el trabajo infantil y adolescente, la cobertura previsional de los adultos mayores y la dependencia económica dentro del hogar.
La dimensión vivienda y servicios considera la calidad de los materiales de la vivienda, el hacinamiento y la gestión de residuos.
En ambiente se analiza el acceso a agua potable, saneamiento mejorado y el uso de combustibles sólidos para cocinar.
Finalmente, educación contempla la asistencia escolar, el rezago educativo y el nivel de escolaridad alcanzado por la población adulta.
Esta metodología permite identificar hogares que, aun cuando no sean considerados pobres por ingresos, enfrentan múltiples carencias que limitan sus oportunidades de desarrollo.
Una herramienta para orientar inversiones y políticas públicas
El INE destaca que la principal fortaleza del nuevo IPM distrital radica en su nivel de desagregación territorial, ya que por primera vez es posible analizar la pobreza multidimensional en cada uno de los 263 municipios del país.
Esta información permitirá focalizar con mayor precisión programas sociales, inversiones en infraestructura, servicios públicos y proyectos de desarrollo local, además de facilitar el monitoreo de las brechas territoriales.
Desde una perspectiva económica, el estudio también ofrece un insumo relevante para el sector privado, ya que identifica territorios donde persisten importantes desafíos en materia de capital humano, acceso a servicios y condiciones básicas para el desarrollo productivo.
Con este nuevo instrumento, el Paraguay incorpora una herramienta que complementa la medición tradicional de pobreza y aporta una visión más amplia sobre las desigualdades que aún persisten entre los distintos territorios del país.
