Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de resolución para formular acusación de juicio político contra el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, por presunto mal desempeño de sus funciones y la eventual comisión de delitos en el ejercicio del cargo. La iniciativa plantea cuatro cargos, centrados en la conducción de la investigación sobre ueno bank, la demora en tramitar denuncias contra el entonces presidente Santiago Peña, la falta de avances iniciales en el caso conocido como “Sobres del Poder” y las deficiencias del Laboratorio Forense del Ministerio Público.
El pedido, dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, solicita que la acusación sea tratada con carácter preferente y remitida posteriormente al Senado, que tiene la atribución constitucional de juzgar al fiscal general y, eventualmente, disponer su separación del cargo.
Los legisladores sostienen que Rolón incumplió sus obligaciones como jefe superior del Ministerio Público al no impulsar oportunamente investigaciones que involucraban a Peña cuando todavía ejercía la Presidencia de la República. Según la acusación, el fiscal general habría supeditado la persecución penal a circunstancias políticas y permitido que se postergaran diligencias relevantes.
Uno de los principales argumentos del documento es que los hechos y elementos que hoy forman parte de la imputación contra el exmandatario ya habían sido denunciados en 2025. Sin embargo, afirman los proyectistas, la Fiscalía no avanzó con la misma celeridad hasta después de la destitución de Peña por juicio político.

La acusación se fundamenta en el artículo 225 de la Constitución Nacional, que contempla el juicio político por mal desempeño de funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo o delitos comunes. Los diputados argumentan que no es necesario acreditar previamente un delito para demostrar mal desempeño, sino que basta con probar conductas que evidencien falta de idoneidad, imparcialidad o rectitud en el ejercicio de la función.
Cuatro cargos contra el fiscal general
1. Conducción deficiente de la investigación del caso ueno
El primer cargo cuestiona la conducción de la investigación sobre las presuntas irregularidades financieras vinculadas a ueno bank. Los diputados sostienen que la Fiscalía no adoptó oportunamente todas las medidas necesarias para asegurar evidencias y evitar el eventual ocultamiento de documentos y bienes.
Como respaldo, citan declaraciones públicas de Rolón del 09 de noviembre, cuando reconoció que los investigadores “perdieron de vista” la incautación del teléfono del entonces presidente Peña. También cuestionan sus explicaciones sobre la falta de allanamiento de Mburuvicha Róga y la sobrecarga de trabajo de los agentes fiscales.
Para los proyectistas, el fiscal general debió conformar desde el inicio un equipo con recursos humanos y técnicos suficientes para abordar la dimensión de la investigación. Sostienen que la falta de medidas urgentes pudo haber provocado la pérdida de evidencias relevantes y facilitado el ocultamiento de documentos y activos.
El documento también vincula este cargo con las denuncias presentadas durante 2025 contra Peña y las supuestas relaciones con el Grupo Vázquez. Según los diputados, una investigación oportuna habría permitido asegurar pruebas antes de que estallara la crisis financiera.
2. Demora de siete meses en la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Peña
El segundo cargo apunta a la tramitación de la denuncia presentada en octubre de 2025 por legisladores de la oposición contra el entonces presidente Santiago Peña, por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
Los denunciantes señalaron un crecimiento patrimonial del 1.603% y presuntos vínculos con el Grupo ueno. Según el proyecto, la Fiscalía remitió inicialmente los antecedentes a la Contraloría General de la República, sin designar a un agente fiscal para encabezar la investigación penal.
Los diputados afirman que recién el 26 de mayo de 2026 fue asignado el fiscal Jorge Arce, aproximadamente siete meses después de la presentación de la denuncia. Además, sostienen que al 03 de noviembre de 2026 el expediente todavía no contaba siquiera con número de causa.
La acusación cuestiona que el Ministerio Público haya derivado el análisis patrimonial a la Contraloría, en lugar de impulsar una investigación penal propia mediante pericias contables, financieras e impositivas. También sostiene que la normativa no exigía un pronunciamiento administrativo previo para iniciar la persecución penal por los hechos denunciados.
Otro elemento señalado es la reunión que Rolón mantuvo con Peña en Mburuvicha Róga el 29 de abril de 2026, cuando solicitó un aumento presupuestario para la Fiscalía. Los legisladores consideran que ese encuentro, mientras la denuncia contra el entonces mandatario seguía sin avances, comprometió al menos la apariencia de independencia institucional y exigía mayores garantías de objetividad.
3. Inacción ante la denuncia de los “Sobres del Poder”
El tercer cargo se refiere a la denuncia presentada por el caso conocido como “Sobres del Poder”, luego de las declaraciones de Luz Maribel Candado, exempleada de Mburuvicha Róga.
En septiembre de 2025, Candado había relatado el supuesto hallazgo de sobres con dólares en la residencia presidencial, además de reuniones reservadas entre Peña y empresarios con contratos estatales. También había denunciado que ella y sus familiares fueron sometidos a pruebas de polígrafo por personal militar.
Los diputados cuestionan que el Ministerio Público no haya abierto de oficio una investigación durante las primeras dos semanas posteriores a las declaraciones públicas, lo que derivó en una denuncia formal presentada el 25 de septiembre de 2025 por los abogados María Esther Roa y Guillermo Ferreiro.
El proyecto sostiene que no se realizaron diligencias suficientes para corroborar el testimonio de Candado, como la toma de declaración y los procedimientos necesarios para verificar los hechos denunciados.
El punto más contundente de este cargo es la comparación con la posterior imputación contra Peña. Según los legisladores, la Fiscalía incluyó en esa investigación referencias a la supuesta recepción de dos paquetes con aproximadamente US$ 100.000 cada uno y a reuniones reservadas con Miguel Vázquez, hechos que ya habían sido denunciados en 2025.
La acusación plantea que el cambio sustancial no estuvo en los hechos investigados, sino en la situación política del denunciado: la Fiscalía abrió una causa contra Peña el 05 de noviembre, cuando todavía ocupaba la Presidencia; el Senado lo destituyó el 6 de noviembre y al día siguiente fue imputado.
“Lo que cambió entre una fecha y otra fue la situación política del denunciado; nada más”, sostiene el documento, que considera que la actuación de Rolón revela una omisión deliberada de sus obligaciones.
4. Falta de respuesta ante las denuncias de funcionarios del Laboratorio Forense
El cuarto cargo apunta a las deficiencias estructurales del Laboratorio Forense del Ministerio Público y a la falta de respuesta a los reclamos de sus funcionarios.
Según el proyecto, el 21 de mayo de 2025 los trabajadores de esa dependencia solicitaron su intervención ante una situación que calificaron de insostenible. Entre los problemas denunciados figuraban renuncias y traslados de profesionales, sobrecarga laboral, falta de insumos básicos, equipos desactualizados, carencia de móviles y dificultades para realizar pericias contables, documentológicas e informáticas.
Los funcionarios habían advertido sobre el riesgo de perder profesionales especializados y sobre posibles consecuencias en el manejo y preservación de evidencias.
Los diputados sostienen que Rolón, como jefe superior y responsable del funcionamiento del Ministerio Público, debía adoptar medidas para corregir esas deficiencias. Consideran que la falta de respuesta comprometió la capacidad de investigación de la institución, especialmente en un contexto en el que el análisis de dispositivos electrónicos y otras evidencias técnicas resulta fundamental para las causas penales.
Acusan un patrón de protección al poder político
En los fundamentos jurídicos, los legisladores sostienen que los cuatro cargos reflejan un patrón de actuación caracterizado por la demora o falta de impulso de investigaciones que involucraban a figuras del poder político, frente a una respuesta que consideran tardía en el caso Ueno.
También plantean que la conducta del fiscal general podría encuadrarse en la figura de frustración de la persecución penal, aunque aclaran que la determinación de eventuales responsabilidades penales corresponde a la justicia ordinaria.
El proyecto cita disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal, además de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las garantías y causales de separación de fiscales.
Como elementos probatorios, los diputados ofrecen la denuncia penal presentada contra Peña el 02 de octubre de 2025, documentos de la Contraloría, el acta de imputación y el requerimiento de prisión preventiva del 07 de noviembre de 2026, una resolución judicial y publicaciones periodísticas relacionadas con los hechos.
Finalmente, solicitan a la Cámara de Diputados formular formalmente la acusación, remitir los antecedentes al Senado y designar a los legisladores que sostendrán el pedido ante la Cámara Alta. La destitución de Rolón, de acuerdo con el procedimiento constitucional, requeriría que el Senado declare su culpabilidad con la mayoría calificada correspondiente.
El proyecto abre un nuevo frente de confrontación institucional en torno a la actuación del Ministerio Público en la crisis de ueno bank. El debate no se limita a la celeridad de las investigaciones actuales, sino que apunta a determinar si la Fiscalía cumplió sus obligaciones cuando las primeras denuncias involucraban al entonces jefe del Poder Ejecutivo.
