El gobierno, a través del Viceministerio de Minas y Energía del MOPC, aprobó tres nuevas normativas para regular la conexión de proyectos de generación eléctrica al sistema nacional, los contratos con la ANDE y la transferencia de acciones y derechos vinculados a estas iniciativas. Las medidas buscan dar mayor previsibilidad jurídica y facilitar nuevas inversiones en generación no hidráulica.
Las disposiciones fueron emitidas en el marco de la Ley N.º 7599/2025 y establecen reglas técnicas y comerciales aplicables a autogeneradores, cogeneradores y exportadores de energía.
Uno de los principales puntos está relacionado con los requisitos técnicos que deberán cumplir los proyectos de energías renovables para conectarse al Sistema Interconectado Nacional (SIN), especialmente en líneas de transmisión de 66 kV o superiores.
Entre las exigencias se incluyen estándares para garantizar la calidad y estabilidad de la energía suministrada, procedimientos de coordinación con la red eléctrica, pruebas técnicas previas a la habilitación y sistemas de medición para controlar la energía inyectada.
Condiciones para los contratos con la ANDE
La Resolución N.º 1699/2026 establece las condiciones que deberán contemplar los contratos entre la ANDE y las empresas o entidades responsables de proyectos de generación eléctrica.
Los acuerdos deberán definir el punto de conexión de cada proyecto, la coordinación del suministro con el centro de despacho de la ANDE, las condiciones comerciales de la operación y los mecanismos que se aplicarán en caso de controversias contractuales.
Reglas para transferencias y cambios societarios
Por su parte, la Resolución N.º 1700/2026 regula la transferencia de contratos vinculados a los proyectos, los créditos derivados de la entrega de excedentes de energía a la red y las acciones de las sociedades constituidas específicamente para desarrollar estas iniciativas.
La normativa establece que quien asuma la titularidad deberá acreditar capacidad técnica y financiera suficiente para continuar con el proyecto.
Además, dispone que el adjudicatario original deberá conservar al menos el 51% de las acciones con derecho a voto, con el objetivo de mantener el control de la sociedad responsable del emprendimiento.
