El Poder Ejecutivo ultima los detalles de una propuesta legislativa para ampliar el límite del déficit fiscal, acorralado por el creciente peso de la deuda pública.
Las obligaciones acumuladas del Estado con proveedores de salud y empresas constructoras vuelven a colocar el déficit y la deuda pública en el centro de la discusión económica. Exministros de hacienda plantearon la necesidad de reconocer estos compromisos dentro de las cuentas fiscales, aún cuando ello implique revisar metas originalmente previstas.
La situación de las finanzas públicas volvió a ocupar el centro de la agenda económica tras una reunión que congregó al presidente Santiago Peña, al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera y a varios exministros de Hacienda. El encuentro puso sobre la mesa uno de los principales desafíos para los próximos años: determinar con mayor precisión el tamaño de las obligaciones acumuladas del Estado y su impacto real sobre el déficit fiscal.
Uno de los puntos señalados durante la reunión fue la existencia de compromisos pendientes con proveedores, particularmente en los sectores de salud y obras públicas. Manuel Ferreira sostuvo que el reconocimiento de estas obligaciones resulta necesario para contar con una fotografía más precisa de las cuentas estatales.
El efecto fiscal de incorporar esas obligaciones también podría ser significativo. A comienzos de año, la expectativa oficial apuntaba a cerrar el 2026 con un déficit equivalente al 1,5% del PIB, en línea con el límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Sin embargo, reportan que el déficit anualizado se ubica actualmente en torno al 2,6% del PIB, unos US$ 1.700 millones, mientras que Ferreira advirtió que, bajo determinados escenarios, la brecha podría acercarse al 4% del PIB en el año 2027.
Más allá de la cifra definitiva, el debate tiene una consecuencia concreta, que es la de reconocer compromisos que todavía no están plenamente reflejados modifica la lectura sobre la trayectoria fiscal y obliga a revisar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones acumuladas.
El propio Germán Rojas señaló que el tema ya fue expuesto ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que otros participantes plantearon la conveniencias de mantener informados también a los organismos multilaterales y a las calificadores de riesgo.
La discusión llega, además, en un momento en que Paraguay busca consolidar la confianza obtenida tras alcanzar el grado de inversión de parte de calificadoras internacionales. En ese contexto, el desafío no pasa únicamente por reducir un porcentaje de déficit, sino por mejorar la calidad y transparencia de la información fiscal, ordenar los compromisos pendientes y establecer una trayectoria sostenible para las cuentas públicas.
La reunión entre exministros, en ese sentido, expuso un problema que trasciende a una administración específica: cómo compatibilizar las necesidades de gasto, el pago de obligaciones acumuladas y la disciplina fiscal sin trasladar mayores presiones a los próximos presupuestos.
El punto central ahora será convertir el diagnóstico en números verificables y un calendario concreto de regularización.
Para los mercados, los organismos internacionales y los propios contribuyentes, la diferencia entre una situación fiscal manejable y una de mayor presión no estará solamente en el déficit registrado, sino también en cuánto de las obligaciones del Estado está efectivamente contabilizado, cuánto deberá pagarse y en qué plazo.
