El acceso y la adjudicación de tierras destinadas a asentamientos ganaderos en la Región Occidental no se limita a la ocupación del inmueble. El Estatuto Agrario establece una serie de condiciones orientadas a garantizar que los terrenos cumplan efectivamente una función productiva, con inversiones, capacidad económica y criterios de sostenibilidad ambiental.
El artículo 16, inciso “f”, de la Ley N.º 1863/2002 establece entre los requisitos para los asentamientos ganaderos chaqueños la obligación de garantizar, conforme a la reglamentación del organismo de aplicación, la realización de inversiones destinadas a la ocupación efectiva y al desarrollo productivo ambientalmente sostenible del inmueble solicitado.
En ese marco, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) estableció en 2012, mediante la Resolución de Presidencia N.º 1715/2012, los parámetros que deben contemplarse en los proyectos productivos. La normativa exige la presentación de un plan de inversión que detalle los objetivos, la ubicación, las actividades previstas y un cronograma anual de inversiones y mejoras.
Uno de los puntos centrales es la solvencia económica del solicitante. Quien pretenda acceder a estas tierras debe demostrar que cuenta con capacidad financiera suficiente para afrontar las inversiones previstas. A esto se suma la obligación de justificar el origen de los recursos que serán destinados al proyecto, mediante la documentación correspondiente.
La reglamentación también contempla el detalle de las mejoras que serán incorporadas al inmueble y sus respectivos costos, dentro de un cronograma de inversiones proyectado. De esta manera, la adjudicación de la tierra queda vinculada a la capacidad de desarrollar efectivamente el proyecto productivo planteado y no solamente a la disponibilidad del terreno.
El desafío de consolidar una nueva ruralidad
Estos requisitos cobran especial relevancia en una región como el Chaco, donde la expansión de la actividad productiva convive con desafíos vinculados a infraestructura, sostenibilidad y ocupación efectiva del territorio. En este contexto, el INDERT plantea la necesidad de que las colonias puedan transformarse en espacios con actividad económica sostenida y oportunidades para las nuevas generaciones.
Durante el último fin de semana, el presidente del INDERT, Prof. Econ. Francisco Ruiz Díaz, realizó un recorrido por colonias ubicadas en la zona fronteriza con Bolivia, en el marco de las acciones impulsadas por la institución bajo el concepto de “Nueva Ruralidad”.
La propuesta apunta a combinar seguridad jurídica sobre la tierra, productividad, inversión y sostenibilidad, además de generar condiciones para el relevo generacional en las fincas rurales mediante la incorporación de jóvenes a las actividades productivas.
Más allá del discurso institucional, el desafío para la política de tierras está en que los inmuebles adjudicados efectivamente se conviertan en unidades productivas sostenibles. En el caso del Chaco, esto implica que la ocupación territorial esté acompañada por inversiones concretas, capacidad financiera y proyectos capaces de mantenerse en el tiempo.
La premisa planteada por el INDERT es que las colonias chaqueñas no sean únicamente espacios de ocupación territorial, sino que puedan consolidarse como polos de desarrollo económico y social. Para ello, la tierra adjudicada debe estar acompañada de recursos, planificación y una actividad productiva que permita sostener su función económica y social.
