El Ministerio Público informó sobre los avances de las investigaciones relacionadas con ueno bank y la causa que involucra al expresidente de la República, Santiago Peña, y al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. Los fiscales señalaron que las pesquisas avanzan en distintas líneas, con el rastreo de activos, la identificación de personas y empresas vinculadas, la recolección de evidencias y la cooperación internacional para asegurar bienes que podrían estar relacionados con los hechos investigados.
Durante una conferencia de prensa, los fiscales adjuntos Nancy Salomón, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), y Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales, junto con los agentes fiscales Francisco Cabrera y Silvia González, expusieron los principales avances de ambas causas.
Salomón calificó la investigación como compleja y anunció que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la incorporación de cuatro agentes fiscales de la UDEA a los equipos de trabajo. También indicó que se sumarán más fiscales de apoyo en función de las necesidades que surjan durante el desarrollo de las diligencias.
La fiscal adjunta aclaró que las actuaciones se encuentran en una etapa reservada, por lo que no es posible divulgar todos los detalles de las pesquisas.
37 empresas y 35 personas bajo investigación
Por su parte, el fiscal Francisco Cabrera explicó que la causa relacionada con ueno Bank comenzó el 03 de noviembre, fecha en que se emitieron las primeras órdenes de detención. Al día siguiente se concretó la imputación de 27 personas.
Hasta el momento, los investigadores identificaron aproximadamente 37 empresas y unas 35 personas vinculadas al caso. Cabrera adelantó que se esperan nuevas imputaciones y otras medidas orientadas a asegurar bienes que podrían estar relacionados con los hechos investigados.
El trabajo fiscal se concentra en cuatro frentes: establecer los hechos y determinar quiénes serían los responsables; rastrear el patrimonio de personas y empresas; recuperar los activos; y realizar allanamientos para obtener documentos y otros elementos de prueba.
Uno de los objetivos señalados por Cabrera es lograr que los ahorristas puedan recuperar la totalidad de sus depósitos. Para ello, la Fiscalía busca identificar y asegurar los bienes que eventualmente puedan servir para responder por los perjuicios ocasionados.
El agente fiscal también se refirió a las medidas que afectan a empresas vinculadas a la investigación. Indicó que las restricciones sobre sus bienes serán levantadas una vez que se pueda comprobar el origen de los fondos. Según explicó, la intención es evitar que las medidas cautelares perjudiquen a trabajadores y a firmas que desarrollaban actividades comerciales reales.
La causa contra Peña y Carvallo
En relación con la investigación que involucra a Santiago Peña y Carlos Carvallo, la agente fiscal Silvia González explicó que el expediente se originó a partir de denuncias presentadas por legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional.
González señaló que, ante el riesgo de fuga que, según la Fiscalía, existía luego del juicio político y la destitución, se dispuso la detención de ambos expresidentes. Posteriormente, se presentaron las imputaciones y se tomaron sus declaraciones dentro de los plazos legales.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, Peña fue imputado por los hechos punibles de administración en provecho propio y lesión de confianza. En tanto, Carvallo enfrenta imputaciones por lesión de confianza y producción mediata de documento público de contenido falso.
La fiscal también brindó detalles sobre los procedimientos realizados en el marco de esta causa. Con autorización judicial, se allanó una vivienda ubicada en San Bernardino, donde los investigadores encontraron una bóveda de seguridad de alta complejidad, cuya apertura requerirá equipos especializados.
En el inmueble también fueron incautadas computadoras, otros dispositivos electrónicos y documentos que podrían aportar información relevante para la investigación. Además, se encontró un teléfono celular en los lugares de reclusión. González aclaró que las detenciones se habían ejecutado mediante una resolución fiscal, atendiendo a la urgencia del caso, mientras que la incautación del dispositivo se realizó posteriormente, mediante una orden judicial.
Cooperación internacional para recuperar activos
El fiscal adjunto Manuel Doldán explicó que otra de las líneas de trabajo consiste en localizar y asegurar bienes que podrían encontrarse fuera del país. El propósito es avanzar en su eventual repatriación y utilizarlos para indemnizar a las víctimas, conforme a los procedimientos legales correspondientes.
En ese contexto, indicó que el Ministerio Público mantiene contactos con autoridades de Luxemburgo y Argentina. Asimismo, señaló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció su colaboración para las diligencias internacionales.
La cooperación busca facilitar la identificación de activos y evitar que eventuales recursos vinculados con los hechos investigados queden fuera del alcance de las autoridades paraguayas.
El Ministerio Público continuará con las diligencias en ambos expedientes, mientras avanzan las tareas para determinar responsabilidades, reunir elementos probatorios y asegurar bienes. Las imputaciones y medidas adoptadas forman parte de investigaciones en curso y deberán ser sometidas a las instancias judiciales correspondientes.
