El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) prevé cancelar antes de finalizar 2026 los compromisos pendientes con las empresas constructoras correspondientes al ejercicio 2025. La ministra Claudia Centurión afirmó que ya se abonó cerca del 96% de esas obligaciones y que el saldo rondaría los US$ 100 millones, luego de los pagos previstos para octubre. Los intereses también quedarían sujetos a cancelación con recursos del presupuesto vigente.
La situación de los pagos a las constructoras continúa siendo uno de los principales puntos de tensión entre el sector privado y el Estado, debido a las obligaciones acumuladas por obras ejecutadas y certificados pendientes de cobro. Aunque el Gobierno asegura que el saldo restante es manejable, el reconocimiento de compromisos que todavía no fueron cancelados vuelve a poner sobre la mesa el impacto de los atrasos estatales en la actividad de la construcción.
En declaraciones a 970 AM, Centurión señaló que el MOPC prevé desembolsar entre US$ 75 millones y US$ 80 millones durante octubre. Con estos recursos, el saldo pendiente se reduciría a aproximadamente US$ 100 millones. La ministra sostuvo que la totalidad de los compromisos correspondientes a 2025 quedaría saldada antes de concluir el año.
Sin embargo, el cumplimiento de ese calendario dependerá de la disponibilidad efectiva de recursos y de que los desembolsos anunciados se concreten en los plazos previstos. La deuda con las constructoras no solo representa una obligación financiera para el Estado, sino que también condiciona el flujo de caja de las empresas, su capacidad para cumplir con proveedores, pagar salarios y sostener el ritmo de ejecución de nuevos proyectos.
A los compromisos de capital se suman los intereses generados por los retrasos. Sobre este punto, Centurión indicó que serán atendidos mediante recursos contemplados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, aunque no precisó el monto total que representa este componente ni un cronograma específico de cancelación.
La acumulación de obligaciones con el sector constructor es particularmente relevante por el peso que tiene la inversión pública en la economía paraguaya. Cuando el Estado demora los pagos por obras certificadas, las empresas deben financiar temporalmente esa diferencia, asumir costos financieros adicionales y reorganizar sus compromisos operativos. Por eso, la cancelación de los atrasos constituye una condición importante para recuperar previsibilidad en la cadena de infraestructura.
Transporte público: licitación todavía depende de aprobación
En materia de transporte público, la ministra informó que el pliego de bases y condiciones para la licitación del primer corredor del nuevo sistema fue remitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su aprobación.
De obtener el visto bueno, el proceso licitatorio se realizaría este año, aunque los recursos necesarios están previstos en el presupuesto de 2027. La incorporación de nuevas unidades tampoco será inmediata: la adjudicación y el encargo de los buses se desarrollarían durante el segundo semestre del próximo año, con una primera incorporación de 200 vehículos.
El cronograma expuesto evidencia que la reforma todavía atraviesa etapas administrativas y presupuestarias antes de traducirse en cambios concretos para los usuarios del transporte público.
Centurión también reconoció que los recursos públicos destinados a infraestructura resultan insuficientes frente a las necesidades del país. Según sus estimaciones, Paraguay invierte actualmente entre el 2% y el 2,5% del producto interno bruto (PIB) en este sector, mientras que los requerimientos se ubicarían entre el 4% y el 5%.
Esta diferencia obliga al MOPC a recurrir a alternativas de financiamiento privado, como concesiones, alianzas público-privadas (APP) y proyectos llave en mano, mecanismos que permiten desarrollar obras sin depender exclusivamente de las asignaciones presupuestarias tradicionales, pero que también implican compromisos financieros para el Estado a mediano y largo plazo.
Entre los proyectos mencionados por la ministra figuran las rutas PY1 y PY10, actualmente en ejecución, además de las rutas PY3 y PY6, que se encuentran próximas a ser licitadas.
En Asunción, enumeró proyectos de reconversión del Centro Histórico, que incluyen las plazas O’Leary y Uruguaya, el Parque Caballero y las calles Palma y Paraguayo Independiente. También mencionó las 700 soluciones habitacionales previstas para familias de la Chacarita Norte, dentro del Distrito Eco Inclusivo, y otras 1.500 viviendas para el barrio Tacumbú.
En saneamiento, destacó la planta de tratamiento de aguas residuales de la cuenca de Lambaré, que recibirá efluentes de más de diez barrios de la zona sur de Asunción mediante un sistema de colectores.
No obstante, el principal desafío inmediato para el MOPC sigue siendo cumplir con las obligaciones financieras acumuladas con las constructoras. La promesa de cancelar los compromisos de 2025 antes de finalizar el año deberá contrastarse con los desembolsos efectivamente realizados y la capacidad presupuestaria para cubrir tanto el capital como los intereses.
