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Caso ueno: presentan denuncia penal contra exfiscal general

La senadora Yolanda Paredes y la diputada Rocío Vallejo presentaron una denuncia penal contra el exfiscal general del Estado Emiliano Rolón, por presunta obstrucción a la persecución y ejecución penal, asociación criminal y tráfico de influencias. Las legisladoras cuestionan su actuación al frente del Ministerio Público durante la crisis de ueno bank y piden investigar posibles demoras en procedimientos que habrían comprometido la preservación de pruebas.

La salida de Emiliano Rolón Fernández del Ministerio Público no puso fin a los cuestionamientos sobre su gestión al frente de la institución. La senadora Yolanda Paredes y la diputada Rocío Vallejos formalizaron una denuncia penal en contra del exfiscal general del Estado, con el objetivo de determinar si existieron responsabilidades penales en el manejo de las investigaciones vinculadas al caso ueno bank y la posible implicancia del expresidente de la República, Santiago Peña Palacios.

La presentación incluye presuntos hechos punibles de obstrucción a la persecución y ejecución penal, asociación criminal y tráfico de influencias. Las legisladoras cuestionan la falta de diligencia que, según sostienen, habría caracterizado determinadas actuaciones fiscales, particularmente las demoras en la ejecución de allanamientos y otras diligencias investigativas.

Uno de los principales puntos de la denuncia es la posibilidad de que esas demoras hayan permitido el ocultamiento, la alteración o la destrucción de elementos probatorios relevantes para las investigaciones. Por ello, solicitan que se examinen las instrucciones impartidas durante la administración de Rolón y se determinen las razones por las cuales determinados procedimientos no se habrían realizado oportunamente.

Las parlamentarias también plantean la necesidad de preservar documentos institucionales, reconstruir la cadena de decisiones dentro del Ministerio Público y tomar declaración a los agentes fiscales que intervinieron en las causas. El objetivo es establecer si las decisiones respondieron a criterios técnicos y jurídicos o si existieron actuaciones orientadas a obstaculizar el avance de las investigaciones.

El cuestionamiento también alcanza los tiempos de actuación fiscal en la denuncia presentada por legisladores de la oposición contra el entonces presidente Santiago Peña por supuesto crecimiento patrimonial. Esa presentación fue realizada en octubre de 2025, pero, según los antecedentes expuestos por los denunciantes, el Ministerio Público abrió una investigación recién siete meses después. La imputación contra Peña se produjo en noviembre, cuando ya enfrentaba un proceso de juicio político en el Congreso.

Paredes cuestionó particularmente la falta de diligencia de Rolón como responsable de conducir las investigaciones y sostuvo que no se habrían tomado los recaudos necesarios para avanzar oportunamente, especialmente en las actuaciones que involucraban al expresidente.

La senadora también rechazó que la renuncia del exfiscal general pueda interpretarse como el cierre de sus responsabilidades. “No puede ser que las personas de alto nivel de decisión simplemente renuncien y ya se vayan a su casa”, manifestó, al reclamar que quienes ocuparon cargos de máxima responsabilidad institucional también respondan por sus actuaciones.

Una salida marcada por el juicio político

La denuncia se presenta luego de la renuncia de Rolón a la titularidad del Ministerio Público, anunciada tras el avance del pedido de juicio político en su contra. La iniciativa, impulsada inicialmente por sectores de la oposición, comenzó a sumar respaldo de bancadas del oficialismo colorado, lo que incrementó la presión política sobre el entonces fiscal general.

Su salida se produjo en medio de los cuestionamientos a la actuación de la Fiscalía durante la crisis de Ueno Bank, un caso que también puso bajo escrutinio las relaciones entre el poder político, los organismos de control y las instituciones financieras.

Con la presentación penal, Paredes y Vallejo buscan que la gestión de Rolón sea examinada desde el ámbito judicial y que se determinen eventuales responsabilidades individuales en las decisiones adoptadas durante su administración.

La denuncia constituye un planteamiento de las legisladoras y no implica que los hechos punibles señalados estén comprobados. Corresponderá al Ministerio Público analizar los antecedentes, investigar las actuaciones denunciadas y determinar si existen elementos para avanzar con una eventual imputación.

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