La Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) emitió un pronunciamiento en el que cuestionó la política energética impulsada por el gobierno y manifestó su rechazo a las iniciativas planteadas para reorganizar institucionalmente el sector eléctrico paraguayo.
El posicionamiento se produce luego de que el Ejecutivo anunciara el envío al Congreso de proyectos de ley para crear el Ministerio de Minas y Energía y un ente regulador del sector eléctrico, iniciativas presentadas esta semana en el marco de la Mesa Nacional del Sector Eléctrico.
Bajo el título “Sector energético negociado como política pública”, la central sindical sostiene que las medidas forman parte de una serie de acciones adoptadas por el gobierno en los últimos años y expresa preocupación por una eventual pérdida de control estatal sobre el sistema eléctrico.
En su pronunciamiento, la organización menciona como primer antecedente un proyecto presentado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2025, que planteaba modificaciones en la estructura institucional vinculada al sector energético.
Según la CUT-A, aquella propuesta otorgaba atribuciones relacionadas con la fijación de tarifas, concesiones, inversiones y administración presupuestaria. El gremio interpreta que estas facultades podían afectar la autonomía y el funcionamiento de la Ande.
La central también hace referencia a los decretos 5306 y 5307, publicados en enero de 2026, mediante los cuales se establecieron tarifas especiales para industrias de alta tecnología y de alto consumo energético.
De acuerdo con el pronunciamiento, estas tarifas se ubicaban entre US$ 30 y US$ 38 por megavatio, mientras que la CUT-A sitúa en alrededor de US$ 45 por megavatio el costo de la Ande.
En este punto, el gremio menciona específicamente el proyecto de la empresa Atome para la producción de hidrógeno verde y cuestiona las condiciones tarifarias previstas para emprendimientos de alto consumo.
Cuestionamientos a la reorganización del sector
Como tercer antecedente, la CUT-A menciona la designación, en julio pasado, del ingeniero Miguel Báez al frente de la Mesa Energética Nacional.
La organización señala que esta instancia ya había sido creada mediante el Decreto 9677 del 14 de septiembre de 2012, durante el gobierno de Federico Franco, y cuestiona que actualmente se la presente como una nueva iniciativa.
A partir de estos antecedentes, el sindicato manifestó preocupación por los recientes anuncios relacionados con la creación de un Ministerio de Minas y Energía y un ente regulador independiente para el sector eléctrico.
La CUT-A sostiene que las iniciativas podrían abrir espacio a una mayor participación privada en un sistema que, según remarca, fue construido y continúa siendo sostenido por el Estado paraguayo.
Defensa del carácter público de la energía
En su pronunciamiento, la central sindical reivindica el carácter público del sistema eléctrico y sostiene que la energía debe ser considerada un patrimonio nacional al servicio de la población.
Además, la organización llamó a centrales sindicales, organizaciones campesinas y movimientos sociales a mantenerse atentos al tratamiento de las iniciativas relacionadas con el sector.
El Ejecutivo, por su parte, sostiene que los proyectos anunciados buscan dotar al país de instituciones y marcos legales más sólidos para el desarrollo del sector energético. Los textos serán puestos a disposición de especialistas y sectores involucrados para su análisis y debate antes de avanzar en su tratamiento legislativo.
