El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia decretó la prisión preventiva de Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros cinco directivos de ueno bank, en el marco de la investigación abierta tras la crisis de la entidad financiera. Vázquez deberá guardar reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos, denominación que desde mayo reemplaza oficialmente a la antigua Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Para otras dos integrantes del directorio se dispuso arresto domiciliario.
La resolución judicial dictaminó la prisión preventiva de Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
En el caso de Vázquez, el magistrado dispuso su remisión al Centro Nacional de Prevenidos (extacumbú), junto con los otros cinco procesados con prisión preventiva, el juzgado dispuso que permanezcan separados durante su reclusión.
Por su parte, los imputados Diego Fernando Duarte Schussmuller (director titular) y Miguel Ángel Almada Frutos (síndico titular), irán a la Penitenciaría “Padre Juan de la Vega” de Emboscada, conocida como Emboscada Antigua.
Para Diana Leticia Mongelós González y Mariana Torres Rubiani, también integrantes de la conducción de ueno bank e imputadas dentro de la investigación, el juez resolvió aplicar arresto domiciliario, atendiendo a que ambas tienen hijos menores de edad.
La decisión se produjo luego de las audiencias de imposición de medidas desarrolladas ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.
El Ministerio Público había solicitado inicialmente prisión preventiva para Vázquez y arresto domiciliario con monitoreo electrónico para los demás directivos. Sin embargo, el juez Estigarribia resolvió extender la prisión preventiva a otros cinco integrantes de la entidad.
Investigación alcanza a 27 personas
La Fiscalía imputó a un total de 27 personas vinculadas a ueno bank y a empresas relacionadas, dentro de la causa que investiga presuntas irregularidades financieras detectadas en la entidad.
Entre los hechos investigados figuran presuntos delitos económicos atribuidos a directivos y personas vinculadas a la estructura empresarial. La imputación constituye una atribución provisoria de hechos y no implica una condena.
Las medidas judiciales se producen luego del inicio del procedimiento de resolución de ueno bank dispuesto por el Banco Central del Paraguay, que posteriormente derivó en una investigación penal, órdenes de detención y la imputación de directivos y otras personas vinculadas.
La prisión preventiva tiene carácter cautelar y regirá mientras avanza el proceso penal, conforme a las decisiones que adopte el juzgado durante la investigación.
