La Asociación Paraguaya de Transportes de Cargas Internacionales (ApatraciI) expresó su preocupación por el aumento de la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil del 5% al 10%, al considerar que la medida podría incrementar los costos de mantenimiento de la flota y afectar la competitividad del transporte de cargas.
El gremio sostiene que el mayor contenido de biodiésel podría acelerar el desgaste de componentes clave de los sistemas de inyección de los camiones, por lo que anunció que solicitará reuniones con el Gobierno para exponer sus observaciones y plantear alternativas.
Según Apatraci, el impacto se sentiría principalmente en los vehículos de gran porte utilizados para el transporte internacional de cargas, que operan con un tipo de gasoil distinto al combustible de mayor refinación destinado a vehículos livianos.
Con base en evaluaciones técnicas citadas por la organización, la vida útil de las bombas inyectoras podría reducirse de entre cinco y ocho años a aproximadamente dos años, lo que obligaría a realizar reparaciones y reemplazos con mayor frecuencia.
El gremio indicó que reparar una bomba inyectora representa un costo de entre G. 10 millones y G. 15 millones, mientras que cada inyector nuevo para determinados modelos de camiones puede alcanzar los G. 12 millones. Considerando que algunos vehículos utilizan seis inyectores, la inversión en mantenimiento podría incrementarse de forma considerable para las empresas transportistas.
Desde Apatarci advierten que este aumento de los costos operativos terminaría trasladándose a la estructura de costos del transporte internacional de cargas, un sector considerado estratégico para el comercio exterior paraguayo y para la cadena logística de exportaciones e importaciones.
En ese contexto, la organización manifestó que buscará abrir una mesa de diálogo con las autoridades nacionales para analizar el impacto de la medida y evaluar alternativas que permitan compatibilizar la política de biocombustibles con la competitividad del sector.
Hasta el momento, las autoridades responsables de la política energética no emitieron una respuesta pública sobre los cuestionamientos planteados por el gremio transportista.
