La investigación por el caso ueno sumó una nueva derivación penal tras la detención de Andrea Benítez, exjefa de Operaciones de ueno Casa de Bolsa, señalada por la supuesta destrucción de documentos vinculados con inversiones bursátiles del expresidente Santiago Peña. La funcionaria compareció este martes ante el Ministerio Público, pero se abstuvo de declarar. La Fiscalía anunció que prevé presentar una imputación por presunta frustración de la persecución penal.
El fiscal Federico Leguizamón, de la Unidad Barrial N.º 2, tomó intervención en la causa luego de que las imágenes del circuito cerrado de la sede de ueno Casa de Bolsa mostraran a la funcionaria rompiendo varios documentos minutos antes del ingreso de la comitiva fiscal, que realizaba un allanamiento en el marco de las investigaciones sobre el caso ueno.
El procedimiento se desarrolló en las oficinas de la firma, ubicadas en el Paseo La Galería, en Asunción. Según los reportes publicados sobre la intervención, los documentos fueron impresos de manera remota y posteriormente rasgados y arrojados a una papelera. Los fiscales lograron recuperar parte del material y reconstruir algunos de los papeles.
La documentación no se limitaría a simples hojas administrativas. De acuerdo con las informaciones entre los archivos recuperados figuran correos electrónicos, informes de movimientos de compra y venta de valores y comunicaciones entre distintas casas de bolsa. Parte de esos registros haría referencia a operaciones de Peña.
Uno de los correos recuperados lleva como asunto “Solicitud de documento – SANTIAGO PEÑA PALACIOS” y fue enviado el 13 de octubre del 2025. En el mensaje se solicitaba información que resumiera las operaciones realizadas por el entonces presidente de la República, además de datos sobre los importes que recibiría en concepto de intereses o cupones vencidos.
También se habría recuperado una planilla de Excel con información sobre inversiones en bonos corporativos. Entre las operaciones detalladas aparecen adquisiciones de acciones de Estelar Sociedad Anónima Emisora, realizadas en julio de 2023, por G. 135,7 millones y G. 364,7 millones, respectivamente. Asimismo, se menciona una operación de Ceccon SAE, por G. 250 millones, realizada en enero de 2026.
Los registros también incluirían certificados de depósito adquiridos entre 2022 y 2025 en entidades como Ueno Bank, Financiera FIC y Finexpar, con vencimientos previstos entre 2027 y 2029. Estos documentos forman parte de los elementos que deberán ser analizados y contrastados por los investigadores.
La defensa sostiene que eran documentos sin validez formal
Frente a las sospechas, la defensa de la funcionaria sostuvo que los documentos destruidos eran proyectos que no contaban con firmas ni sellos de la entidad. Esta versión deberá ser contrastada con el contenido de los archivos recuperados y con los demás elementos incorporados a la investigación.
El fiscal Leguizamón explicó que la causa se encuentra en una etapa inicial y que todavía deben analizarse correos electrónicos, informes y otros documentos encontrados durante los allanamientos. Estos materiales permitirían reconstruir las comunicaciones internas entre funcionarios de la casa de bolsa y sus superiores.
La funcionaria, por su parte, se abstuvo de prestar declaración indagatoria y no brindó explicaciones sobre los motivos por los que habría roto los documentos. Según el fiscal, posteriormente colaboró con los intervinientes para volver a imprimir parte del material que había sido destruido.
La Fiscalía también anunció que buscará determinar la eventual participación de otras personas que se encontraban en las oficinas cuando ocurrió el episodio. La investigación por la presunta destrucción de documentos constituye una derivación de la causa principal relacionada con Ueno Bank y no implica, por sí misma, una determinación de responsabilidad de los demás funcionarios de la empresa.
Allanamientos y recuperación de información
El episodio se produjo durante una serie de procedimientos fiscales en instalaciones vinculadas al grupo empresarial. En ueno Casa de Bolsa, los investigadores incautaron documentación física y registros digitales, además de las grabaciones de seguridad. La fiscal Ruth Benítez, de la unidad especializada en delitos informáticos y lavado de activos, participó en la recuperación de archivos y en la realización de una copia espejo de los datos almacenados en los servidores de la firma.
Durante los allanamientos también fueron encontradas dos cajas fuertes, una de ellas oculta detrás de una pared, cuya apertura y verificación forman parte de las diligencias. El Ministerio Público informó que continuará con los procedimientos para acceder a la documentación y otros elementos que puedan aportar información a la causa.
En paralelo, la Fiscalía solicitó cooperación a autoridades de Luxemburgo para gestionar el eventual congelamiento de criptoactivos, a partir de los elementos obtenidos durante las intervenciones. La medida se enmarca en las pesquisas sobre operaciones financieras y activos vinculados con la investigación principal.
