La Procuraduría General de la República (PGR) aclaró que Atome no presentó hasta el momento una demanda ni inició un arbitraje contra el Estado paraguayo, luego de que la empresa notificara la existencia de una controversia y planteara la posibilidad de recurrir a acciones legales en el futuro.
A través de un comunicado divulgado este 17 de septiembre, la PGR explicó que la notificación recibida constituye una instancia previa y habilita un período de tres meses para que las partes exploren una solución amistosa. En consecuencia, el caso se encuentra actualmente en una etapa de análisis y diálogo, y no ante un tribunal arbitral.
La Procuraduría señaló que el Estado paraguayo está evaluando los planteamientos formulados por la compañía, por lo que no corresponde anticipar una posición sobre el fondo de la controversia.
La aclaración de la PGR se produce luego de que Atome comunicara formalmente al Estado paraguayo su intención de recurrir eventualmente al mecanismo de solución de controversias previsto en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Paraguay y el Reino Unido. La empresa desarrolla en Villeta un proyecto de producción de fertilizantes de bajas emisiones, cuya inversión prevista ronda los US$ 665 millones.
El origen de la controversia está relacionado con las condiciones para el suministro de energía eléctrica y los cambios registrados durante este año en el marco tarifario aplicable a proyectos de alto consumo energético. Atome sostiene que estas modificaciones afectaron las condiciones bajo las cuales estructuró su proyecto.
Sin embargo, la PGR evitó pronunciarse sobre estos planteamientos y remarcó que actualmente se encuentra analizando la posición de la empresa.
En su comunicado, el organismo también reafirmó que Paraguay mantiene su compromiso con la seguridad jurídica, el respeto a las inversiones y el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Al mismo tiempo, señaló que el Estado mantiene abierta la posibilidad de diálogo, aunque defenderá los intereses del país durante el proceso.
Por ahora, el caso permanece en una fase previa a cualquier eventual arbitraje. El plazo de tres meses establecido tras la notificación será el período en el que Paraguay y Atome podrán buscar una solución negociada. Recién posteriormente la empresa podría decidir si avanza con una reclamación formal ante un tribunal arbitral.
