El precio de la electricidad que pagará Kuntur S.A., empresa vinculada a Araico, por el suministro de energía de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) abrió un debate sobre las condiciones tarifarias para las industrias electrointensivas, la rentabilidad del servicio eléctrico y el aprovechamiento de los recursos energéticos de Paraguay.
La controversia contrapone las críticas de Mercedes Canese Antúnez, exviceministra de Minas y Energía, con la defensa de Alejandro Zucolillo, directivo de Araico, quien sostiene que el acuerdo representa una oportunidad para atraer inversiones tecnológicas y desarrollar nuevas actividades industriales en el país.
El contrato establece una tarifa inicial promedio de US$ 56,39 por megavatio hora (MWh) para el suministro en 23 kilovoltios (kV) y de US$ 48,91 por MWh cuando el proyecto pase a operar en 220 kV. El acuerdo tiene una vigencia de 15 años y contempla un aumento progresivo de la demanda hasta alcanzar los 286 megavatios (MW) en abril de 2029.
Mercedes Canese cuestiona el precio de la energía
Canese sostuvo que la tarifa acordada con Araico es inferior a los valores que, según sus comparaciones, corresponden a otros consumidores de energía. En una publicación en redes sociales, afirmó que Brasil paga alrededor de US$ 50 por MWh por la energía de Itaipú, mientras que los mineros de criptomonedas abonan US$ 44,3 por MWh y el acuerdo con Araico fija un precio de US$ 48 por MWh.
La exviceministra también señaló que existe una diferencia entre las condiciones de suministro de Brasil y las de los consumidores conectados al sistema eléctrico paraguayo. Según su planteamiento, Brasil recibe la energía en la barra de Itaipú, mientras que las empresas instaladas en Paraguay deben afrontar los componentes tarifarios correspondientes al servicio de la Ande.
En ese sentido, mencionó una tarifa técnica de US$ 91,2 por MWh y argumentó que el precio acordado con Araico se encuentra por debajo de ese nivel. A partir de esta comparación, cuestionó que una empresa electrointensiva acceda a una tarifa específica mientras otros usuarios, incluidos los beneficiarios de la tarifa social, pagan por el servicio eléctrico bajo condiciones diferentes.
“En resumen, Araico va a pagar menos que Brasil, menos de lo que pagamos todos los usuarios de la Ande”, sostuvo Canese a través de su cuenta en la red social “X”.
La exviceministra vinculó sus cuestionamientos con el debate sobre la ampliación de la tarifa social de electricidad, al señalar que el Gobierno todavía no aprobó el proyecto de iniciativa popular que, según indicó, reunió más de 48.000 firmas. Su posición pone el foco en la distribución de lso beneficios derivados de la disponibilidad energética del país y en las condiciones que deben cumplir las grandes industrias para acceder a tarifas diferenciadas.
Zucolillo defiende el acuerdo y destaca el precio pactado
En respuesta a las críticas, Alejandro Zucolillo defendió el precio acordado con la Ande y afirmó que la tarifa de Kuntur supera la que pagan otras categorías de consumidores industriales.
“La Ande ya publicó que empezamos pagando US$ 48,9, ajustando anualmente 2,5% o inflación americana, el que sea mayor”, expresó a través de su cuenta de X.
El directivo de Araico aseguró que el precio representa un 50% más que el de las industrias actuales y un 10% más que el de los mineros de bitcoin, que, según señaló, utilizan cinco veces más energía. Zucolillo también destacó el mecanismo de actualización tarifaria y planteó que el proyecto puede actuar como una inversión ancla para atraer otras compañías vinculadas con la tecnología.
“Es nuestro momento Singapur, donde esta inversión ancla está desarrollando un ecosistema industrial de la tecnología del siglo XXI”, manifestó.
Desde esa perspectiva, el empresario considera que el aprovechamiento de la energía paraguaya puede contribuir a posicionar al país como destino para proyectos de infraestructura digital, centros de datos y servicios de inteligencia artificial. Zucolillo también cuestionó las críticas que, a su juicio, presentan el proyecto como un retroceso para Paraguay y defendió una mayor integración económica y tecnológica con Brasil.
Uno de los puntos centrales de la discusión es la comparación entre los precios mencionados por Canese y Zucolillo. Aunque ambos recurren a valores expresados en dólares por MWh, la evaluación de las diferencias requiere considerar las condiciones de abastecimiento, los componentes incluidos en cada tarifa y el nivel de tensión al que se entrega la electricidad.
En el caso de Kuntur, los US$ 48,91 por MWh corresponden a la tarifa promedio inicial prevista para el suministro en 220 kV. Durante la primera etapa, que comenzará en diciembre de 2026 con una potencia de 6 MW, el proyecto operará en 23 kV, con una tarifa promedio de US$ 56,39 por MWh. El paso a 220 kV está previsto para abril de 2028, cuando la potencia contratada aumentará a 146 MW. En abril de 2029, la demanda llegará a 286 MW.
El contrato contempla actualizaciones tarifarias anuales con un piso del 2,5%, además de revisiones periódicas vinculadas con la evolución de los costos de generación de la Ande. La empresa también asumirá los costos de las obras de conexión necesarias para recibir el suministro eléctrico.
Por ello, para determinar si las condiciones pactadas resultan convenientes para la empresa estatal, es necesario evaluar la evolución de los ingresos que generará el contrato, los costos efectivos de abastecimiento y las obligaciones asumidas por las partes durante los 15 años de vigencia.
El desafío de convertir la disponibilidad energética en desarrollo industrial
El debate trasciende el precio inicial del contrato y plantea una cuestión económica de fondo: bajo qué condiciones Paraguay puede aprovechar su disponibilidad de energía eléctrica para atraer inversiones intensivas en consumo y generar nuevas actividades productivas.
Mientras Canese cuestiona la diferencia entre las tarifas aplicadas a grandes consumidores y las que afrontan otros usuarios, Zucolillo sostiene que el precio acordado constituye una oportunidad para impulsar un ecosistema tecnológico en el país. La discusión también involucra la capacidad de la Ande para abastecer nuevas demandas, financiar su infraestructura y mantener el equilibrio económico de sus operaciones.
