Por voto de los 78 diputados, la Cámara aceptó el pedido de juicio político contra Santiago Peña por supuesto mal desempeño de sus funciones ante el caso de Ueno Bank. La iniciativa plantea formular una acusación contra Peña ante la Cámara de Senadores para determinar su eventual responsabilidad política.
La crisis política e institucional desatada tras la intervención de ueno Bank alcanzó este jueves uno de sus puntos más críticos. La Cámara de Diputados aprobó el libelo acusatorio para someter a juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, con 78 votos a favor, en una decisión que reunió el respaldo de las distintas bancadas, incluidos sectores del oficialismo colorado.
La votación representó un quiebre político para el mandatario, que quedó sin respaldo parlamentario para sostener su continuidad en el cargo. Peña anunció su decisión de renunciar a la Presidencia de la República, en medio de los cuestionamientos por la crisis financiera vinculada a ueno Bank y sus consecuencias sobre ahorristas, empresas y fondos previsionales.
La oposición, los sectores colorados disidentes y, finalmente, las bancadas oficialistas anticiparon que acompañarían el libelo acusatorio. De esta manera, el proceso avanzó con una mayoría contundente y dejó en evidencia el aislamiento político del jefe de Estado dentro de su propia fuerza política.
La iniciativa había sido presentada por un grupo de 35 diputados y planteó una serie de cuestionamientos relacionados con el presunto conflicto de intereses, la gestión de los fondos previsionales, las operaciones crediticias de ueno bank y el papel de los organismos de supervisión financiera. Los puntos forman parte de las acusaciones políticas que deberán ser evaluadas en el marco del procedimiento constitucional.
El caso tiene como telón de fondo la resolución del Banco Central del Paraguay (BCP) que dispuso el inicio del proceso de resolución de ueno Bank, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo regulatorio exigido. La medida abrió un escenario de incertidumbre para los depositantes y generó repercusiones sobre las inversiones, los fondos públicos y las obligaciones de la entidad.
La crisis también puso bajo presión a las autoridades económicas y de supervisión, mientras distintos sectores reclamaron explicaciones sobre los controles aplicados, la exposición de recursos públicos y previsionales y las condiciones que permitieron el crecimiento de la entidad financiera.
La aprobación del libelo acusatorio por parte de Diputados constituye un hecho político de enorme relevancia, aunque el procedimiento de juicio político contempla una segunda instancia en el Senado, que tiene la atribución constitucional de juzgar la acusación y, eventualmente, separar al mandatario del cargo. La renuncia anunciada introduce un nuevo curso institucional, cuyo desenlace dependerá de los actos formales correspondientes.
