El mandatario no compareció personalmente ante el Senado y estuvo representado por sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. La defensa sostiene que la renuncia presentada por Peña impide continuar con el enjuiciamiento y advierte que el procedimiento podría ser nulo. Sin embargo, reconoció la gravedad de la crisis bancaria y afirmó que los ahorristas y jubilados afectados merecen respuestas.
En la foto: abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro
El juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña, comenzó este viernes al mediodía en el Congreso Nacional, en medio de la crisis desatada por la resolución de ueno bank y las repercusiones económicas, financieras y políticas del caso. El procedimiento se desarrolla un día después de que el mandatario presentara su renuncia al cargo, según lo informado y, luego de que el Congreso rechazara su pedido de una prórroga de 72 horas para preparar su defensa.
Peña decidió no comparecer personalmente ante el Senado y designó a sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda para ejercer su representación. Durante la audiencia, ambos cuestionaron la viabilidad jurídica del juicio político y plantearon que la renuncia del mandatario debería poner fin al procedimiento.
Ferreiro sostuvo que el juicio político está concebido como un mecanismo de control institucional y no como una herramienta para restringir derechos. En esa línea, afirmó que el enjuiciamiento podría resultar nulo si se desarrolla contra una persona que ya presentó su renuncia al cargo.
«No tiene sentido juzgar a quien ya se ha ido del cargo», manifestó el abogado, quien argumentó que uno de los requisitos para someter a un funcionario a juicio político es que se encuentre en ejercicio de sus funciones. Según su interpretación, la renuncia constituye un derecho y, una vez presentada, debería cesar la posibilidad de continuar con el proceso.
El defensor también cuestionó que se niegue a Peña la posibilidad de apartarse del juicio mediante su renuncia. «Al negarle al presidente de la República el derecho a salirse del juicio político, es decir, a renunciar al privilegio que tiene, le estamos haciendo un daño al sistema institucional del país y nos estamos exponiendo una vez más a la vergüenza en los foros internacionales y en la opinión pública internacional», expresó.
Ferreiro insistió en que el procedimiento carecería de sustento jurídico, político e institucional. Además, advirtió sobre eventuales consecuencias internacionales si se adoptan decisiones que, a su criterio, vulneren las garantías del mandatario.
«Este juicio político no tiene ninguna viabilidad jurídica, ni política, ni institucional, desde el momento en que el presidente Santiago Peña ha presentado su renuncia, que no puede sino ser aceptada», sostuvo.
El abogado también señaló que el juicio político debe funcionar como una garantía frente a posibles arbitrariedades. «El presidente de la República tiene el juicio político como un freno a ataques arbitrarios utilizando el sistema judicial», afirmó.
En su exposición, Ferreiro advirtió que el país podría quedar expuesto a cuestionamientos internacionales y sostuvo que la defensa recurrirá a las instancias correspondientes si considera que se vulneran los derechos de Peña. «Cuando se juzga a alguien, se juzga también al sistema que lo juzga», expresó ante los senadores.
Preda cuestiona el uso de las mayorías parlamentarias
Por su parte, Ricardo Preda centró sus cuestionamientos en las garantías del debido proceso y en los límites de las mayorías parlamentarias. El abogado sostuvo que el Senado puede evaluar la conducta del presidente, pero no modificar las reglas constitucionales para alcanzar una decisión política.
«Ustedes son libres de definir si les parece que el presidente Peña ha cometido mal desempeño. Pero sobre lo que no tendrían que decidir jamás es en subvertir las reglas de juego simplemente para salirse con la suya», manifestó.
Preda también mencionó antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados con las garantías procesales en procedimientos de juicio político. Su planteamiento apunta a que el enjuiciamiento debe respetar las reglas institucionales, independientemente de la correlación de fuerzas dentro del Congreso.
La defensa reconoce la crisis bancaria y el impacto sobre ahorristas y jubilados
Uno de los puntos relevantes de la intervención de Preda fue el reconocimiento de la gravedad de la crisis financiera vinculada a ueno Bank. El abogado aclaró que la defensa no pretende desconocer las dificultades que atraviesan los ahorristas y jubilados afectados por la situación.
«Nosotros no venimos a decir acá que no hubo una crisis de un banco, ni que los ahorristas y los jubilados no merezcan respuesta. Las merecen», afirmó.
El defensor también mencionó que más de 700.000 personas estarían recuperando progresivamente su situación, aunque esa cifra fue expuesta por la defensa y requiere corroboración mediante datos oficiales.
Preda reconoció, además, la participación del Congreso en las medidas adoptadas para atender las consecuencias de la crisis. No obstante, insistió en que la respuesta institucional al problema financiero no debe estar desligada del respeto a las garantías constitucionales.
El inicio del juicio político coloca en el centro de la discusión dos cuestiones: las responsabilidades políticas que puedan derivarse de la crisis de ueno Bank y la controversia jurídica sobre la continuidad del procedimiento luego de la renuncia presentada por Peña.
Mientras la defensa sostiene que el enjuiciamiento no puede continuar si el mandatario deja el cargo, el Senado debe resolver el curso del proceso. La discusión se desarrolla en un contexto de fuerte tensión institucional, con ahorristas, jubilados y otros sectores afectados que siguen aguardando respuestas sobre las consecuencias de la crisis financiera.
