El Fiscal General del Estado (FGE), Emiliano Rolón, salió al paso de los cuestionamientos públicos y políticos sobre el desempeño del Ministerio Público en las investigaciones relacionadas con la crisis de ueno bank y la causa que involucra al expresidente Santiago Peña.
En un extenso descargo institucional, defendió los tiempos de intervención de la Fiscalía, explicó por qué no avanzó inicialmente una línea investigativa vinculada a la causa conocida como “Sobres del Poder” y detalló los procedimientos realizados, las imputaciones y las gestiones para localizar activos.
El documento busca respaldar la actuación de la institución frente a las críticas sobre su respuesta ante las presuntas irregularidades financieras y las posibles responsabilidades de autoridades públicas. Rolón sostuvo que las decisiones fiscales se adoptaron sobre la base de los elementos disponibles en cada momento y que la institución no puede actuar bajo presiones políticas o mediáticas.
Uno de los puntos centrales del descargo se refiere a la investigación conocida como “Sobres del Poder”, abierta en septiembre de 2025 y asignada al fiscal Jorge Arce. Según explicó Rolón, durante esa causa se solicitaron informes al Banco Central del Paraguay (BCP), a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y a la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de examinar operaciones y antecedentes patrimoniales relacionados con las denuncias.
El fiscal general señaló que los análisis preliminares recibidos no reportaron indicadores de lavado de activos en los términos examinados. También mencionó que, en mayo de 2026, la Contraloría remitió los resultados de un examen de correspondencia patrimonial sobre el entonces presidente Santiago Peña, en el que sus auditores no identificaron irregularidades dentro del ámbito sometido a verificación.
Rolón argumentó que ese resultado incidió en la decisión de no continuar aquella línea específica de investigación, debido a que no existían nuevos elementos objetivos que permitieran controvertir las conclusiones del órgano de control. No obstante, aclaró que el informe de la Contraloría no tiene carácter vinculante para la jurisdicción penal ni impide que el Ministerio Público retome las pesquisas si aparecen nuevos antecedentes.
En ese contexto, hizo referencia al reciente anuncio de la CGR sobre la ampliación del período y del universo patrimonial examinado respecto de Peña. Sostuvo que será necesario conocer qué períodos y componentes patrimoniales fueron incluidos, cuáles fueron las fuentes utilizadas y qué razones técnicas motivaron esa ampliación. Según indicó, eventuales operaciones no examinadas o discrepancias con las conclusiones anteriores podrían habilitar nuevas diligencias.
El descargo también informó que Luz Candado fue incorporada recientemente al Programa de Protección a Testigos, aunque la Fiscalía evitó divulgar detalles de las medidas por razones de seguridad y confidencialidad.
La defensa de los tiempos de intervención en Ueno Bank
Sobre la investigación por las presuntas irregularidades vinculadas a ueno Bank, Rolón aseguró que el Ministerio Público actuó desde el mismo día en que recibió la denuncia, el 03 de noviembre de 2026. Según su versión, se conformó un equipo fiscal especializado bajo la coordinación de una fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Ese mismo día se dispusieron medidas de detención contra ocho directivos de la entidad bancaria. Posteriormente, a partir del análisis documental y de la identificación de vínculos operativos y societarios con otras empresas, las actuaciones se extendieron a otros 19 representantes de compañías relacionadas.
El 04 de noviembre, dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la denuncia, se formularon imputaciones contra 27 personas y se solicitaron medidas cautelares personales y patrimoniales. Para Rolón, esta secuencia demuestra que la institución no permaneció pasiva y que las actuaciones se desplegaron de manera inmediata.
El fiscal general sostuvo, además, que una investigación de esta magnitud no se limita a las primeras detenciones e imputaciones, sino que requiere identificar estructuras empresariales, beneficiarios finales, circuitos financieros, operaciones crediticias y posibles mecanismos de ocultamiento patrimonial.
Peña y Carvallo: Fiscalía reporta 34 personas alcanzadas por la investigación
Otro apartado del documento aborda la causa penal 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”, que involucra al expresidente y a autoridades del Banco Central.
Rolón indicó que el 05 de noviembre, mediante la Resolución FGE N.º 4474, se dispuso la apertura de nuevas causas y la conformación de equipos especializados para investigar denuncias relacionadas con la supervisión y resolución de ueno Bank, la colocación de fondos públicos en la entidad y las actuaciones de autoridades y exautoridades estatales.
En esa causa se conformó un equipo integrado por cuatro agentes fiscales. El 6 de noviembre, tras la destitución de Peña mediante juicio político, el Ministerio Público ejecutó la orden de detención correspondiente y dispuso su puesta a disposición de la autoridad competente. También se adoptaron actuaciones respecto del entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo.
Al día siguiente, el 07 de noviembre, los fiscales formularon imputaciones contra ambos investigados y solicitaron medidas cautelares personales y patrimoniales. Rolón enfatizó que las actuaciones penales fueron autónomas y que no constituyeron una consecuencia sancionatoria del juicio político.
El documento agrega que, conforme avanzaron las diligencias, se identificaron otras posibles responsabilidades relacionadas con las funciones de supervisión y control del sistema financiero. En consecuencia, se incorporaron nuevos investigados, entre ellos integrantes del Directorio del BCP, el superintendente de Bancos, funcionarios y otras personas presuntamente vinculadas con los hechos.
De acuerdo con el descargo, a la fecha del comunicado la investigación alcanzaba a 34 personas. La Fiscalía aclaró que las calificaciones jurídicas son provisorias y que las imputaciones no representan una declaración anticipada de culpabilidad.
35 allanamientos y bienes estimados en US$ 619 millones
En cuanto a las diligencias realizadas, Rolón informó que los equipos fiscales ejecutaron 35 allanamientos en inmuebles y establecimientos vinculados con las personas y empresas investigadas. Entre los procedimientos mencionó el realizado en la residencia de Miguel Vázquez.
El Ministerio Público también reportó la incautación de 27 vehículos de alta gama, tres avionetas y dos embarcaciones. La valoración preliminar de estos bienes asciende a aproximadamente US$ 619 millones, aunque el propio comunicado advierte que esa estimación todavía debe ser corroborada mediante verificaciones y tasaciones.
La Fiscalía aclaró que el monto no debe confundirse con activos efectivamente recuperados. Se trata de bienes incautados cuya valoración aún está sujeta a confirmación, una distinción relevante al evaluar el alcance real de las medidas patrimoniales.
En paralelo, el Ministerio Público aseguró haber activado mecanismos de cooperación jurídica internacional con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las fiscalías generales de Argentina, autoridades de Luxemburgo y Brasil, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT.
También recurrió durante noviembre a la Notificación Plateada de INTERPOL, un mecanismo destinado a facilitar la identificación y localización de activos de origen ilícito. Según Rolón, estas gestiones permitieron avanzar en la identificación de jurisdicciones y bienes que todavía deben ser sometidos a verificación.
El fiscal general reconoció que la recuperación efectiva de activos ubicados fuera del país depende de los procedimientos y decisiones de las autoridades de cada jurisdicción, por lo que las gestiones iniciadas no implican que esos bienes ya hayan sido recuperados.
Rolón admite limitaciones del Laboratorio Forense
El descargo también incluyó un reconocimiento sobre las limitaciones presupuestarias y técnicas del Ministerio Público. Rolón admitió que las restricciones acumuladas durante distintos ejercicios fiscales condicionaron el fortalecimiento de dependencias especializadas, entre ellas el Laboratorio Forense.
Aunque señaló que se incorporaron profesionales y se realizaron capacitaciones mediante cooperación nacional e internacional, reconoció que todavía se necesita ampliar la cantidad de especialistas, modernizar los equipos y mejorar la infraestructura para analizar evidencias físicas y digitales.
Como parte de las iniciativas para atender esas carencias, mencionó el proyecto de recuperación de un inmueble anteriormente ocupado por la Policía Nacional, en el barrio Sajonia, para instalar allí un laboratorio forense de referencia nacional. También anunció la proyección de un segundo centro en Encarnación.
La admisión resulta relevante en una investigación que involucra operaciones financieras, estructuras societarias y posibles ramificaciones internacionales, cuyo análisis demanda capacidades técnicas y tecnológicas especializadas.
Finalmente, Rolón defendió la autonomía del Ministerio Público y sostuvo que la institución debe investigar los hechos con relevancia penal sin distinción de la posición pública o privada de los involucrados. Afirmó que no pretende sustraerse del escrutinio ciudadano, pero cuestionó que las decisiones fiscales sean evaluadas a partir de presiones políticas o mediáticas.
El documento constituye la respuesta institucional del fiscal general ante los cuestionamientos sobre el desempeño de la Fiscalía. Sin embargo, más allá de la cronología de actuaciones y de las medidas enumeradas, el avance de las investigaciones, la eventual recuperación de los activos y la determinación de responsabilidades penales serán los elementos que permitirán medir sus resultados.
