El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 incorporará un aumento significativo de recursos para el Ministerio de Salud Pública, principalmente destinado a la compra de medicamentos e insumos, además de fondos para infraestructura y nuevos nombramientos.
El anuncio se realizó este lunes en una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, en medio del conflicto que mantiene al sector médico movilizado y con advertencias de nuevas medidas de fuerza.
El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, informó que Salud contará en 2027 con US$ 760 millones para la adquisición de medicamentos, cifra que, según explicó, representa un incremento de US$ 260 millones frente al presupuesto aprobado para 2026. Aclaró que estos recursos corresponden a nuevas adquisiciones y que las deudas pendientes con proveedores tendrán un tratamiento diferenciado.
Dentro de ese paquete también se contempla un incremento para el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), cuyo presupuesto pasaría de US$ 110 millones a US$ 195 millones. Lovera señaló además que el aumento asignado a Salud representa el 62% del incremento de recursos dentro del Poder Ejecutivo, con una variación del 77% respecto al presupuesto aprobado para 2026. Como referencia, indicó que el presupuesto destinado a medicamentos e insumos en 2023 era de unos US$ 250 millones.
La ministra de Salud, María Teresa Barán, agregó que el paquete presupuestario contempla 11.100 nuevos nombramientos y la construcción de siete nuevos hospitales de gran porte, con infraestructura, equipamiento y recursos humanos. En materia de personal, sostuvo que 2.390 médicos pasarán de contratos a nombramientos, en el marco del proceso de desprecarización. El ministro Javier Giménez había mencionado previamente una cifra cercana a 2.400 médicos dentro de un universo estimado de entre 5.000 y 5.500 profesionales en situación de precariedad contractual.
Sin embargo, el incremento presupuestario no supone el cierre del conflicto con el gremio médico. Uno de los principales puntos de desacuerdo continúa siendo el pedido de G. 3 millones de aumento por vínculo, planteamiento que, según reconoció Barán, no fue acordado. Como alternativa, las autoridades plantean avanzar hacia una carrera sanitaria basada en criterios de antigüedad, formación, especialización y meritocracia, esquema que también fue presentado como una vía para determinar progresiones salariales.
Otro de los reclamos abordados fue el pago por trabajo en días feriados. Lovera señaló que el Ministerio de Economía se encuentra trabajando en una respuesta para este punto. No obstante, frente a la pérdida de poder adquisitivo planteada por los médicos, sostuvo que una solución generalizada debería ser analizada dentro de un esquema de progresión y carrera, considerando que otros funcionarios públicos tampoco cuentan actualmente con mecanismos automáticos de reajuste salarial.
La tensión se mantiene también por las renuncias anunciadas en el sector. Barán informó que, hasta este lunes, recibió oficialmente 61 renuncias de médicos, principalmente anestesiólogos, cirujanos y pediatras. Ante la posibilidad de que aumente el número, indicó que el Ministerio de Salud analizará cada caso y que existe un equipo de crisis para responder a eventuales impactos en los servicios. Las autoridades insistieron en que buscarán mantener abierto el diálogo con los gremios, mientras el proyecto de presupuesto 2027 será presentado al Congreso Nacional.
La discusión, por tanto, se trasladará al Congreso con el proyecto de PGN 2027, mientras el gremio médico mantiene sus reclamos y analiza nuevas medidas de fuerza. El desafío estará en determinar si el aumento presupuestario anunciado logra traducirse en una mejora efectiva de la capacidad del sistema sanitario y, al mismo tiempo, si existe margen fiscal para responder a las demandas laborales del sector sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.
