La senadora Zenaida Delgado solicitó este miércoles siete días hábiles para preparar su defensa ante el pedido de pérdida de investidura presentado en su contra, luego de las denuncias sobre presuntos cobros irregulares a funcionarios del Congreso Nacional. La legisladora pidió acceder a la totalidad de las pruebas y los documentos que sustentan las acusaciones antes de que el Senado resuelva su situación.
Durante su intervención ante el pleno, Delgado invocó las garantías constitucionales del derecho a la defensa y solicitó que el plazo comience a computarse desde el día siguiente a la entrega íntegra del libelo acusatorio y sus anexos. También pidió que el caso sea remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública.
“Me declaro inocente de todas las acusaciones, de todas las injurias que se me están atribuyendo”, manifestó la senadora, quien aseguró que colaborará con el Ministerio Público y presentará los elementos que considere pertinentes para responder a los señalamientos.
El Senado resolvió postergar el tratamiento del pedido de pérdida de investidura y convocar a una sesión extraordinaria para el miércoles 04 de noviembre. La decisión fue comunicada por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, tras conversaciones entre las distintas bancadas para permitir que la legisladora ejerza su derecho a la defensa.
La Fiscalía abrió una investigación por presunto tráfico de influencias
En paralelo al procedimiento llevado a cabo por los legisladores, el Ministerio Público abrió una investigación contra Delgado, caratulada como “Zenaida Delgado sobre tráfico de influencias y otros”. La causa quedó a cargo de la Fiscal Merlene González de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
La gente solicitó a los medios de comunicación las copias y los documentos, audios, mensajes y demás elementos reunidos durante una investigación periodística que expuso denuncias de funcionarias del Congreso. El requerimiento establece un plazo de cinco días para la entrega de dichos materiales. La denuncia penal fue presentada por el propio presidente del Congreso, Basilio Núñez, después de que se difundieran testimonios sobre un supuesto mecanismo de cobros a trabajadores contratados en la Cámara Alta.
Según las denunciantes, se les habría exigido entregar parte de sus bonificaciones salariales y realizar pagos extraordinarios para acceder a nombramientos permanentes. Los hechos denunciados son objeto de investigación y todavía deben ser esclarecidos por las autoridades.
Los montos denunciados y el supuesto esquema de cobros
Los testimonios difundidos por los medios señalan que los pagos mensuales reclamados habrían oscilado entre G. 1.350.000 y G. 2.500.000, dependiendo del salario y del cargo de cada funcionario.
Las denunciantes también afirmaron que las exigencias para acceder a un nombramiento permanente habrían alcanzado sumas de hasta G. 100 millones. Una de ellas declaró haber recibido pedidos de dinero por montos superiores y presentó comprobantes de transferencias que, según su versión, estarían relacionados con los hechos denunciados.
Otra de las funcionarias sostuvo que fue presionada para obtener un préstamo bancario. De acuerdo con las publicaciones, el supuesto mecanismo podría haber afectado a entre 15 y 20 trabajadores.
Las acusaciones incluyen presuntas amenazas de desvinculación laboral contra quienes no cumplieran con los pagos. No obstante, corresponde a la investigación fiscal determinar la autenticidad de las pruebas, las circunstancias de las transferencias y las eventuales responsabilidades.
La senadora niega las acusaciones
Delgado rechazó haber solicitado dinero a las funcionarias y atribuyó los movimientos cuestionados a su expareja, Gustavo Vera Santander. Según sus declaraciones a Radio Monumental, los mensajes difundidos habrían sido utilizados para perjudicarla en el marco de un conflicto personal.
La legisladora también sostuvo que los señalamientos estarían vinculados con la contratación y posterior desvinculación de familiares de su expareja en el Senado. Estas afirmaciones forman parte de su descargo y deberán ser contrastadas con los elementos incorporados a la investigación.
El pedido de pérdida de investidura fue presentado por ocho senadores: Yolanda Paredes, Rubén Velázquez, José Oviedo, Lucía Mendoza, Ignacio Iramain, Eduardo Nakayama, Esperanza Martínez y Óscar Salomón.
El documento reúne varios antecedentes y cuestionamientos sobre la actuación de Delgado, entre ellos las denuncias por presuntos cobros a funcionarios. Para que prospere la pérdida de investidura se requieren 30 votos en el pleno del Senado.
La bancada oficialista, a la que pertenece la legisladora tras su incorporación a Honor Colorado, aún debe definir su posición sobre el caso. La decisión parlamentaria y la investigación penal son procedimientos diferentes: el Senado deberá resolver el pedido de pérdida de investidura, mientras que el Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer los hechos denunciados.
