La renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de la República abre un nuevo escenario político e institucional, en medio de la crisis desatada por la resolución de ueno bank, las investigaciones sobre presuntas irregularidades en operaciones crediticias y los cuestionamientos por la exposición de fondos públicos y previsionales.
De esta forma, Pedro Alliana podría ser convocado para jurar como nuevo Presidente de la República y el senador Antonio Barrios como posible nuevo Vicepresidente.
En un mensaje dirigido a la ciudadanía, Peña justificó su decisión en la necesidad de preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. Afirmó que la República debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia y sostuvo que ningún cargo puede anteponerse al bienestar nacional.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República”, expresó Peña al inicio de su anuncio. Agregó que tomó la determinación con respeto a la Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos establecidos.
También pidió disculpas a la ciudadanía por los posibles errores cometidos durante su gestión. “También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, manifestó.
Peña puso especial énfasis en la situación de los ahorristas afectados por la crisis de ueno Bank y señaló que su principal preocupación es garantizar la recuperación de los recursos depositados en el sistema financiero. En ese sentido, mencionó el papel del Fondo de Garantía de Depósitos y la necesidad de proteger tanto los ahorros privados como los recursos públicos. “Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos”, sostuvo.
La crisis tiene como uno de sus principales detonantes la resolución de Ueno Bank, dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP), luego de que la entidad presentara un deterioro de su solvencia por debajo del 50% del mínimo regulatorio exigido.
El proceso abrió interrogantes sobre la situación de los depositantes, los fondos previsionales y la exposición de recursos públicos, además de derivar en investigaciones penales por posibles irregularidades en la concesión de créditos. El Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación penal contra el ahora expresidente, por presuntos hechos relacionados con la colocación de fondos del Estado en ueno bank.
