Al cierre de julio, las entidades de la Administración Central ejecutaron G. 39,6 billones, equivalente al 47% de un presupuesto vigente de G. 84 billones. Esto significa que, transcurridos siete meses del año, todavía queda un saldo de G. 44,5 billones por ejecutar durante los últimos cinco meses del ejercicio fiscal.
El dato expone uno de los principales desafíos para la gestión presupuestaria en la segunda mitad del año: acelerar el ritmo de ejecución sin que esto derive en una concentración excesiva de desembolsos hacia el cierre del ejercicio. La lectura oficial considera que el saldo constituye un margen para intensificar proyectos y programas, pero, en términos simples, más de la mitad del presupuesto vigente aún no se convirtió en gasto al cierre de julio.
La ejecución además presenta una fuerte concentración. El 65% del gasto acumulado se destinó a Servicios Personales y Transferencias, con participaciones de 36% y 29%, respectivamente. En el primer caso, los recursos se orientaron principalmente al pago de remuneraciones de docentes, personal de blanco y Fuerzas Públicas. Las transferencias, por su parte, financiaron programas sociales, además de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal.
El Poder Ejecutivo concentró G. 37 billones, equivalentes al 94% del total ejecutado por la Administración Central. Dentro de este monto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) representó 33%, con G. 12 billones. Una parte importante correspondió al pago de jubilaciones y pensiones, transferencias a gobiernos subnacionales y servicio de la deuda pública.
Detrás del MEF se ubicaron el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con 17% de participación; el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con 15%; el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con 10%; el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), con 8%; y el Ministerio del Interior, con 7%.
Otro dato relevante es el peso de los recursos del Tesoro en el financiamiento estatal. A julio, estos recursos representaron 67% de lo ejecutado, unos G. 26 billones, destinados principalmente al sostenimiento de programas sociales y de inversión pública. Entre ellos figuran la Pensión Universal para Adultos Mayores y Tekoporã Mbarete, administrados por el MDS, que desembolsó G. 1,8 billones y G. 323.000 millones, respectivamente.
La ejecución también muestra una elevada concentración en el gasto corriente. Este componente alcanzó un nivel de ejecución de 80%, impulsado principalmente por remuneraciones del sector público, prestaciones de seguridad social y el pago de la Pensión Universal para adultos mayores. Esto marca una diferencia importante respecto de los gastos que dependen de procesos de inversión y ejecución de proyectos.
El desafío para los próximos cinco meses estará, por tanto, en determinar cuánto de los G. 44,5 billones pendientes corresponde a compromisos que necesariamente deberán ejecutarse antes del cierre y cuánto podrá traducirse efectivamente en bienes, servicios, infraestructura e inversiones.
