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Asunción hereda una deuda de US$ 395 millones y abre investigación sobre los bonos

La intendenta de Asunción, Soledad Núñez, informó que el pasivo heredado alcanza G. 2,3 billones, según el balance de la administración saliente. De ese monto, US$ 135 millones corresponden al capital de bonos y US$ 156 millones a intereses. La nueva gestión también puso bajo investigación la transferencia de un inmueble municipal de más de 900 m² a una accionista vinculada al Grupo Vázquez.

La Municipalidad de Asunción registra un pasivo de G. 2,3 billones, equivalente a aproximadamente US$ 395 millones, de acuerdo con el balance recibido por la administración de la intendenta Soledad Núñez. El volumen de las obligaciones financieras coloca a la situación de la comuna entre los principales desafíos de la nueva gestión, que anunció una revisión del destino de los recursos obtenidos mediante emisiones de bonos.

Según los datos presentados, unos US$ 135 millones corresponden al capital de los bonos emitidos por la Municipalidad, mientras que US$ 156 millones representan intereses. A estas obligaciones se suman cerca de US$ 20 millones en compromisos con proveedores.

El asesor financiero de la Intendencia, Stephan Rasmussen, cuestionó el destino de los recursos captados mediante las emisiones. Señaló que la Municipalidad recibió aproximadamente G. 800.000 millones en concepto de bonos, pero que ese dinero no aparece en las cuentas municipales ni se refleja, según sus declaraciones, en las obras que debían financiarse.

El planteamiento abre interrogantes sobre la utilización de los fondos y el cumplimiento de los objetivos de las emisiones, especialmente considerando que parte de los recursos estaba destinada a proyectos de infraestructura. La administración municipal deberá contrastar los registros financieros, las obligaciones asumidas y la ejecución efectiva de las obras para determinar qué ocurrió con el dinero.

Intereses impagos y compromisos con bonistas

Rasmussen también indicó que los pagos de intereses de los bonos se interrumpieron en mayo de 2025. Posteriormente, durante la administración del exintendente Luis Bello, se habría alcanzado un acuerdo con los bonistas para abonar G. 200.000 millones a finales de marzo.

Este compromiso se suma a la carga financiera que enfrenta la comuna y condiciona su capacidad para atender otras obligaciones, como los pagos a proveedores y los gastos necesarios para mantener los servicios municipales.

El desafío no se limita al volumen de la deuda, sino también a la necesidad de reconstruir la trazabilidad de los recursos obtenidos mediante el mercado de capitales. La revisión deberá establecer cuánto se emitió, qué destinos tuvieron los fondos, qué obras fueron ejecutadas y cuáles compromisos siguen pendientes.

Investigan transferencia de inmueble municipal a accionista vinculada al Grupo Vázquez

En paralelo al análisis financiero, la Municipalidad investiga la transferencia de un inmueble municipal de más de 900 metros cuadrados, ubicado en el barrio Mbocayaty, también conocido como La Piedad, a favor de Rebeca Villasanti, quien, según la información proporcionada por la administración comunal, figura como accionista del Grupo Vázquez, Ueno Bank y la sociedad U Luxemburgo.

La operación habría sido concretada por un monto inferior a G. 200 millones. La secretaria general de la Municipalidad, Estefanía Careaga, informó que se identificó el expediente de la transferencia y que se busca determinar quiénes intervinieron en el procedimiento, tanto dentro como fuera de la institución.

La investigación se enmarca en una revisión más amplia de inmuebles municipales. La Intendencia informó que tiene bajo análisis 26 propiedades y que, hasta el momento, identificó tres transferencias presuntamente irregulares. La administración anunció acciones judiciales y administrativas para recuperar los terrenos y establecer eventuales responsabilidades.

Careaga señaló que un operativo municipal permitió detener el intento de amurallar los terrenos. Sostuvo que los inmuebles forman parte del dominio privado de la Municipalidad y, por tanto, del patrimonio de los contribuyentes asuncenos.

La nueva administración deberá determinar si la transferencia cumplió con los procedimientos legales y administrativos correspondientes, así como la eventual participación de funcionarios y particulares. Por ahora, los hechos se encuentran bajo investigación y las responsabilidades deberán establecerse a partir de las actuaciones administrativas y judiciales.

Con dos frentes abiertos —la revisión de un pasivo de G. 2,3 billones y la investigación sobre operaciones con terrenos municipales—, la gestión de Núñez enfrenta el desafío de transparentar la situación patrimonial de la comuna, identificar el destino de los recursos públicos y establecer las responsabilidades que correspondan.

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