El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) aceleró el ritmo de ejecución presupuestaria durante 2026 y alcanzó G. 3,69 billones al cierre de julio, equivalente al 52% de su Plan Financiero vigente.
Se trata del porcentaje más elevado para este periodo en la última década, aunque el dato de ejecución por sí solo no permite medir cuánto de ese gasto se traduce efectivamente en obras terminadas y servicios disponibles.
El resultado representa una mejora considerable frente al 39% registrado en julio del 2025 y supera los máximos de años anteriores, que habían llegado al 41% en 2017 y 2018. En términos operativos, la cartera acumula G. 3,77 billones ejecutados, el 53% de un Plan Financiero de G. 7,08 billones.
El mayor movimiento se concentra en el Nivel 500, correspondiente a inversiones, donde se agrupa buena parte de los recursos destinados a infraestructura. Hasta julio se ejecutaron G. 2,64 billones, equivalentes al 55% de los G. 4,84 billones disponibles en este componente. Un año atrás, la ejecución alcanzaba apenas el 36%, lo que supone un salto de 19 puntos porcentuales.
En términos operativos, las inversiones alcanzaron G. 2,70 billones, equivalentes al 56% del presupuesto previsto. Esta medición incorpora compromisos vinculados a las obras, incluidos certificados y obligaciones que no pudieron ser imputados directamente debido a las restricciones del Plan de Caja.
El fuerte aumento de la ejecución implica un mayor flujo de recursos hacia el sector de la construcción y puede contribuir a sostener los cronogramas de los proyectos en marcha. Sin embargo, la aceleración presupuestaria también coloca el foco sobre la calidad y el avance físico de las obras, especialmente en un sector que arrastra cuestionamientos sobre costos, plazos y cumplimiento de contratos.
Con cuatro meses todavía por delante para el cierre del ejercicio, el MOPC tiene margen para seguir elevando su nivel de ejecución. El dato relevante será si este mayor ritmo financiero se traduce en más obras concluidas, menores atrasos y una infraestructura que efectivamente responda a las necesidades de conectividad del país, y no únicamente en un porcentaje más alto de presupuesto utilizado.
