La penúltima sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, en el marco del juicio político al presidente Santiago Peña, estuvo marcada por la presentación de los alegatos de los fiscales acusadores, quienes insistieron en que el mandatario incurrió en mal desempeño de sus funciones por una serie de decisiones y omisiones relacionadas con Ueno Bank, los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y sus presuntos vínculos económicos con el Grupo Vázquez.
Los diputados Rocío Vallejo, Raúl Benítez, Adrián “Billy” Vaesken, Rodrigo Blanco, Luis Franco Alfaro, Carlos Núñez Salinas y Pedro Gómez expusieron sus argumentos ante el Senado. En sus intervenciones, apuntaron a la relación entre el entorno económico del presidente y la entidad financiera, cuestionaron la actuación de las autoridades de control y sostuvieron que el Ejecutivo no habría intervenido oportunamente para evitar la exposición de recursos públicos y previsionales.
Vallejo afirmó que Peña mantuvo vínculos económicos con el Grupo Vázquez como accionista hasta marzo de 2025. A su criterio, el hecho de que haya dejado de tener acciones no implica que haya perdido su compromiso con el grupo. También cuestionó la actuación del Banco Central del Paraguay (BCP) frente a las alertas sobre la situación de ueno Bank.
La diputada mencionó la información divulgada sobre pagos de G. 55 millones que habría recibido la esposa del titular del BCP, Carlos Carvallo, por servicios de asesoría económica y financiera al Grupo Vázquez. En ese contexto, recordó el denominado informe Rivarola, que, según sostuvo, advertía sobre falencias de la entidad bancaria. Afirmó que Peña firmó un decreto que terminó enviando el documento “al freezer”.
Otro de los ejes de su alegato fue la exposición de los fondos del IPS. Vallejo cuestionó que la defensa presidencial atribuyera autonomía al instituto y al BCP para deslindar responsabilidades del Ejecutivo. Sostuvo que Peña tiene incidencia en la designación de las autoridades de ambas instituciones y recordó que nombró a Carvallo al frente del Banco Central y a Britez en el IPS.
La legisladora también aludió a los efectos de la crisis sobre los trabajadores y ahorristas. “Muchísima gente no vio su sueldo de octubre, para ir detrás de un reintegro”, expresó.
Por su parte, el diputado Raúl Benítez sostuvo que durante la administración de Peña se habría adecuado el marco normativo y jurídico para favorecer a ueno bank. Cuestionó además la gestión económica del mandatario y utilizó expresiones críticas sobre su formación como economista y su desempeño al frente del Ejecutivo.
Benítez también objetó la representación legal de Peña durante el proceso. Alegó que los abogados que comparecieron en su nombre no contarían con legitimidad ni personería suficiente para intervenir mediante la carta poder presentada y pidió que esa observación constara en acta.
Adrián “Billy” Vaesken, en tanto, ratificó la acusación y solicitó al Senado que declare culpable al presidente por mal desempeño de sus funciones y disponga su destitución. Sostuvo que la defensa no respondió de manera específica a los cinco ejes del libelo acusatorio. “Negar no es refutar”, afirmó.
El diputado explicó que la acusación no se basa en la existencia de una orden expresa para cometer un delito, sino en una secuencia de decisiones y omisiones que, según su planteamiento, habrían subordinado el interés público a intereses privados. También rechazó que la autonomía del IPS y del BCP constituya un argumento suficiente para excluir la responsabilidad política del presidente.
En relación con los fondos previsionales, Vaesken cuestionó que la defensa no explicara la exposición del IPS a Ueno Bank y planteó que la responsabilidad de Peña debía analizarse considerando el conjunto de decisiones adoptadas durante su administración. Sobre el patrimonio del mandatario, aclaró que el cuestionamiento no apunta a su riqueza en sí misma, sino a una eventual incompatibilidad entre sus intereses económicos y sus funciones como presidente y autoridad vinculada al sistema de regulación.
El diputado Rodrigo Blanco centró su intervención en el destino de los recursos públicos y en las prioridades del gobierno. Comparó los fondos comprometidos para atender la crisis de ueno bank con las necesidades presupuestarias del sistema de salud, particularmente la provisión de medicamentos oncológicos.
“¿A quién se salva primero? ¿Al banco de los amigos o al enfermo de cáncer que hasta hoy no tiene su medicamento?”, planteó. Blanco sostuvo que el Ejecutivo había alegado falta de recursos ante iniciativas destinadas a cubrir necesidades sanitarias, mientras que, a su criterio, sí existió voluntad política para adoptar decisiones en favor de la entidad financiera.
El diputado Pedro Gómez también cuestionó el desempeño presidencial y advirtió sobre las consecuencias de la crisis para los ciudadanos. “No podemos desconocer a la persona que tuvo un mal desempeño en sus funciones. Muchos no van a cobrar”, manifestó.
Los alegatos de los fiscales acusadores se desarrollaron en una sesión clave del proceso, en la que los legisladores insistieron en que la crisis de Ueno Bank no debía analizarse únicamente desde su dimensión financiera, sino también desde las decisiones políticas, regulatorias y administrativas que rodearon a la entidad.
Las afirmaciones sobre los vínculos económicos, las actuaciones de las autoridades y las presuntas omisiones forman parte de los argumentos presentados por la acusación y deberán ser consideradas por el Senado en el marco del juicio político.
