Las principales organizaciones sindicales del país manifestaron este martes su rechazo a la propuesta de modificar la Ley Nº 7235/23, que regula el funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la CUT-A, representantes de la Mesa de Unidad Sindical sostuvieron que la iniciativa implicaría eliminar el Consejo de Seguridad Social y convertir a la Superintendencia en una dependencia del Banco Central del Paraguay (BCP), alterando el esquema institucional aprobado por consenso en 2023.
José Pineda, vicepresidente de la CUT-A, explicó que los gremios tomaron conocimiento del proyecto a través de sus representantes en el Consejo de Seguridad Social y afirmó que la modificación representa un cambio sustancial respecto al modelo vigente. Recordó que, durante el debate legislativo de la ley, se descartó que la Superintendencia dependiera directamente del BCP y se optó por crear un órgano con autonomía organizativa y presupuestaria.
«Nos sorprende que, cuando en diciembre se cumplirán dos años de vigencia de la ley, se plantee eliminar de cuajo el Consejo de Seguridad Social y que la Superintendencia pase a ser una oficina del Banco Central del Paraguay», expresó.
Según Pineda, la propuesta devolvería al BCP todas las atribuciones actualmente asignadas al Consejo de Seguridad Social, eliminando además la representación tripartita integrada por trabajadores, empleadores y Estado.
Los dirigentes sindicales sostuvieron que el Banco Central tiene competencias específicas en materia monetaria y financiera, pero no en el ámbito de la seguridad social, por lo que consideran que asumir la supervisión integral del sistema previsional excedería sus funciones constitucionales.
Durante la conferencia, Pineda señaló que el sistema administra uno de los principales fondos de ahorro del país y estimó que los recursos acumulados rondan los USD 5.000 millones, aportados por trabajadores y empleadores para financiar las jubilaciones y pensiones.
«Estamos hablando del mayor ahorro nacional que tiene el país. Esos recursos deben servir para la seguridad social y no pueden quedar bajo el dominio de una institución cuyos fines son financieros y monetarios», afirmó.
Las organizaciones también cuestionaron que la propuesta surja cuando la ley aún no alcanzó su plena implementación. Recordaron que la normativa estableció un período de transición de dos años, que culminará en diciembre de este año.
En ese contexto, afirmaron que la Superintendencia todavía enfrenta dificultades operativas y sostuvieron que modificar la legislación antes de completar ese proceso podría generar mayor incertidumbre institucional.
«La ley todavía no entró plenamente en vigencia y ya se pretende modificarla. Eso genera más inestabilidad cuando aún existen aspectos pendientes de implementación», sostuvo Pineda.
Los representantes sindicales anunciaron que solicitarán formalmente al presidente del Consejo de Seguridad Social, Carlos Fernández Valdovinos, una reunión para debatir el alcance de la propuesta y conocer si efectivamente existe intención de impulsar el proyecto.
Asimismo, reiteraron su pedido de que la actual superintendenta sea apartada del cargo por promover la iniciativa.
«Los trabajadores no vamos a aceptar esta modificación y pedimos expresamente que se tomen medidas contra la superintendenta por encabezar esta iniciativa», manifestó el dirigente sindical.
Por su parte, Ramón Navarro, representante de la Asamblea Internacional de Trabajadores, sostuvo que el debate trasciende el plano administrativo y afecta un derecho constitucional.
«No estamos hablando solamente de normas. Estamos hablando del derecho a la seguridad social. No puede reducirse un derecho humano únicamente a una cuestión financiera», afirmó.
El dirigente agregó que las organizaciones consideran que la reforma pondría en riesgo los recursos previsionales de los trabajadores actuales y futuros.
Finalmente, la Mesa de Unidad Sindical informó que, además de asistir a la reunión del Consejo de Seguridad Social prevista para esta misma jornada, se reserva el derecho de impulsar acciones judiciales y medidas gremiales si el proyecto de modificación avanza.
La propuesta de reforma aún no fue presentada oficialmente al Congreso, pero las organizaciones sindicales adelantaron que mantendrán una posición de rechazo mientras persista la intención de modificar la estructura institucional establecida por la Ley N. 7235/23.
