La seguridad jurídica vuelve a ocupar el centro del debate empresarial e institucional. La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), la Cámara de Industrias del Paraguay (CIP), el Club de Ejecutivos, Horizonte Positivo y Pacto Global Red Paraguay advirtieron sobre la brecha que puede existir entre la imagen de un Paraguay estable y previsible que se proyecta ante los inversores internacionales y las situaciones que ciudadanos y empresas enfrentan dentro del país.
A través de un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que el crecimiento económico, el grado de inversión otorgado por dos calificadoras internacionales y el mayor interés de capitales extranjeros representan una oportunidad para Paraguay, pero remarcaron que estos avances necesitan estar respaldados por instituciones capaces de garantizar reglas claras, controles efectivos y previsibilidad.
El planteamiento toma especial relevancia tras la sentencia contra el exsenador Hernán Rivas, caso que, según las organizaciones, expone posibles fallas de control en distintas instancias del Estado y plantea interrogantes sobre cómo una situación vinculada a la autenticidad de documentación pudo atravesar sucesivos mecanismos de verificación hasta llegar a una posición de alta responsabilidad pública.
El foco del sector empresarial y de las organizaciones firmantes no se limita a la responsabilidad individual determinada en el proceso judicial. El documento plantea además la necesidad de esclarecer qué ocurrió en cada instancia de control involucrada y determinar las responsabilidades que correspondan cuando los mecanismos institucionales no funcionan.
El costo de los controles que fallan
Las organizaciones sostienen que la discusión trasciende un caso puntual. Citan también situaciones relacionadas con irregularidades en procesos judiciales y registros públicos, donde debilidades en los sistemas de registro, notificación y control pueden generar consecuencias directas para trabajadores, familias y empresas.
Desde esta perspectiva, la seguridad jurídica no es solamente una preocupación del sector privado ni una condición vinculada exclusivamente a la llegada de inversiones. También constituye una garantía para los ciudadanos, en especial cuando una falla institucional puede derivar en actuaciones que afectan derechos patrimoniales o laborales.
“Cuando las instituciones fallan, el costo nunca es abstracto”, señala el documento, al advertir que las consecuencias recaen sobre ciudadanos, trabajadores y empresas, con mayor impacto en quienes cuentan con menos herramientas para defender sus derechos.
Para el sector empresarial, la previsibilidad institucional forma parte de las condiciones necesarias para invertir, generar empleo y planificar a largo plazo. La certeza de que las normas se aplican de manera uniforme y de que existen controles eficaces constituye, en ese sentido, un componente de la confianza que requiere la actividad económica.
Piden revisar los mecanismos de control
Ante este escenario, las cinco organizaciones plantearon tres líneas de acción consideradas prioritarias.
La primera apunta a determinar las responsabilidades correspondientes y aplicar las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico cuando existan fallas de control. El documento incluye, según corresponda, responsabilidades políticas, administrativas y judiciales.
El segundo punto se concentra en fortalecer los mecanismos de verificación para el acceso a cargos de alta responsabilidad pública y mejorar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de los registros públicos, particularmente los educativos, judiciales y patrimoniales.
El tercer eje plantea reforzar la independencia, profesionalización y rendición de cuentas del sistema de justicia, con el objetivo de que las normas sean aplicadas bajo los mismos estándares, independientemente de la posición o influencia de las personas involucradas.
El planteamiento adquiere una dimensión económica en un momento en que Paraguay busca consolidar su posicionamiento como destino de inversiones. Para las organizaciones firmantes, las condiciones macroeconómicas y las calificaciones internacionales pueden favorecer la llegada de capital, pero no sustituyen la necesidad de contar con instituciones confiables.
La seguridad jurídica, bajo esta mirada, forma parte de la infraestructura institucional que acompaña al crecimiento económico. Reglas previsibles, registros confiables, controles que funcionen y autoridades sujetas a mecanismos de rendición de cuentas son elementos que inciden en la confianza de quienes toman decisiones de inversión.
El pronunciamiento advierte así sobre la necesidad de que el relato de estabilidad y previsibilidad que Paraguay presenta al exterior tenga un correlato verificable dentro del país.
“Lo que se promete afuera debe poder verificarse adentro”, resume el documento.
Las organizaciones esperan que los procesos actualmente en curso, las medidas correctivas y las eventuales reformas institucionales se traduzcan en resultados concretos, responsabilidades determinadas y mejoras que puedan ser verificadas. El desafío, plantean, es convertir la confianza que Paraguay busca proyectar internacionalmente en una experiencia cotidiana para empresas y ciudadanos.
