Crédito columna: Alexandre Perini, economista, desarrollador de negocios
Paraguay pasó buena parte de los últimos años construyendo una reputación económica basada en la estabilidad. Crecimiento, disciplina fiscal, inflación controlada y reconocimiento internacional ayudaron a posicionar al país entre los destinos que despiertan interés para invertir en América Latina.
Sin embargo, los acontecimientos de noviembre de 2026 colocaron esa reputación frente a una prueba que va mucho más allá de los indicadores macroeconómicos. La resolución de ueno bank, la destitución de Santiago Peña, la detención del expresidente y del extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y las posteriores decisiones judiciales abrieron una crisis institucional con consecuencias económicas todavía difíciles de dimensionar.
Lo que está en discusión es la relación entre las instituciones, el capital y la confianza. Tres elementos que determinan, en buena medida, la capacidad de una economía para crecer de manera sostenible.
Una crisis bancaria que llegó hasta la Presidencia
El 3 de noviembre, el BCP anunció el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank, después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo regulatorio exigido.
Posteriormente, un informe de la calificadora FIX SCR, publicado el 5 de noviembre, aportó elementos adicionales. Según la calificadora, la revisión del regulador identificó operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo controlador que no habían sido oportunamente reveladas, además de debilidades en la calidad de los activos y deficiencias documentales en determinadas operaciones.
La crisis adquirió rápidamente una dimensión política. Santiago Peña presentó su renuncia, pero el Congreso rechazó esa salida y el Senado resolvió su destitución mediante un juicio político el viernes 6 de noviembre. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de la República.
Ese mismo día, el Ministerio Público ordenó la detención de Peña y de Carlos Carvallo, expresidente del BCP, en el marco de la causa penal relacionada con ueno bank.
El sábado 7, la Fiscalía formalizó la imputación contra ambos y solicitó prisión preventiva. La investigación atribuye a Peña presuntos hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio. A Carvallo se le atribuyen, además, presuntas irregularidades relacionadas con la supervisión financiera y la producción de documentos públicos de contenido falso.
El juez Humberto Otazú dispuso la prisión preventiva de Peña, quien permanece recluido en el Regimiento Escolta Presidencial. Carvallo, por su parte, fue enviado a la Agrupación Especializada por un período inicial de 15 días.
También se dictaron medidas de carácter patrimonial, incluyendo la inhibición general de bienes y el embargo preventivo de fondos y productos financieros de ambos imputados.
Es fundamental señalar que se trata de investigaciones y medidas cautelares. Las imputaciones no constituyen una declaración de culpabilidad y las responsabilidades deberán establecerse mediante el debido proceso.
Pero la dimensión institucional del caso ya es evidente: una crisis bancaria terminó involucrando a las máximas autoridades políticas y regulatorias del país.
La confianza también tiene un precio económico
Hay una dimensión de esta coyuntura que merece especial atención: el costo económico de la incertidumbre.
El mercado cambiario registró movimientos importantes durante los días de mayor tensión. Aunque no sería correcto atribuir todas las variaciones del dólar exclusivamente al caso ueno bank, la incertidumbre política y financiera añade presión a un mercado que depende de múltiples factores internos y externos.
Para una empresa que importa insumos, mantiene obligaciones en dólares o necesita financiar sus operaciones, la volatilidad cambiaria afecta directamente los costos y la planificación.
Para un inversor, la evaluación es todavía más amplia. Quien analiza instalar una industria, desarrollar infraestructura o comprometer capital durante diez o quince años no observa solamente los impuestos, el costo de la energía o la disponibilidad de mano de obra. También necesita confiar en que las instituciones funcionarán y que las reglas serán aplicadas de manera consistente.
El riesgo económico puede incorporarse a un modelo financiero. La incertidumbre institucional, cuando no existen mecanismos confiables para resolverla, puede modificar por completo una decisión empresarial.
El grado de inversión no resuelve todos los desafíos
Paraguay consiguió avances importantes en su posicionamiento financiero internacional. Moody’s y S&P Global Ratings reconocen al país con grado de inversión, mientras Fitch mantiene su calificación en BB+, con perspectiva positiva.
Estos reconocimientos reflejan avances en materia de disciplina fiscal, crecimiento económico y capacidad de cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado.
Pero hay una diferencia entre la estabilidad macroeconómica y la calidad institucional.
Una buena calificación soberana no garantiza que todos los organismos funcionen correctamente ni elimina los riesgos regulatorios. Tampoco sustituye la necesidad de controles efectivos, transparencia y seguridad jurídica.
Para Paraguay, esta distinción es especialmente importante. El país busca ampliar su participación industrial, atraer inversiones privadas y profundizar su integración comercial. Ese proceso requiere instituciones capaces de acompañar el crecimiento y responder cuando aparecen problemas.
El grado de inversión es un activo que debe preservarse. La confianza institucional es parte de las condiciones necesarias para hacerlo.
El costo menos visible es la inversión que se posterga
Cuando se habla del impacto de una crisis, generalmente se piensa en las pérdidas financieras, los depósitos afectados o las consecuencias políticas. Pero existe otro costo, menos visible: las decisiones empresariales que dejan de tomarse.
Un inversor puede esperar antes de comprometer capital. Una empresa puede revisar sus planes de expansión. Un socio internacional puede exigir garantías adicionales antes de avanzar con un proyecto.
No significa que todas esas decisiones necesariamente vayan a producirse. Significa que la confianza influye sobre la velocidad, el costo y las condiciones bajo las cuales se concretan las inversiones.
La dimensión de los recursos públicos involucrados también merece atención. Según las planillas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, al cierre de septiembre de 2026, ueno bank mantenía depósitos de organismos y entidades públicas por G. 3,6 billones y US$ 233,4 millones, equivalentes a aproximadamente US$ 855 millones. Se trata de recursos estatales y previsionales cuya concentración en una misma entidad plantea interrogantes sobre los criterios de diversificación, administración y control de los fondos públicos.
La exposición de recursos pertenecientes a instituciones públicas y previsionales plantea interrogantes sobre los criterios de administración, diversificación y control de esos fondos.
La discusión, por lo tanto, no se limita a la situación de los accionistas o depositantes privados. También involucra la protección del patrimonio público y la responsabilidad de quienes administran recursos que pertenecen a la sociedad.
Paraguay necesita reconstruir la confianza
El país mantiene oportunidades concretas en energía, industria, logística, agroindustria y servicios. Sus fundamentos macroeconómicos siguen siendo relevantes y no deberían confundirse con los problemas particulares de una entidad financiera.
Pero tampoco sería prudente suponer que esas ventajas son suficientes para garantizar el crecimiento futuro.
La prioridad debe ser esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes, fortalecer la supervisión financiera y garantizar que los mecanismos de protección de los depositantes funcionen conforme a la ley.
También será necesario revisar cómo se administran los recursos públicos en el sistema financiero y qué mecanismos de control deben fortalecerse para evitar concentraciones de riesgo y conflictos de intereses.
La independencia de los organismos de control y la transparencia de sus decisiones no son cuestiones exclusivamente jurídicas o políticas. Forman parte de la infraestructura económica de un país.
Paraguay tiene por delante una oportunidad para demostrar que sus instituciones pueden responder con rigor, transparencia y reglas iguales para todos.
El país ya consiguió atraer la atención del capital internacional. Ahora enfrenta una prueba más exigente: demostrar que puede ofrecer confianza para que ese capital se quede, se reinvierta y contribuya al desarrollo de su economía.
