La Contraloría General de la República identificó deficiencias en los controles de medicamentos, posibles irregularidades en los mecanismos de contratación y una brecha financiera en el sistema previsional del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre los principales hallazgos figuran diferencias por G. 623.000 millones entre registros informáticos, gastos cercanos a US$ 40 millones en sistemas tecnológicos cuestionados y la insuficiencia de los aportes obrero-patronales para cubrir las jubilaciones actuales.
Los resultados fueron expuestos por el contralor general, Camilo Benítez, ante la Comisión Especial del Senado que investiga presuntos hechos punibles en el IPS y el Ministerio de Salud Pública. La revisión comprendió 22 auditorías, de las cuales 18 informes fueron remitidos al Ministerio Público por contener indicios de posibles hechos punibles. Según lo informado en la reunión, ocho de esos reportes ya cuentan con causas abiertas.
La presentación puso el foco en dos áreas centrales para la previsional: la administración de los recursos destinados a medicamentos y la capacidad financiera del fondo de jubilaciones para cumplir sus obligaciones en el tiempo.
Diferencias millonarias en el control de medicamentos
Uno de los puntos señalados por Benítez fue la falta de correspondencia entre el Sistema de Información Hospitalaria y el sistema informático utilizado para el control de medicamentos. La auditoría detectó una diferencia de G. 623.000 millones, equivalente a más de US$ 100 millones al tipo de cambio mencionado por el contralor.
La observación adquiere relevancia por los desembolsos que ya realizó la institución en materia tecnológica. Según Benítez, el IPS destinó cerca de US$ 40 millones a sistemas informáticos que no funcionan adecuadamente o que se encuentran desactualizados frente a las necesidades operativas de la previsional.
Ante esta situación, la Contraloría recomendó implementar efectivamente una plataforma que permita garantizar la trazabilidad de los medicamentos desde su adquisición hasta su distribución y entrega a los asegurados. El objetivo es contar con registros consistentes sobre las cantidades compradas, almacenadas, utilizadas y disponibles en los establecimientos de salud.
La diferencia entre ambos sistemas constituye una inconsistencia que requiere aclaración documental y técnica. Por sí sola, no determina el destino de los medicamentos ni confirma que hayan sido sustraídos. Precisamente, la falta de información integrada impide reconstruir con precisión el recorrido de los productos, según las observaciones expuestas por el contralor.
Contratos por US$ 25 millones bajo observación
Otro de los puntos derivados al Ministerio Público está relacionado con mecanismos utilizados para la adquisición de medicamentos. Benítez mencionó el uso de un rubro presupuestario originalmente destinado al pago de órdenes judiciales para concretar contratos directos con proveedoras de fármacos.
De acuerdo con lo expuesto, las operaciones involucradas representarían aproximadamente US$ 25 millones. La Contraloría señaló la utilización de estos mecanismos como posibles «artilugios legales» para evitar los procedimientos habituales de contratación.
La revisión de estos casos deberá determinar si los procedimientos utilizados se ajustaron a las disposiciones vigentes y si existieron responsabilidades administrativas o penales. La remisión de los antecedentes al Ministerio Público implica que los indicios identificados deberán ser investigados por la Fiscalía; no constituye una declaración de culpabilidad de las personas involucradas.
La caja jubilatoria utiliza los intereses de sus reservas
En el ámbito financiero, uno de los hallazgos centrales se relaciona con la diferencia entre los ingresos por aportes obrero-patronales y las obligaciones que debe cubrir el fondo de jubilaciones.
Según explicó el contralor, los aportes actuales de trabajadores y empleadores ya no son suficientes para financiar el pago de las jubilaciones vigentes. Ante esa situación, el IPS recurre a los intereses generados por sus reservas financieras para complementar los recursos necesarios.
Benítez recomendó realizar una evaluación financiera y actuarial que permita determinar la evolución de los ingresos y egresos del fondo, así como establecer hasta cuándo podrán sostenerse las obligaciones con los recursos disponibles. La proyección deberá considerar las prestaciones comprometidas, el comportamiento de los aportes, los rendimientos de las inversiones y la evolución de la cantidad de jubilados.
El contralor no afirmó que la caja jubilatoria se encuentre ante un colapso inmediato, sino que insistió en la necesidad de establecer técnicamente su horizonte de sostenibilidad. También señaló la importancia de mejorar el cobro de las deudas que mantienen los aportantes morosos y avanzar en la conciliación de las obligaciones pendientes del Estado con la previsional.
La situación plantea un desafío de administración financiera para una institución que debe atender simultáneamente sus compromisos con los jubilados y las necesidades de atención médica de sus asegurados. La evolución de las reservas, la capacidad de recuperación de los aportes pendientes y la relación entre ingresos y prestaciones serán variables relevantes para evaluar la situación del sistema.
Auditorías internas y cambios en la conducción
Los resultados presentados por la Contraloría se suman a las revisiones internas que comenzaron en abril de 2026, durante la presidencia de Isaías Fretes en el IPS.
En ese proceso se detectaron observaciones sobre el vademécum institucional, que derivaron en la exclusión de más de 800 insumos de su listado básico de compras frecuentes. La revisión también puso bajo observación la adquisición de quirófanos modulares para el Hospital Central y otros equipos médicos que permanecieron almacenados sin ser utilizados, con un presunto daño patrimonial asociado.
Posteriormente, Fretes fue designado ministro de Salud Pública y el doctor Derlis León asumió la presidencia del Consejo de Administración del IPS el 13 de septiembre de 2026. El nuevo titular anunció que daría continuidad a los trabajos iniciados en la institución, con énfasis en el acceso a medicamentos y los servicios para los asegurados.
En este contexto, la Contraloría advirtió que sus recomendaciones no tienen carácter coercitivo ni sancionador. Benítez señaló que, si las observaciones no son atendidas por la actual administración, el organismo de control podrá realizar nuevas auditorías a las autoridades de la previsional.
La implementación de controles informáticos, la revisión de los procedimientos de compra y la elaboración de una proyección actuarial figuran entre las medidas pendientes para responder a los hallazgos. Su cumplimiento será relevante tanto para el manejo de los recursos destinados a medicamentos como para la planificación financiera de las obligaciones jubilatorias del IPS.
