El Ministerio de Economía presentó las cifras oficiales de las finanzas públicas correspondientes al cierre de julio de 2026, revelando un déficit fiscal acumulado de US$ 736,3 millones en la Administración Central.
De acuerdo con el Informe de Situación Financiera (Situfin), el saldo negativo del 1,2% del PIB refleja un periodo caracterizado por la aceleración del gasto en sectores estratégicos -principalmente en la cobertura de programas de protección social, adquisición de insumos médicos e inversión en obras públicas- en combinación con una expansión moderada de los ingresos fiscales.
La brecha entre ingresos y gastos
Entre enero y julio, la recaudación tributaria aumentó 2,3%, sostenida principalmente por los impuestos internos, que crecieron 11,2%. Sin embargo, los impuestos vinculados al comercio exterior retrocedieron 12,2%, mientras los ingresos o tributarios bajaron 2,7%. El resultado final fue un crecimiento de apenas 1,2% en los ingresos totales.
El deterioro es particularmente visible en los recursos provenientes de las entidades binacionales, que cayeron 23,7% en términos acumulados. El propio informe atribuye parte de esta variación a la apreciación del guaraní, que impacta sobre los ingresos expresados en moneda local. Pero más allá de la explicación cambiaria, el dato revela una menor contribución de una fuente relevante para las cuentas públicas.

La ejecución en sectores estratégicos aumentó, con salud creciendo 14,4%, educación 13,1%, programas sociales 10,1% y seguridad 14,1%. Las remuneraciones también tienen un peso significativo: el 80% se concentra en Educación, Salud y las fuerzas públicas. El informe destaca que la relación entre salarios e ingresos tributarios se ubicó en 53,6%, por debajo del promedio histórico.
Uno de los aumentos más pronunciados aparece en medicamentos, cuyo gasto creció 21,5% frente al mismo periodo de 2025. Sin embargo, Situfin aclara que incluye pagos asociados a obligaciones pendientes con proveedores.
El gasto aumentó 15,6%, impulsado por jubilaciones y pensiones, adultos mayores y, especialmente, las transferencias para alimentación escolar, que aumentaron 105,5%. Son partidas socialmente sensibles y difíciles de cuestionar por su finalidad, pero desde el punto de vista fiscal significan también mayores compromisos recurrentes para el Estado.
La inversión pública alcanzó G. 3,841 billones y aumentó 12,3% en términos acumulados. El MOPC fue el principal impulsor, con una ejecución 38,9% superior a la registrada hasta julio de 2025. A primera vista, el número podría presentarse como una señal contundente de mayor inversión estatal.
El informe explica que el mayor dinamismo de la inversión estuvo asociado a la ejecución del MOPC en un contexto de regularización de obligaciones pendientes con empresas contratistas. Por lo tanto, el aumento del gasto registrado como inversión no necesariamente equivale, en su totalidad, a nuevas obras o a una expansión equivalente de proyectos físicamente ejecutados.
El déficit fiscal alcanza G. 10,4 billones, equivalente al 2,6% del PIB, mientras el resultado primario —antes del pago de intereses de la deuda— también permanece en terreno negativo, en torno al 1% del PIB. El propio MEF proyecta que el año podría cerrar con un déficit de 3,2% del PIB.

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