Iván Dumot y Jorge Samaniego plantean que las compañías viables del Grupo Vázquez deben recuperar su actividad y preservar los puestos de trabajo, pero advierten sobre los riesgos de una gestión estatal prolongada. Las posiciones se suman al debate sobre el proyecto del Ejecutivo y la necesidad de evitar que la crisis de ueno bank genere mayores distorsiones económicas. Los mismos manifestaron sus posturas en entrevista con ABC Color.
La intervención estatal en las empresas vinculadas al Grupo Vázquez abrió un nuevo frente de discusión entre el gobierno y el sector privado. Mientras el Ejecutivo impulsa un régimen de administración temporal para mantener operativas las compañías afectadas por la crisis de ueno bank, representantes empresariales consideran necesario preservar las fuentes de trabajo y los compromisos comerciales, pero advierten que el Estado no debería convertirse en administrador de negocios privados.
Las posiciones de Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), y Jorge Samaniego, titular de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (Cipama), coinciden en un punto central: la continuidad de las empresas que tengan viabilidad económica es importante para evitar un mayor impacto sobre el empleo y la actividad comercial, aunque la gestión empresarial debe mantenerse bajo criterios privados.
El debate se produce después de que el Poder Ejecutivo presentara ante el Congreso un proyecto de ley que establece un régimen excepcional de administración temporal para las sociedades vinculadas a Ueno Bank. La iniciativa contempla la creación de un Consejo de Supervisión, integrado por representantes de instituciones públicas, que tendrá atribuciones para identificar las empresas alcanzadas y designar administradores temporales. El mecanismo tendría una vigencia de hasta ocho meses.
Dumot: el Estado no debe asumir la gestión permanente
El presidente del CIP, Iván Dumot, planteó que el gobierno puede brindar apoyo transitorio para que las empresas vinculadas al grupo económico retomen sus operaciones y conserven los puestos de trabajo. Sin embargo, marcó una diferencia entre acompañar una salida a la crisis y asumir el control permanente de compañías privadas.
“Un manejo permanente de manos del Estado de empresas privadas no es una política que proponga un sector laboral”, sostuvo.
La postura de Dumot también debe leerse en el contexto de la agenda de responsabilidad fiscal impulsada por el sector empresarial. El dirigente abrió el Foro Multisectorial que reunió a más de 130 gremios, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, los cuales plantearon recortar US$ 670 millones del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 y reducir el déficit fiscal del 3,9% al 2,9% del PIB.
La discusión sobre las empresas vinculadas a Ueno introduce así otra dimensión en el debate sobre el papel del Estado: además de la disponibilidad de recursos públicos y la sostenibilidad fiscal, está en juego la capacidad institucional para intervenir en estructuras empresariales sin generar nuevos costos ni distorsiones en el mercado.
Samaniego: preservar las empresas, pero con gestión privada
Por su parte, Jorge Samaniego, presidente de Cipama, consideró necesaria la reactivación de las compañías vinculadas al Grupo Vázquez, atendiendo a que varias cuentan con estructuras organizativas, experiencia en sus respectivos rubros y compromisos asumidos con trabajadores, proveedores y clientes.
El dirigente advirtió, sin embargo, sobre las limitaciones del Estado para administrar este tipo de organizaciones. “El Estado puede administrar muy bien el servicio de electricidad, de seguridad y de salud pública, pero estas firmas no. Creo que sería un pésimo administrador de estas empresas”, manifestó.
Como alternativa, Samaniego planteó que el Estado podría mantener la propiedad de las compañías, mientras que la gestión operativa quede en manos del sector privado. Su posición apunta a evitar que una intervención concebida para atender una situación excepcional termine convirtiéndose en una administración pública prolongada de negocios privados.
También insistió en la necesidad de adoptar decisiones con rapidez, considerando los compromisos comerciales pendientes y el movimiento económico de fin de año. La paralización de las actividades podría profundizar las dificultades de las empresas y afectar a trabajadores y otros actores de sus cadenas comerciales.
El desafío de preservar el valor empresarial
El planteamiento de ambos referentes empresariales coincide en la necesidad de distinguir entre las compañías que todavía tienen capacidad de operar y aquellas cuya situación financiera no permite sostener su actividad. No se trata de mantener artificialmente todas las estructuras, sino de evitar que empresas viables pierdan valor por la interrupción de sus operaciones.
El proyecto del Ejecutivo busca precisamente establecer un mecanismo para identificar a las sociedades alcanzadas, evaluar su situación patrimonial y financiera y determinar cuáles pueden continuar funcionando. La propuesta también contempla administradores temporales y un Consejo de Supervisión con participación de distintas instituciones públicas.
El trasfondo económico es significativo. Según los datos mencionados en el debate legislativo, alrededor de 7.000 trabajadores figuran vinculados laboralmente a empresas del Grupo Vázquez. A esto se suman proveedores, acreedores y otras actividades comerciales que dependen de la continuidad de esas compañías.
La discusión, por tanto, no se limita a quién administrará los activos, sino también a cómo evitar que la crisis financiera de Ueno Bank amplíe sus efectos sobre el empleo, la actividad empresarial y la confianza en el mercado.
Las advertencias de Dumot y Samaniego introducen un límite desde el sector privado: la intervención puede tener una justificación transitoria para preservar empresas y puestos de trabajo, pero no debería convertirse en un esquema de administración estatal permanente. El desafío será encontrar una salida que proteja los activos y permita recuperar las operaciones sin trasladar al Estado las responsabilidades propias de la gestión empresarial.
