La historia del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que pretende gravar las operaciones bursátiles, es una historia de intereses políticos, electorales y financieros, entremezclada con algo de teoría fiscal e interés recaudatorio. Y hoy ha sido uno de sus días clave. Los veintiocho ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han debatido el acuerdo de mínimos al que han llegado los diez países que realmente están dispuestos a aplicar esta adaptación de la Tasa Tobin (propuesta originalmente por el economista James Tobin en los 70 para gravar transacciones financieras internacionales).
Los ministros de Austria, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, Eslovaquia y España han firmado un comunicado conjunto en el que se comprometen a «crear régimen fiscal armonizado para gravar las transacciones financieras». Eslovenia ha suspendido su participación.
El documento es bastante poco concreto -un «mínimo común denominador», según el ministro de Economía español, Luis de Guindos- se limita a esbozar con trazo grueso algunas características del futuro impuesto: «El trabajo […] se basará en una implementación progresiva del impuesto […] se centrará en el gravamen de acciones y algunos derivados».
El texto ni tan siquiera menciona cuestiones clave, como la cuantía del impuesto o el principio por el que se decidirá quién debe pagarlo: si el de residencia (se gravan operaciones realizadas por personas físicas o jurídicas que residen en los países participantes) o de emisión (se gravan operaciones sobre títulos emitidos en los países participantes).
Los ministros se comprometen a tener en cuenta «el impacto económico» antes de ampliar el ITF a otros instrumentos financieros. Según el comunicado, los países que quieran gravar más productos de los que se pacten inicialmente serán libres de hacerlo.
El trabajo técnico se elaboraría este año y empezaría a implementarse, como muy tarde, el 1 de enero de 2016. Sin embargo, el Programa de Estabilidad publicado por el Gobierno la semana pasada contemplaba que el ITF empezara a aportar a las arcas públicas en el año 2015. Bajo el concepto «ITF y otros impuestos», el Ejecutivo estimaba unos ingresos de unos 600 millones de euros.
Sin embargo, De Guindos ha restado hoy importancia a este hecho y ha asegurado que el hecho de que el impuesto empiece a aplicarse en 2016 no tendrá impacto en el Programa de Estabilidad. Pero el ministro ha descartado empezar a aplicar por su cuenta en 2016 el ITF, y no ha dado detalles sobre cómo se compensarán esos ingresos que, necesariamente, pasarán de 2015 a 2016.
Por otra parte, De Guindos ha explicado que están trabajando en un impuesto «prudente», «cauto» y «razonable» y que examinarán bien cada paso para tener en cuenta «posibles efectos indeseados» del ITF.
El ministro ha atribuido a la situación electoral que vive Eslovenia como el motivo principal de su salida del grupo de once países dispuestos a crear el ITF.
Críticas del resto de países
Los países que no participan en el ITF han criticado duramente este acuerdo de mínimos. Especialmente Reino Unido y Suecia. Los ministros de economía de ambos países, George Osborne, y Anders Borg, respectivamente, han criticado la falta de concreción del documento, la ausencia de un análisis del impacto en el resto de Estados miembros, el secretismo en el que los once países (incluyendo a Eslovenia) han llevado las negociaciones y el poco tiempo que les han dado para leerlo.
Osborne, de hecho, ha amenazado con volver a llevar el ITF a la justicia europea, si finalmente considera que podría dañar su economía. La semana pasada, el TJUE desestimó un recurso preventivo interpuesto por Londres.
Por su parte, el ministro holandés, Jeroen Dijsselbloem, ha defendido el derecho de los diez países a crear un ITF. Sin embargo, ha criticado la falta de detalle en la propuesta y los escasos «puntos comunes» alcanzados por ellos. Dijsselbloem ha afirmado que si bien Holanda no descarta unirse en un futuro al ITF, desde luego «no lo va a hacer» en los términos actuales.
Un impuesto complejo
La lentitud con la que avanza la creación del ITF, que recibió luz verde de los once países en junio de 2013, es la prueba de la complejidad del asunto y del choque de intereses dispares. Por una parte está la Comisión Europea, que propuso un impuesto ambicioso, del 0,1% al comprador y otro 0,1% al vendedor de un amplio abanico de instrumentos financieros (acciones, deuda, derivados, etcétera).
Por otra están los once países que aceptaron trabajar en el ITF, pero que fueron los primeros en rebajarla por miedo a sus efectos colaterales, como un posible encarecimiento de la financiación de los Estados, empresas y familias. De momento ya han decidido que solo quieren un enfoque gradual: primero se gravarán solo las acciones y tal vez los derivados sobre acciones, para luego ir ampliando. Estos países no solo buscan los ingresos que un ITF supondría sino también una foto política ante las elecciones europeas del 22-25 de mayo.
Pero enfrente tienen a un grupo de países, liderado por Reino Unido, que ve con malos ojos ese ITF, ya que, aseguran, peca de extraterritorial (obliga a pagar impuestos a entidades de países que no participan) y tendría costes para ellos.
Y a todo ello se une el rechazo de la industria financiera, que teme un desplome de las transacciones financieras sobre los instrumentos que finalmente se graven.
Sobre este asunto también se ha pronunciado hoy De Guindos: «Lo que se pretende hacer es un planteamiento racional que efectivamente no dé lugar a una deslocalización, esa es la cuestión sobre la que estamos trabajando, y seguramente proporcione ingresos».
Fuente: Expansión