El Ministerio Público dispuso la apertura de tres investigaciones penales y conformó un equipo de fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción. Las denuncias incluyen cuestionamientos sobre la supervisión y resolución de ueno bank, la colocación de fondos públicos en la entidad y la actuación de autoridades y exautoridades de organismos estatales.
El Fiscal General del Estado dispuso la apertura de tres causas penales para investigar denuncias que involucran al presidente Santiago Peña, al vicepresidente de la República, a autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras instituciones públicas.
La decisión fue adoptada a partir de un memorando de la Dirección del Gabinete Fiscal, presentado el 05 de noviembre de 2026, que solicitó la apertura de las investigaciones y la conformación de un equipo de agentes fiscales especializados para analizar los hechos puestos a conocimiento del Ministerio Público.
Uno de los antecedentes es la ampliación de una denuncia presentada por senadores y diputados de la Nación contra Santiago Peña, originalmente ingresada el 22 de octubre de 2025 y registrada con el número 12.355. En esta nueva presentación se incorporaron hechos relacionados con la supervisión y resolución de ueno bank S.A., la colocación de fondos públicos en la entidad financiera y los cuestionamientos sobre el desempeño de las autoridades del Banco Central y de las instituciones públicas depositantes.
A esta presentación se sumó otra denuncia formulada por senadores de la Nación el 05 de noviembre, registrada con el número 13.762. Esta incluye al presidente, al vicepresidente, al exministro de Economía y Finanzas, así como a autoridades y exautoridades del BCP, del IPS y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El documento también menciona una denuncia presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera Chávez.
Equipo fiscal especializado
Para avanzar con las investigaciones, la Fiscalía General resolvió conformar un equipo integrado por agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, con sede en Asunción.
Los fiscales designados son Elena Fiore Franco, titular de la Unidad Especializada de Delitos Económicos N.º 1; Silvia González Vester, de la Unidad N.º 3; y Christian Manuel Cáceres, de la Unidad N.º 6. También fue designada la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín para intervenir en el equipo de trabajo.
La resolución señala que la conformación de este grupo busca optimizar las tareas de investigación y esclarecer los hechos denunciados que eventualmente podrían constituir conductas punibles.
El Ministerio Público, en su condición de órgano encargado de impulsar la investigación y ejercer la acción penal pública, deberá reunir los elementos de convicción, determinar las circunstancias de los hechos y establecer si existen responsabilidades penales.
La investigación no implica una imputación
La apertura de las causas penales constituye el inicio de las investigaciones formales sobre los hechos denunciados. No representa, por sí misma, una imputación ni una declaración de culpabilidad contra las personas mencionadas en las presentaciones.
Las pesquisas deberán determinar si existieron irregularidades en la supervisión de ueno bank, en la colocación de recursos públicos en la entidad y en las actuaciones de las autoridades responsables de los controles y decisiones vinculadas al caso.
La decisión del Ministerio Público se produce en medio de una crisis que trascendió el ámbito financiero y derivó en una fuerte conmoción política e institucional, luego de que el Banco Central dispusiera el proceso de resolución de ueno bank y se activaran cuestionamientos sobre la exposición de fondos públicos y previsionales.
