Soja, carne y mercados internacionales: el desafío ya no pasa solo por producir más, sino por demostrar de dónde sale cada tonelada
Paraguay lleva más de dos décadas con una restricción que modificó la relación entre producción agropecuaria y uso de la tierra en la Región Oriental.
La denominada Ley de Deforestación Cero, vigente desde el año 2004 y posteriormente prorrogada y actualizada, puso un límite a la conversión de bosques nativos para actividades agropecuarias. Dos décadas después, los datos oficiales permiten medir cuánto de la expansión productiva ocurrió sobre tierras que ya estaban incorporadas al sistema agropecuario y cuánto sigue siendo el desafío pendiente para un país cuya generación de divisas depende fuertemente del campo.
El dato más contundente corresponde a la soja. El Instituto Forestal Nacional (Infona) cruzó el mapa de cultivos con la información histórica de cambio de uso de la tierra y determinó que 2,816 millones de hectáreas de soja sembradas en la Región Oriental en el 2022 —el 94,5% de las 2,979 millones de hectáreas cultivadas— se encontraban en áreas que no fueron deforestadas después de diciembre del 2004. El dato se refiere específicamente al cultivo de soja en la Región Oriental y a la fecha de corte establecida por el análisis.
La importancia económica de este proceso es considerable. La agricultura y la ganadería no son actividades marginales dentro de la estructura productiva paraguaya: forman parte de una cadena que genera exportaciones, moviliza transporte, servicios, industrias procesadoras, financiamiento y empleo. En 2025, las exportaciones registradas del país alcanzaron US$ 11.082 millones y crecieron 1,5%, mientras que el Banco Central señaló que el incremento estuvo explicado principalmente por mayores ventas de carne, maíz y aceite de soja.
La tierra como activo productivo
El cambio de modelo tiene también una lectura financiera. Para el productor, conservar el bosque ya no constituye únicamente una cuestión ambiental o de cumplimiento legal. La condición de la tierra, su trazabilidad y la posibilidad de demostrar que una parcela no fue deforestada pueden terminar incidiendo directamente en su acceso a determinados compradores y mercados.
Esto adquiere mayor relevancia con la entrada en aplicación del Reglamento Europeo contra la Deforestación (EUDR). Desde finales del 2026, los operadores que coloquen determinados productos en el mercado europeo deberán demostrar, entre otros requisitos, que fueron producidos en tierras que no sufrieron deforestación después del 31 de diciembre del 2020. La soja y el ganado están entre las cadenas alcanzadas por la normativa.
En otras palabras, la trazabilidad empieza a transformarse en un activo económico. Una hectárea no solo debe producir; debe poder demostrar su historia productiva. Para las empresas exportadoras, esto implica nuevos costos de georreferenciación, control documental, sistemas de información y debida diligencia. Para el productor, significa que la información sobre el origen de su producción puede ser tan importante como el volumen o la calidad del producto.
Paraguay ya dispone de una infraestructura de información que permite avanzar en esa dirección. El Infona reportó que al cierre del año 2024 el país mantenía 17,76 millones de hectáreas de cobertura forestal, equivalentes al 44,4% del territorio nacional y que el nuevo reporte incorporó mejoras metodológicas que elevaron la precisión del monitoreo hasta un 98,2%. También señaló que el cambio de uso del bosque nativo registró entre los años 2022 y 2023 su menor tasa en casi dos décadas.
Pero el problema no desapareció
Sin embargo, el propio monitoreo oficial muestra que continúa existiendo cambios de uso de la tierra. En el periodo correspondiente al 2020 – 2022, la Región Oriental registró 50.499,7 hectáreas de cambio de bosque nativo. De este total, 10.607 hectáreas correspondieron a superficies mayores a 20 hectáreas, asociadas principalmente a la expansión agrícola y ganadera.
El punto es especialmente importante cuando se incorpora a la discusión la ganadería. La prohibición de conversión de bosques de la Región Oriental no puede utilizarse como una descripción de toda la realidad forestal paraguaya, porque la dinámica territorial de la Región Occidental es diferente. De hecho, el reporte 2022 – 2024 del Infona señala que los bosques nativos se concentran mayoritariamente en el Chaco, mientras que el 87,4% de los cambios de uso de bosque nativo detectados allí durante el período analizado se realizaron bajo planes de uso de la tierra aprobados.
Carne: más valor, más exigencias
La presión para demostrar el origen de la producción coincide con un momento de crecimiento del negocio ganadero. En el 2025, las exportaciones paraguayas de carne bovina rondaron los US$ 2.100 millones según los datos del Banco Central, con un crecimiento interanual cercano al 22% en valor. El resultado estuvo favorecido en buena medida por mejores precios y por la expansión de algunos mercados, entre ellos Estados Unidos.
La lectura financiera es clara: cuanto mayor es el valor de los mercados a los que Paraguay pretende acceder, mayor es también el costo de demostrar cumplimiento. La sostenibilidad dejó de ser únicamente una exigencia reputacional y pasó a formar parte de la ecuación comercial.
Para una economía que necesita seguir aumentando sus exportaciones sin ampliar indefinidamente su frontera productiva, la alternativa pasa cada vez más por elevar la productividad de las tierras ya incorporadas, mejorar la tecnología, aumentar el rendimiento por hectárea y aprovechar mejor cada animal producido, en lugar de depender exclusivamente de sumar superficie.
Los números del Banco Central muestran, además, que el desempeño del agro tiene un efecto directo sobre el ciclo económico. En 2025, la actividad de agricultura registró un crecimiento acumulado de 20,8%, mientras que el conjunto de actividades de ganadería, forestal, pesca y minería avanzó 3,9%, contribuyendo a un crecimiento anual del PIB de 6,6%.
El desafío financiero de producir con trazabilidad
La discusión sobre Deforestación Cero, por tanto, está dejando de ser exclusivamente ambiental. Se está convirtiendo en una discusión sobre competitividad.
Un productor que puede demostrar la historia de su parcela tiene mejores condiciones para integrarse a cadenas de suministro que exigen información ambiental. Una empresa que cuenta con sistemas de trazabilidad reduce el riesgo de que un cargamento sea observado por un comprador internacional y, un país que puede respaldar sus estadísticas con información satelital, tiene mayores herramientas para defender el origen de sus commodities.
Pero ese proceso también tiene costos. La georreferenciación, la digitalización de registros, las auditorías, la trazabilidad y la separación de cadenas productivas demandan inversión. Para los grandes exportadores puede tratarse de un costo absorbible dentro de la estructura del negocio; para productores pequeños y medianos, puede representar una barrera de entrada si no existen mecanismos que faciliten la incorporación tecnológica y documental.
Ahí está uno de los principales desafíos económicos de los próximos años: que la transición hacia una producción verificablemente libre de deforestación no termine convirtiéndose en una ventaja exclusiva para quienes tienen mayor capacidad financiera.
Después de más de 20 años de Deforestación Cero en la Región Oriental, los datos permiten sostener que Paraguay logró ampliar fuertemente su producción de soja sobre tierras que ya estaban incorporadas al sistema productivo. Pero también muestran que la discusión no terminó. El siguiente capítulo será más complejo: demostrar que la carne, la soja y otros productos que generan divisas pueden mantener o aumentar su competitividad mientras cumplen con una creciente cantidad de requisitos ambientales y de trazabilidad.
Para Paraguay, la cuestión ya no es solamente cuánto puede producir su tierra. Es cuánto valor puede generar cada hectárea sin perder acceso a los mercados que pagan por producción verificable.
