El Ministerio Público ya cuenta con el informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre las declaraciones juradas del presidente Santiago Peña, en el marco de la denuncia impulsada por legisladores de la oposición por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y supuesto manejo irregular de recursos públicos.
El documento fue remitido a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros luego de la revisión solicitada por el propio mandatario tras el escándalo político generado por el caso conocido como los “sobres del poder”, vinculado al hallazgo y posterior desaparición de supuestos sobres con dinero en efectivo en Mburuvicha Róga durante el 2025.
La presentación realizada por parlamentarios opositores cuestionaba un presunto crecimiento patrimonial de más de G. 21.000 millones y pedía investigar el origen de los fondos, además de posibles irregularidades en el ejercicio de la función pública.
Sin embargo, el examen técnico realizado por la Contraloría concluyó que no se detectaron elementos que evidencien un incremento patrimonial desproporcionado o injustificado en los periodos analizados. Según el organismo de control, existe correspondencia entre los bienes declarados por Peña y la información obtenida de registros oficiales y entidades financieras.
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, explicó que el análisis se dividió en dos etapas. La primera comprendió los años 2014 al 2017, cuando Peña ocupó cargos como director del Banco Central del Paraguay y posteriormente ministro de Hacienda. De acuerdo con el informe, en ese periodo no se registraron variaciones patrimoniales consideradas llamativas o incompatibles con sus ingresos.
La segunda revisión abarcó desde el inicio de su mandato presidencial hasta septiembre de 2025, fecha en la que el jefe de Estado actualizó su declaración jurada. Para este tramo, los técnicos aplicaron un sistema de análisis mensual de ingresos y egresos mediante el método de flujo de caja, concluyendo que no existieron déficits ni inconsistencias financieras.
No obstante, el informe también menciona un crecimiento patrimonial registrado entre 2018 y 2023, estimado en poco más de G. 22.000 millones. Sobre ese punto, la Contraloría aclaró que no posee competencia para investigar periodos en los que la persona no se encontraba ejerciendo funciones públicas, por lo que ese lapso quedó fuera del examen institucional.
El organismo señaló además que gran parte de ese crecimiento patrimonial se encuentra dentro del sistema financiero formal, sujeto a controles de trazabilidad, monitoreo y verificación de origen de fondos.
Con el informe ya incorporado al expediente, será ahora la Fiscalía la encargada de determinar el alcance de los hallazgos y definir los próximos pasos dentro de la investigación abierta tras la denuncia opositora.
El caso continúa generando repercusión política debido a las acusaciones planteadas, el contexto del escándalo en la residencia presidencial y el debate público en torno a la transparencia patrimonial de las autoridades.
