El sistema eléctrico paraguayo se encuentra ante un desafío que excede la incorporación de nuevas fuentes de generación: financiar las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento de la demanda y reducir las brechas existentes en transmisión y distribución.
En ese escenario, la participación del sector privado comienza a tomar mayor relevancia, mientras la Ande prepara su primera licitación para adquirir energía generada por empresas privadas.
El proceso contempla la compra de 140 MW de energía fotovoltaica mediante un esquema de leasing, cuyo primer pliego licitatorio se espera tener listo para fines de octubre. La iniciativa fue analizada durante una nueva sesión de la mesa energética nacional y representa una experiencia inédita para la administración pública en cuanto a la adquisición de energía privada, por lo que el proceso se desarrolla con acompañamiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (Dncp).
Según explicó el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, tres resoluciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) permitieron destrabar aspectos normativos necesarios para avanzar con la iniciativa. El alcance de estos cambios, además, contempla la posibilidad de habilitar en el corto plazo licencias para la autogeneración de energía, una alternativa que podría ampliar el número de actores dentro del mercado eléctrico.
La apertura del sistema a nuevas fuentes y participantes se produce en paralelo a la reglamentación de la Ley Nº 7599/25, que establece un régimen para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables no hidráulicas. La normativa contempla mecanismos para la autogeneración, cogeneración y generación distribuida, además de la posibilidad de inyectar excedentes al Sistema Interconectado Nacional. El desafío ahora estará en convertir ese marco regulatorio en inversiones concretas y sostenibles.
Uno de los datos más relevantes discutidos en la mesa energética es la magnitud de las necesidades de inversión. De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, las inversiones que actualmente ejecuta la Ande cubrirían alrededor del 20% de las necesidades del país en materia de transmisión y distribución.
La cifra pone en perspectiva el debate sobre la incorporación del sector privado. La discusión no se limita a sumar generación solar, sino que alcanza a la capacidad del sistema para financiar y ejecutar las obras que requiere una red eléctrica en expansión. Sin un fortalecimiento de la infraestructura de transmisión y distribución, una mayor disponibilidad de energía no necesariamente se traduce en un sistema más robusto.
En paralelo, el Ejecutivo plantea modificaciones institucionales de mayor alcance. Entre ellas se encuentra la propuesta de crear un Ministerio de Minas y Energía, además de un ente regulador encargado de establecer reglas y arbitrar el funcionamiento del sistema eléctrico. Este último punto resulta especialmente relevante debido a que actualmente la Ande concentra funciones de regulación y, al mismo tiempo, participa directamente del mercado eléctrico.
Ambas propuestas todavía se encuentran bajo revisión. Durante la última reunión de la Mesa Energética se resolvió extender por otros 10 días el plazo para que las partes interesadas analicen los proyectos y presenten sus consideraciones.
Tarifas, Itaipú y decisiones pendientes
Otro frente que permanece abierto es la revisión del pliego tarifario técnico de la Ande. Sin embargo, cualquier modificación está vinculada también a un factor externo de gran peso para el mercado paraguayo: las negociaciones entre Paraguay y Brasil sobre la tarifa de venta de la energía de Itaipú, cuyo acuerdo vigente contempla el periodo hasta 2026.
Así, la discusión energética combina varios elementos que deberán resolverse de manera coordinada: nuevas inversiones, incorporación de capital privado, generación renovable, autogeneración, regulación, tarifas y el futuro esquema de comercialización de la energía de Itaipú.
La licitación por los 140 MW solares puede convertirse en un primer paso hacia un mercado eléctrico con mayor participación privada. Pero el verdadero desafío estará en determinar cómo se financiará la expansión de la infraestructura y bajo qué reglas competirán los distintos actores, especialmente en un sistema que todavía tiene una importante brecha de inversión por cubrir.
