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Peña pidió salida del titular del BCP y busca acelerar la devolución de depósitos

El presidente de la República informó que acordó con los titulares de ambas cámaras del Congreso impulsar un proyecto para utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos y adelantar la devolución de los recursos. La iniciativa también contempla la restitución de fondos públicos, del IPS y de otras cajas jubilatorias estatales, en medio del procedimiento de resolución de la entidad financiera.

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que solicitó la renuncia de Carlos Carvallo al frente del Banco Central del Paraguay (BCP), en medio de la crisis generada por el procedimiento de resolución de ueno bank. Además, informó que acordó con los presidentes de ambas cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley para iniciar el pago inmediato a los ahorristas y garantizar la devolución de los recursos públicos comprometidos en la entidad.

A través de un pronunciamiento, el mandatario señaló que la decisión responde a los hechos registrados durante la jornada y reclamó que el Congreso otorgue un tratamiento acelerado a la iniciativa.

El proyecto plantea autorizar el uso del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para adelantar los pagos a los depositantes. Según Peña, la propuesta también garantizará la devolución de los fondos públicos, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de las demás cajas jubilatorias públicas que mantienen recursos vinculados a ueno bank.

El presidente instó a los legisladores de todos los sectores políticos a aprobar la iniciativa con la mayor celeridad y pidió al Banco Central informar a la ciudadanía sobre los plazos y mecanismos previstos para la devolución de los depósitos cubiertos por la garantía.

Renuncia de Carvallo y presión sobre el BCP

El pedido de renuncia de Peña se produce luego de que Carvallo comunicara formalmente su dimisión en medio de los cuestionamientos a la conducción del organismo regulador. El titular del BCP había anunciado previamente que tenía su renuncia firmada y que estaba dispuesto a dejar el cargo para evitar que las presiones externas afectaran el desarrollo del procedimiento de resolución.

La situación adquirió mayor relevancia por los antecedentes de Carvallo en el sector financiero: antes de asumir la presidencia del BCP en 2023, había encabezado ueno bank. Su trayectoria quedó bajo atención pública tras la decisión de la banca matriz de intervenir la entidad y abrir el proceso para atender su situación patrimonial.

El pronunciamiento de Peña marca una intervención directa del Poder Ejecutivo en la respuesta institucional a la crisis, tanto por el pedido de salida del titular del BCP como por el impulso de una modificación legal para acelerar la restitución de los recursos.

El Fondo de Garantía, en el centro de la respuesta

El BCP resolvió iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank luego de constatar que el índice de solvencia de la entidad se encontraba por debajo del 50% del mínimo requerido, tras ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

La medida se enmarca en la Ley Nº 2.334/03 y contempla la verificación de la situación patrimonial, la preservación de los activos y la aplicación de los mecanismos legales para atender las obligaciones con los depositantes.

Actualmente, el Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales, equivalentes a G. 228.300.000 por persona y por entidad financiera. La cobertura se aplica por depositante, independientemente de la cantidad de cuentas que tenga en la institución.

La propuesta anunciada por Peña busca acelerar el acceso a esos recursos, evitando que los ahorristas deban esperar hasta la culminación de todas las etapas del procedimiento. No obstante, los alcances concretos dependerán del texto del proyecto, de su aprobación legislativa y de la reglamentación de los mecanismos de pago.

La exposición de los fondos públicos

Otro de los puntos centrales del anuncio es la devolución de los recursos pertenecientes al Estado y a los sistemas previsionales públicos. El IPS había informado que mantiene inversiones por US$ 355 millones en instrumentos de ueno bank, equivalentes al 9% de su cartera de inversiones.

El volumen incluye certificados de depósito de ahorro y bonos financieros. El Instituto había señalado que aplicará los procedimientos administrativos y legales necesarios para recuperar sus acreencias, aunque los plazos y las posibilidades de restitución dependen del desarrollo del proceso de resolución.

La inclusión de estos recursos en el proyecto de ley introduce una dimensión adicional a la crisis: además de los ahorros de clientes particulares, está en juego la recuperación de inversiones institucionales y fondos destinados a compromisos previsionales.

El alcance de la garantía anunciada por el presidente deberá precisarse en el proyecto legislativo. En particular, será relevante conocer cómo se instrumentará la devolución de los recursos públicos y previsionales, qué fuentes de financiamiento se utilizarán y qué obligaciones asumirán el Fondo de Garantía y el Estado.

Peña afirma que se trata de un caso particular

En su pronunciamiento, el presidente sostuvo que la situación corresponde a una entidad específica y no al sistema financiero nacional. También afirmó que quienes resulten responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones ni privilegios.

La declaración coincide con la posición expresada por el BCP, que calificó el caso como particular y aseguró que no representa una condición generalizada del sistema financiero paraguayo.

Sin embargo, la crisis ya generó pronunciamientos de gremios empresariales, bancarios y sindicales, que reclamaron rapidez en la devolución de los depósitos, transparencia en las actuaciones y determinación de eventuales responsabilidades.

Con el proyecto anunciado, el Gobierno busca trasladar la respuesta desde el procedimiento administrativo de resolución hacia una vía legislativa que permita acelerar los pagos. El resultado dependerá ahora del contenido de la iniciativa, su tratamiento en el Congreso y la capacidad de las instituciones para cumplir con la restitución de los recursos comprometidos.

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