El Ejecutivo anunció el envío al Congreso de dos proyectos que plantean modificar la estructura institucional del sector energético. La discusión será relevante para definir cómo Paraguay administra, regula y aprovecha su excedente eléctrico en los próximos años.
Paraguay se prepara para abrir una discusión que puede tener efectos importantes sobre uno de sus principales activos económicos: la energía eléctrica. El presidente Santiago Peña anunció el envío al Congreso Nacional de dos proyectos de ley que plantean crear un Ministerio de Minas y Energías y un ente regulador del sector eléctrico, con la intención de modificar la estructura institucional vigente.
La propuesta llega después de décadas en las que la Administración Nacional de Electricidad (Ande) concentró buena parte de las funciones vinculadas con la generación, transmisión y distribución del sistema eléctrico. La Ley N.º 966, que creó la Ande y estableció su marco de funcionamiento, tiene más de seis décadas. Cambiar ese esquema supone, por tanto, una discusión que excede la creación de nuevas instituciones y alcanza directamente al funcionamiento futuro del mercado energético.
Desde el punto de vista económico, el interés está en determinar si una nueva arquitectura institucional puede generar mejores condiciones para atraer inversiones, incorporar nuevas tecnologías y desarrollar una mayor capacidad de generación y transmisión. Paraguay dispone de una importante oferta de energía hidroeléctrica, pero transformar ese recurso en mayor actividad económica requiere resolver cuestiones que van desde la infraestructura y las tarifas hasta la regulación y las condiciones para que nuevos actores puedan participar del mercado.
La creación de un regulador independiente sería uno de los puntos centrales de la propuesta. Un organismo de estas características tendría que establecer reglas claras y previsibles para los distintos participantes del sector, además de supervisar el cumplimiento de las normas. Para los inversores, la previsibilidad regulatoria es un elemento determinante, especialmente en actividades que requieren grandes desembolsos de capital y tienen períodos prolongados de recuperación.
El segundo componente es la creación de un Ministerio de Minas y Energías, que concentraría la formulación de políticas para el sector energético. Esto podría permitir separar con mayor claridad las funciones de política pública, regulación y operación del sistema, aunque el alcance real de la reforma dependerá de lo que finalmente establezcan los proyectos y de cómo sean tratados durante su discusión legislativa.
La discusión también llega en un momento en que Paraguay necesita definir qué hará con su disponibilidad energética en el mediano y largo plazo.
La energía abundante puede representar una ventaja competitiva para industrias electrointensivas, centros de datos, producción de hidrógeno y otros proyectos que buscan fuentes renovables. Pero esa ventaja no se traduce automáticamente en inversiones: requiere infraestructura, capacidad de transmisión, reglas de acceso, precios competitivos y seguridad jurídica.
También será necesario evaluar cuánto costará la nueva estructura institucional y cómo se financiará. Crear ministerios, organismos reguladores y nuevas capacidades técnicas implica recursos públicos. Por eso, la reforma debería demostrar no solo qué problema busca solucionar, sino también cuáles serán sus resultados esperados, cómo se medirán y qué impacto tendrá sobre las tarifas, las inversiones y las finanzas del sector.
Otro aspecto clave será el tratamiento de la Ande. Cualquier modificación del modelo eléctrico tendrá que definir con precisión qué funciones permanecerán bajo su responsabilidad y cuáles podrían trasladarse o ser compartidas con otras instituciones. La separación entre formulación de políticas, regulación y operación puede contribuir a ordenar el sistema, pero también puede generar nuevas áreas de coordinación que deberán estar claramente delimitadas para evitar superposiciones.
Los proyectos anunciados todavía deben atravesar el Congreso y, por lo tanto, están lejos de constituir una reforma concluida. La participación de especialistas, empresas, academia y otros actores será importante para evaluar sus efectos antes de convertirlos en ley. En particular, será necesario conocer los textos completos, sus estudios técnicos y el impacto económico y financiero de las medidas propuestas.
Paraguay tiene una oportunidad para modernizar la institucionalidad energética, pero el resultado no dependerá del nombre de las nuevas instituciones. La verdadera prueba será si la reforma consigue convertir la energía disponible en más inversión, mayor productividad, nuevas industrias y mejores condiciones para el consumidor, sin trasladar ineficiencias a las cuentas públicas.
