En una nota dirigida al presidente de la República, Pedro Alliana, representantes de los sectores productivos, industriales, comerciales y de servicios reclamaron una revisión integral del Presupuesto General de la Nación 2027. Advirtieron sobre el impacto económico de la crisis de ueno bank, cuestionaron las proyecciones fiscales y exigieron recortes de gastos improductivos, eliminación de privilegios y una investigación sobre las fallas de control que permitieron el descalabro financiero.
Los gremios de la producción, la industria, el comercio, los servicios y diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron al presidente de la República, Pedro Alliana, reformular el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, al considerar que la propuesta presentada ante el Congreso no contempla adecuadamente las consecuencias económicas y fiscales de la crisis de ueno bank.
En una nota fechada el 10 de noviembre, los representantes empresariales sostuvieron que Paraguay atraviesa un momento decisivo, marcado por la coyuntura política y el proceso de resolución bancaria en curso. En ese contexto, señalaron que la preservación del grado de inversión, la recuperación de la confianza económica y la generación de empleo requieren instituciones independientes, rigor técnico y respeto al Estado de derecho.
«Paraguay no tiene más margen de error», expresaron en el documento, en el que también reclamaron investigar y sancionar la falta de controles y la eventual complicidad de quienes tenían la responsabilidad de supervisar el sistema. Afirmaron que la recuperación económica requiere determinar responsabilidades, recuperar recursos y corregir las fallas que posibilitaron la situación actual.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al proyecto del PGN 2027. Los gremios consideran que el documento no refleja las prioridades que exige la coyuntura y cuestionan que esté construido sobre proyecciones de ingresos que, a su criterio, no responden a la realidad.
Entre los puntos observados mencionaron beneficios que consideran insostenibles, reducciones del déficit y aumentos de recaudación sin suficiente sustento, emisiones de bonos en guaraníes para financiar gastos bajo condiciones que cuestionan por su compatibilidad legal y la postergación de problemas estructurales, como el déficit creciente de la Caja Fiscal.
El sector privado advirtió que el presupuesto tampoco contempla las posibles consecuencias de la crisis bancaria sobre la actividad económica. En particular, mencionó los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos, un perjuicio estimado para las arcas públicas de entre el 1,5% y el 2% del producto interno bruto (PIB), la caída del movimiento comercial y el riesgo de cierre o reducción de operaciones de numerosas micro, pequeñas y medianas empresas.
A esto sumaron la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo, con posibilidades de que la cifra aumente, además del deterioro de las condiciones para la emisión de deuda soberana.
Ante este escenario, solicitaron una revisión integral del PGN 2027, con ingresos realistas, gastos financiables y cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, así como de la convergencia hacia un déficit fiscal del 1,5% del PIB.
Recortes del gasto y revisión de privilegios
Otro de los planteamientos centrales apunta a reducir de inmediato el gasto corriente improductivo y eliminar privilegios corporativos, aumentos salariales que consideran injustificados y erogaciones superfluas.
Los gremios plantearon que los recursos disponibles deben priorizar sectores como salud, seguridad ciudadana y educación pública. Para ello, propusieron revisar los desembolsos destinados a pasajes, viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.
También solicitaron que los programas sociales y subsidios cuenten con una identificación precisa de sus beneficiarios, justificación de las asignaciones y mecanismos que permitan demostrar sus resultados.
Dentro de las medidas específicas, incluyeron la reducción de contrataciones fuera del régimen de la función pública que no respondan a necesidades esenciales y limitar la cobertura de las aproximadamente 10.000 vacancias anuales a las áreas prioritarias del Estado.
En materia previsional, reclamaron impulsar una reforma inmediata de la Caja Fiscal, al considerar que su déficit no puede continuar trasladándose a los contribuyentes. Asimismo, propusieron revisar el régimen médico de doce horas semanales y los ajustes asociados, vinculando el gasto público con la atención efectiva a la población.
También solicitaron dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social para que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones pueda cumplir sus obligaciones legales.
Ahorristas, fondos públicos y recuperación de recursos
La crisis de ueno bank ocupa un lugar central en las propuestas presentadas al Ejecutivo. En ese sentido, los gremios plantearon establecer mecanismos legales para destinar los bienes recuperados de los responsables y liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) a reparar el perjuicio de los ahorristas cuyos depósitos no estén cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.
El planteamiento apunta especialmente a quienes confiaron sus recursos en la entidad y en los informes del Banco Central del Paraguay (BCP).
Otro pedido consiste en establecer por ley un registro actualizado diariamente de los depósitos públicos. El sistema debería identificar los fondos correspondientes a cada institución estatal, el banco depositario, los montos, las modalidades y los plazos de colocación.
La propuesta busca contar con información permanente sobre dónde se encuentran los recursos de las instituciones públicas y bajo qué condiciones se mantienen depositados.
En el ámbito de la recaudación y el comercio, los gremios solicitaron optimizar el control de los peajes, con intervención de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) dentro de sus competencias, y destinar los recursos al mantenimiento vial.
También reclamaron campañas de formalización para ampliar la base de aportantes al sistema económico y previsional, además de reforzar los controles contra el contrabando para proteger las inversiones nacionales.
Entre otras modificaciones, propusieron integrar la actividad de Turismo como dependencia del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mediante los cambios legales correspondientes.
Sector privado ofrece cooperación y anuncia veeduría
El documento también incluye compromisos del propio sector empresarial. Los gremios pusieron a disposición de las autoridades sus equipos técnicos para colaborar en la reformulación del presupuesto y en las medidas destinadas a recuperar la confianza económica.
Entre sus compromisos mencionaron impulsar una agenda conjunta para atraer inversiones productivas en sectores estratégicos y generar empleo formal, promover estándares de cumplimiento normativo, transparencia y buenas prácticas de gobierno corporativo, además de ejercer veeduría ciudadana sobre el uso de los recursos públicos y los procesos de compras estatales.
Los representantes empresariales remarcaron que las exigencias de integridad deben alcanzar tanto al sector público como al privado y que ningún cargo, vínculo político o poder económico debería servir de protección para quienes resulten responsables de irregularidades.
Finalmente, solicitaron al presidente Alliana decisiones verificables en materia presupuestaria, austeridad, controles independientes y sanciones. Sostuvieron que el sector empresarial está dispuesto a colaborar, pero que corresponde a las autoridades adoptar las medidas necesarias frente a la coyuntura.
