La Cámara de Senadores condenó y destituyó este viernes 06 de noviembre al presidente de la República, Santiago Peña, tras declararlo culpable de mal desempeño de sus funciones en el marco del juicio político impulsado por la crisis de Ueno Bank. La sentencia obtuvo 44 votos a favor, superando ampliamente los 30 necesarios para disponer su separación del cargo.
El proceso fue impulsado por la Cámara de Diputados, que aprobó el libelo acusatorio con 78 votos. Los fiscales acusadores sostuvieron que el mandatario tuvo responsabilidad política en una serie de actuaciones que comprometieron fondos públicos, recursos previsionales y la confianza en el sistema financiero. El caso puso bajo cuestionamiento los vínculos empresariales de Peña con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno.
Entre los principales cargos figuraron su participación accionaria en ueno Holding, declarada en G. 6.144 millones y vendida en abril de 2025; un certificado de depósito de ahorro por G. 2.400 millones en la entidad; y la designación de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay (BCP). También se cuestionaron las colocaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), los créditos por G. 743.784 millones a empresas vinculadas y la actuación de los organismos de supervisión.
Durante los alegatos, la diputada Rocío Vallejo cuestionó la exposición de los fondos jubilatorios y responsabilizó al gobierno por el deterioro de las instituciones. Raúl Benítez presentó gráficos sobre el crecimiento de los depósitos del IPS en ueno y denunció un esquema que, según sostuvo, habría favorecido al grupo empresarial. Adrián Vaesken, por su parte, cuestionó la incompatibilidad entre los vínculos económicos del mandatario y su responsabilidad como jefe del Ejecutivo.
Desde el Senado, Gustavo Leite calificó a Peña de «traidor» y reclamó una destitución deshonrosa. Éver Villalba rechazó una salida mediante la aceptación de la renuncia, al advertir sobre los posibles beneficios de la senaduría vitalicia. Rafael Filizzola cuestionó la estrategia de los abogados defensores y describió sus argumentos como un «yo no fui», mientras que Salyn Buzarquis apuntó al deterioro de la confianza ciudadana.
La defensa del mandatario, ejercida por Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, rechazó las acusaciones, cuestionó la celeridad del procedimiento y sostuvo que las decisiones del BCP y del IPS correspondían a organismos autónomos. También alegó que no existían pruebas suficientes para atribuir directamente a Peña las irregularidades denunciadas. Sin embargo, el Senado avanzó con la sentencia condenatoria.
La destitución se produce en medio de tres investigaciones penales abiertas por el Ministerio Público mediante la Resolución FGE N.º 4474. La causa N.º 92/2026, caratulada «Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros», involucra directamente al exmandatario y contempla denuncias sobre sus vínculos con Ueno, la colocación de fondos públicos y las actuaciones de las autoridades regulatorias.
Las otras investigaciones comprenden la causa contra Federico Miguel Vázquez Villasanti por presunta estafa y las denuncias relacionadas con operaciones financieras y recursos públicos depositados en Ueno. En este último frente, el Ministerio de Economía denunció la exposición de G. 373.838 millones de la Caja Fiscal, correspondientes a G. 250.000 millones de capital y G. 123.838 millones en intereses comprometidos.
Con la separación de Peña de la Presidencia, se activa el mecanismo constitucional de sucesión a cargo del vicepresidente Pedro Alliana. La salida del mandatario abre una nueva etapa política, mientras continúan las investigaciones sobre la crisis de ueno bank, el destino de los recursos previsionales y las eventuales responsabilidades de autoridades y exautoridades estatales. La condena del Senado es de carácter político y no equivale a una sentencia penal por los hechos denunciados.
