La Procuraduría General de la República solicitó intervenir en las causas penales vinculadas al caso ueno Bank, con el objetivo de acceder a las actuaciones de la investigación y precautelar los intereses patrimoniales del Estado. En paralelo, el Ejecutivo anunció que trabaja en un proyecto de ley para crear un consejo transitorio que administre determinadas empresas vinculadas al banco intervenido y busque preservar su funcionamiento y los puestos de trabajo.
El procurador general de la República, Samuel Rojas, informó que la institución presentó el pedido de intervención ante las instancias correspondientes. La participación permitirá a la Procuraduría monitorear el desarrollo de las investigaciones y plantear cuestiones en coordinación con el Ministerio Público.
Según explicó, el propósito es resguardar los recursos públicos y, en caso de comprobarse hechos punibles y determinarse responsabilidades, impulsar las acciones correspondientes para reclamar daños y perjuicios al Estado.
Rojas sostuvo que la intervención busca reforzar la persecución de los hechos investigados y aseguró que no pretende interferir en las atribuciones de los fiscales. Por el contrario, señaló que la intención es trabajar de manera coordinada con el Ministerio Público.
La solicitud se produce en medio de las investigaciones derivadas de la crisis de ueno bank y de las posibles consecuencias patrimoniales para el sector público. La Procuraduría busca así participar en el proceso judicial para seguir de cerca las actuaciones y evaluar eventuales reclamos en defensa del Estado.
Ejecutivo plantea un consejo para empresas vinculadas
Por otra parte, el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Eduardo González, anunció la preparación de un proyecto de ley para crear un consejo transitorio de supervisión de sociedades vinculadas a ueno Bank.
La iniciativa apunta a establecer un mecanismo de administración para determinadas empresas relacionadas con el grupo, con el argumento de mantenerlas operativas y proteger las fuentes de trabajo. El organismo tendría a su cargo identificar cuáles compañías cuentan con condiciones para sostener sus activos, regularizar su situación y continuar funcionando.
De acuerdo con González, el consejo estaría integrado por representantes del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, la propuesta contempla exclusiones. No alcanzaría a las empresas incluidas por el Banco Central del Paraguay (BCP) dentro del proceso de resolución ni a aquellas afectadas por la administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
El asesor jurídico indicó que el proyecto ya fue socializado con distintos sectores y que recibió receptividad. Argumentó que el objetivo es contar con un instrumento legal que permita actuar ante situaciones de este tipo.
Mientras la Procuraduría busca intervenir en las causas penales para resguardar los intereses del Estado, el Ejecutivo plantea un esquema transitorio para determinadas empresas vinculadas, cuya administración y continuidad quedarían sujetas a los criterios que establezca la eventual ley.
