El MEF plantea revisar el marco de responsabilidad fiscal ante un déficit que podría alcanzar 3,2% del PIB este año y 3,9% en 2027, mientras el Estado enfrenta obligaciones acumuladas con proveedores y una recaudación por debajo de lo previsto.
Paraguay vuelve a discutir los límites de su política fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que inició el análisis para revisar la Ley de Responsabilidad Fiscal y evaluar si el actual tope de déficit de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) continúa siendo adecuado para las condiciones actuales de las finanzas públicas.
En la foto: Óscar Lovera, ministro de Economía y Finanzas.
La discusión adquiere relevancia porque las nuevas proyecciones oficiales apuntan a un déficit de 3,2% del PIB para 2026 y de hasta 3,9% para 2027. El planteamiento no implica, por ahora, una modificación aprobada del límite fiscal, sino el inicio de una revisión del marco vigente.
El ministro Óscar Lovera sostuvo que la legislación, sancionada originalmente en el año 2013, debe ser evaluada frente a una realidad económica diferente. El argumento central es que el Estado necesita compatibilizar la disciplina fiscal con el pago de compromisos acumulados y con las necesidades de inversión y desarrollo.
Uno de los factores que presiona sobre las cuentas públicas es la denominada deuda flotante. Según Lovera, las obligaciones con proveedores del Estado cerraron 2025 en aproximadamente US$ 1.270 millones, cifra que el ministro diferenció de estimaciones superiores que habían circulado anteriormente. Salud y obras públicas aparecen entre los sectores con compromisos pendientes.
A esto se suma un comportamiento de los ingresos tributarios menos dinámico que el previsto. Al cierre del primer semestre, la recaudación tributaria registró un crecimiento de 2,4%, frente al 8,5% que se había proyectado inicialmente. Una menor expansión de los ingresos reduce el margen disponible para financiar el presupuesto sin recurrir a mayor endeudamiento o a una reducción del gasto.
La discusión tiene además un antecedente importante. Durante buena parte de 2026, el MEF había evaluado si era necesario flexibilizar el tope del 1,5%, mientras buscaba nuevas estimaciones de ingresos y gastos junto con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). En marzo, el entonces ministro Carlos Fernández Valdovinos había descartado que flexibilizar permanentemente el límite fuera una solución, precisamente por el riesgo de afectar la credibilidad fiscal.
Ahora el escenario es diferente: el propio MEF reconoce que el retorno al 1,5% previsto inicialmente no se alcanzaría en el corto plazo. Las proyecciones divulgadas por la cartera económica contemplan llegar nuevamente a ese nivel en 2028, mientras que 2027 aparece como el año de mayor presión, con un déficit estimado de 3,9% del PIB.
Desde una perspectiva económica, el debate no debería limitarse a si el porcentaje es alto o bajo.
La cuestión central es qué financia el déficit, cuánto de ese gasto genera capacidad productiva y cuánto corresponde simplemente a cubrir obligaciones acumuladas. Un mayor déficit puede ser manejable si responde a una estrategia fiscal sostenible y transparente; se vuelve más problemático cuando sirve para postergar ajustes o financiar gastos que no generan capacidad futura de pago.
También está en juego la relación entre déficit y deuda pública. Elevar el límite fiscal puede proporcionar espacio para ordenar compromisos pendientes, pero implica mayores necesidades de financiamiento. El desafío será demostrar que ese financiamiento tiene una trayectoria sostenible y que el aumento temporal del déficit no se convierte en una nueva situación estructural.
Paraguay llega a esta discusión después de haber obtenido el grado de inversión, por lo que la consistencia del marco fiscal adquiere todavía mayor importancia. Para los mercados, no se trata únicamente de mantener un determinado porcentaje de déficit, sino de conocer con claridad cuáles son las obligaciones del Estado, cómo serán financiadas y cuál es el calendario para retornar a una posición fiscal más equilibrada.
La revisión de la Ley de Responsabilidad Fiscal puede ser una oportunidad para actualizar las reglas a la realidad económica actual, pero también exige mayores niveles de transparencia y previsibilidad. Flexibilizar un límite significa establecer reglas claras sobre cuándo puede modificarse, para qué se utilizará el espacio adicional y cómo se garantizará el retorno a una trayectoria sostenible.
