La Cámara de Senadores aprobó por mayoría un pedido de informes dirigido al Banco Central del Paraguay (BCP) para obtener información sobre distintos procesos de reorganización del sistema bancario, así como sobre las colocaciones de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS) en entidades financieras privadas.
El pedido forma parte de una serie de más de una veintena de informes y resoluciones declaratorias aprobados durante la sesión. La documentación será remitida a las instituciones correspondientes, que dispondrán de 15 días para responder las consultas planteadas.
El documento dirigido al BCP contiene 31 consultas relacionadas con el marco normativo aplicable a las colocaciones de fondos públicos, las operaciones de venta de carteras y de capital con empresas vinculadas, además de eventuales conflictos de interés y su tratamiento desde la perspectiva del riesgo sistémico.
El foco en las operaciones del sistema financiero
Entre los puntos incluidos en el pedido aparecen los procesos de absorción y fusión registrados recientemente en el sistema bancario paraguayo. El documento menciona la absorción de Banco Regional por Sudameris Bank, la integración de BBVA con GNB, la operación de ueno bank con Visión y la fusión de Continental con Banco Río.
También se solicita información relacionada con el proceso de fusión entre Banco Atlas y Banco Familiar, específicamente sobre si fueron solicitadas medidas regulatorias de diferimiento de pérdidas y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones fueron consideradas.
El alcance del pedido no se limita a una operación o entidad determinada. Parte de las consultas solicita al BCP precisar los requisitos regulatorios aplicables a las ventas de carteras, las condiciones para que estas operaciones sean consideradas válidas y los controles efectuados sobre las transacciones realizadas entre entidades financieras y empresas vinculadas.
Otro de los ejes está relacionado con los depósitos y colocaciones de fondos públicos y del IPS en entidades financieras privadas, con énfasis en los límites establecidos por la normativa vigente y en los mecanismos de control aplicados por el regulador. Un pedido presentado previamente por legisladores también había planteado consultas sobre las colocaciones del IPS y el cumplimiento de los límites legales para operaciones con empresas vinculadas.
El cuestionario contempla además operaciones específicas que involucran a empresas vinculadas, la venta de carteras y emisiones de títulos, según los distintos puntos incluidos en las 31 preguntas dirigidas al BCP. Entre las consultas difundidas públicamente figuran operaciones relacionadas con Mowi SA, Grupo M5 SA, Grupo Hendys SA, Tuiú SA, Franade SA y Aime SA Corredores de Seguros, además de una venta de cartera de ueno bank a Vinanzas SA por US$ 35 millones y G. 36.900 millones.
El pedido también plantea consultas sobre emisiones y colocaciones de bonos de ITTI SAE, Grupo Vázquez SAE y ueno bank, adquiridos por Technoma SA y Factopar SA, y solicita información respecto del análisis realizado por la Superintendencia de Bancos y el destino de los fondos involucrados.
Prudencia ante un sector sensible
Durante el tratamiento del pedido, varios senadores plantearon la necesidad de abordar las consultas con prudencia debido a la sensibilidad del sistema financiero y al impacto que pueden tener las informaciones vinculadas con bancos, operaciones de cartera, depósitos y procesos de concentración.
El pedido fue aprobado en un contexto de transformaciones relevantes dentro del sistema bancario paraguayo, marcado por sucesivos procesos de fusiones y absorciones. El propio BCP mantiene registros y documentación sobre las entidades financieras y sus procesos corporativos, incluidas operaciones de fusión por absorción.
La respuesta del Banco Central permitirá conocer qué controles regulatorios fueron aplicados, cuáles son los criterios vigentes para determinadas operaciones y cómo fueron evaluadas las transacciones señaladas en el cuestionario. Por ahora, el Senado se limitó a solicitar la información y corresponde al BCP responder dentro del plazo establecido.
