El Gobierno nacional desembolsó US$ 106 millones al sector de la construcción al cierre de abril, en un intento por reactivar obras públicas que venían avanzando con lentitud debido a retrasos en los pagos a contratistas.
La información fue confirmada por la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, quien aseguró que el pago representa “un alivio” para las empresas constructoras y permitirá acelerar proyectos actualmente en ejecución.
“Estamos viendo cómo este dinamismo vuelve a nuestras obras a partir de la inyección del dinero relacionado con el pago de los contratistas”, expresó la titular del MOPC durante una conferencia de prensa realizada este martes.
Según explicó, el desembolso supera ampliamente la meta inicial prevista para abril, que rondaba los US$ 60 millones. El incremento fue posible gracias a la disponibilidad presupuestaria otorgada por el Ministerio de Economía y a la validación de certificados de obras pendientes.
Buscan saldar el 85% de la deuda
Centurión recordó que el presidente Santiago Peña había asumido el compromiso de regularizar las deudas acumuladas con el sector. En ese contexto, adelantó que entre abril y mayo se prevé alcanzar pagos por alrededor de US$ 150 millones en certificados atrasados.
De concretarse esa cifra, aproximadamente el 85% de la deuda con las constructoras quedaría saldada hacia finales de mayo.
La ministra sostuvo que esta regularización permitirá destrabar proyectos de infraestructura y devolver previsibilidad al sector privado garantizando la continuidad laboral de miles de trabajadores.
Impacto en el empleo y la economía
Desde el MOPC destacaron que la construcción emplea a unas 300.000 personas en Paraguay, por lo que la liberación de recursos tiene un efecto directo sobre la actividad económica y el sostenimiento del empleo.
“Más allá de ser un monto importantísimo, realmente es una medida con un profundo rostro humano”, afirmó Centurión, al referirse al impacto social de los pagos realizados.
El sector de la construcción venía manifestando preocupación por la acumulación de deudas del Estado, situación que generó retrasos en varias obras públicas y dificultades financieras para empresas contratistas.
Con este suministro de fondos, el Gobierno busca acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura y recuperar el ritmo de obras consideradas prioritarias.
