El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, pidió al presidente de la República, Santiago Peña, que adopte medidas legales e institucionales para atender a las familias afectadas por la crisis financiera vinculada a ueno bank. En una nota dirigida al mandatario, señaló que la prioridad debe ser garantizar una respuesta a los ahorristas, acelerar la recuperación de sus activos e investigar las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.
En el documento, Cartes informó que mantuvo conversaciones con senadores y acercó propuestas para impulsar la ampliación de la Ley N.º 2334/03, que regula el sistema de garantía de depósitos y la resolución de entidades de intermediación financiera. La iniciativa busca, según explicó, fortalecer los mecanismos de protección y facilitar que los depositantes recuperen sus recursos en el menor tiempo posible.
El titular de la ANR sostuvo que la situación exige respuestas inmediatas y que la atención debe concentrarse especialmente en las personas que confiaron sus ahorros al sistema financiero con recursos provenientes de su trabajo. En ese sentido, reclamó que el Gobierno adopte medidas concretas para restablecer la confianza y proteger a quienes resultaron perjudicados.
La nota también pone el foco en el esclarecimiento de los hechos. Cartes solicitó que las investigaciones avancen hasta determinar las eventuales responsabilidades y que, si se comprueban delitos, todos los autores y cómplices sean sometidos a la Justicia. Asimismo, planteó que las instituciones del Estado y el Poder Judicial actúen con independencia, rigor y sin privilegios.
El pronunciamiento señala que el Partido Colorado está dispuesto a colaborar para superar la crisis, aunque condiciona ese acompañamiento a resultados concretos en materia de protección de los ahorristas, investigación y respuesta institucional.
El pedido de Cartes se produce en medio de las repercusiones de la resolución de ueno bank dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP), un proceso que abrió interrogantes sobre la cobertura de los depósitos, la exposición de fondos públicos y privados y los mecanismos disponibles para recuperar los recursos comprometidos.
La discusión sobre una eventual ampliación de la garantía de depósitos también introduce un debate sobre el alcance de los recursos que podrían quedar protegidos y las condiciones legales para su utilización. Cualquier modificación deberá considerar su impacto sobre el funcionamiento del Fondo de Garantía de Depósitos y la responsabilidad de las entidades y personas involucradas.
